El caso de la criminalización de 20 defensoras y defensores de la reserva natural de Tariquía, por haber rechazado las operaciones petroleras, ha sido contemplado en el informe regional.
La Paz, 16 octubre (ANA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves, el tercer Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas en el que observa la criminalización a defensores del medioambiente en Bolivia, los tipos de violencia hacia las mujeres defensoras y las restricciones hacia las organizaciones de la sociedad civil¡.
“La criminalización sigue siendo una práctica recurrente por parte de actores estatales y no estatales para obstaculizar su labor, que incluso ha causado el exilio forzado de muchas de estas personas, constituyendo una forma de represión que tiene grave impacto en el ejercicio del derecho a defender derechos”, señala el documento de más de 200 páginas.
El informe afirma que, en Bolivia organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión sobre el caso de la comunidad de Chiquiacá de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía del departamento de Tarija, al menos 20 personas fueron denunciadas penalmente por los delitos de atentados contra la libertad del trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones; instigación pública a delinquir y amenazas.
Ello, tras impedir el ingreso de trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras, y en rechazo al inicio de actividades de exploración gasífera.
“En Bolivia, la Comisión ha recibido información sobre agresiones hacia quienes defienden el medioambiente, que se reflejan en actos de hostigamiento, acoso o intimidación, así como discursos estigmatizantes que buscan desprestigiarlas. La expansión de la industria extractiva estaría relacionada con estos hechos”, cita el informe.
El pasado 7 de marzo, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las comunidades campesinas de Tariquía y organizaciones de la sociedad civil de Bolivia denunciaron la criminalización de defensores ambientales de la Reserva Nacional de Tariquía en Bolivia, a raíz de un conflicto relacionado con la exploración de hidrocarburos en su territorio.
La denuncia surgió tras la entrada de la petrolera con apoyo de la fuerza pública a una zona aledaña a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, en el marco del Bloque Hidrocarburífero San Telmo Norte que afecta gran parte de la Reserva, a lo que las comunidades locales respondieron rechazando el ingreso, mientras que el Defensor del Pueblo expuso su preocupación por la posible intimidación y el uso desproporcionado de la fuerza.
“En Bolivia, la Comisión ha recibido información sobre agresiones hacia quienes defienden el medioambiente, que se reflejan en actos de hostigamiento, acoso o intimidación, así como discursos estigmatizantes que buscan desprestigiarlas. La expansión de la industria extractiva estaría relacionada con estos hechos”, menciona el informe.
La CIDH se refiere a la audiencia: “Bolivia: Criminalización de personas defensoras del medioambiente”, celebrada en el marco del 192 Periodo de Sesiones del 7 de marzo de 2025 en el marco de la audiencia pública regional: Ataques y criminalización de personas defensoras ambientales, celebrada en el marco del 190 Periodo de Sesiones, 9 de julio de 2024.
Dicha audiencia fue solicitada por la Subcentral de comunidades campesinas Tariquía, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Violencia hacia las mujeres defensoras
La Comisión resalta el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la defensa del medioambiente, siendo muchas veces quienes lideran estas iniciativas. “Ellas son especialmente vulnerables a la violencia debido a su género, que es empleada como una estrategia para silenciarlas y desmotivar su labor”, señala el informe.
La violencia hacia las mujeres defensores se ha presentado en forma de acoso, amenazas de muerte y agresiones físicas, agravadas por la falta de protección efectiva por parte de las autoridades y la impunidad que predomina en muchos de estos casos.
La defensa de Derechos Humanos, advierte la CIDH, se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido que se refleja en intervenciones y vigilancias ilegales. Además, se han aprobado marcos legislativos o administrativos que impondrían a las organizaciones de la sociedad civil registros más estrictos, limitarían sus ámbitos de acción y fiscalizarían de forma desproporcionada su financiamiento, lo que consecuencia podría impactar en el derecho de asociación.
“En Bolivia, por ejemplo, se recibió información sobre agresiones contra mujeres defensoras ambientales a través de acciones directas a sus cuerpos y sexualidad que provendrían tanto de autoridades estatales como de integrantes de sus mismas comunidades”, destaca el informe.
Las defensoras presentan desventajas estructurales al momento de defender sus derechos, ya que suelen carecer de seguridad sobre la tenencia de la tierra, viven en condiciones de pobreza y son excluidas de los procesos de toma de decisiones de decisiones, lo que refuerza su vulnerabilidad.
Restricciones a derechos de la sociedad civil
Por otra parte, el informe menciona que la Comisión ha recibido información sobre denegación o procesos complejos, largos y costosos para la inscripción, o bien retardos injustificados en la renovación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil.
“En Bolivia, organizaciones de la sociedad civil consideran que el marco legal y regulatorio no facilita su formación, registro y funcionamiento al ser un proceso obligatorio, complejo, largo, costoso y se debe realizar periódicamente”, además que la legislación relativa a las organizaciones de la sociedad civil contendría “prohibiciones imprecisas”.
A más de trece años de la publicación del segundo informe sobre la situación de personas defensoras en las Américas, la Comisión observa con preocupación que quienes defienden derechos humanos continúan haciéndolo en un ambiente hostil donde su vida e integridad personal están constantemente en peligro.
El informe brinda información actualizada sobre avances y desafíos respecto de la garantía de derechos de las personas defensoras partiendo de la base de lo observado en los informes regionales de 2011 y 2006.
La CIDH también advierte sobre la especial situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como los liderazgos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, analiza los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras y personas LGBTI debido a la intersección de su género, identidad u orientación sexual y su activismo, y observa los riesgos inherentes que conlleva la defensa de quienes se encuentran en situación de movilidad de humana.
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