Las instancias pertinentes tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar daños y avasallamientos a las áreas protegidas.
La Paz, 24 de abril de 2023 (ANA).- Se espera que las autoridades actúen para evitar avasallamientos a las áreas protegidas, en este caso al parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PNAMI) que fue invadido por mineros cooperativistas junto a una caravana de maquinaria pesada probablemente de propiedad de ciudadanos chinos.
Activistas ambientales mediante un memorial interpusieron hace casi un mes, una denuncia formal ante el tribunal Agroambiental de La Paz que está requiriendo medidas cautelares contra Ramiro Cuevas, presunto responsable del ingreso ilegal al PNANMI Madidi.
La referida denuncia se apoyó en normativas vigentes como el artículo 34 de la Constitución Política del Estado que faculta a cualquier ciudadano, tanto a título individual como en representación de una colectividad a ejercitar acciones legales en defensa del medio ambiente, siendo la fuente la publicación ambientalista La Voz de la Naturaleza.
Inclusive el artículo 39 de la ley Nro. 300 Marco de la Madre Tierra determina que las instituciones públicas están en la obligación de activar las instancias administrativas y/o jurisdiccionales con el objeto de exigir la protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien.
Por su parte otro de los incisos (ii) del citado artículo 39 establece que “cualquier persona individual o colectiva que conozca la vulneración de los derechos de la Madre Tierra tiene el deber de denunciar este hecho ante las autoridades competentes”, lo cual viabilizaría la presentación de la citada denuncia.
Maquinaria pesada
Es así que de acuerdo al memorial presentado, Ramiro Cuevas, quien estaría en condición de dirigente de la central de Cooperativas Mineras de Apolo y representante de la cooperativa Virgen del Rosario, sería el principal promotor del hecho en el que mineros ilegales ingresaron al PNANMI Madidi habiendo amenazado con un arma de fuego a Raúl Santa Cruz, Jefe de Protección de la Zona B por exigirles autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
La caravana de maquinaria pesada, según narró Santa Cruz desde el puesto de control en una conversación con Marcos Uzquiano, Jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, habría estado compuesta por cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas cargados de combustible; dichas destinados a realizar actividades mecanizadas de minería en las riberas del río Tuichi y cuyos dueños serían ciudadanos chinos.
Cabe agregar que el Tribunal Agroambiental se constituye en una de las instancias que integran el órgano judicial junto al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Judicatura, cuenta con cinco magistrados. (VLM)
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de comunicadores y periodistas para la conservación de la biodiversidad del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata (MPLC)” implementado por la Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), financiado por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) a través de Conservación Amazónica –ACEAAA en Bolivia.
