Los trabajos en el río San Lorenzo se realizaron en el marco de la demanda por responsabilidad ambiental seguida por la comunidad Buena Vista en contra del señor Raúl Áñez y otros.
La Paz, 28 de diciembre (ANA).- Con la firma de un acta de las organizaciones impulsoras, al promediar las 10.00 horas del sábado se iniciaron los trabajos de restitución del cauce del río San Lorenzo, en cumplimiento al fallo del juez Agroambiental del municipio de Roboré del departamento de Santa Cruz.
En presencia de la representación de las comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó y del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, se realizaron los trabajos de remoción de una presa construida ilegalmente por los propietarios de haciendas ganaderas sobre el curso de agua.
Los trabajos en el río San Lorenzo se realizaron en el marco de la demanda por responsabilidad ambiental seguida por la comunidad Buena Vista en contra del señor Raúl Áñez y otros.
Después de cuatro años enfrentando la falta de agua, las comunidades de la TCO Turubó exigieron la remoción de las infraestructuras que bloquean el cauce del río San Lorenzo, afectando no solo su acceso al agua, sino también a los ecosistemas cercanos y al Pantanal, según los datos la Red Ambiental de Información (RAI).
Un fallo judicial reciente del Juzgado Agroambiental de Roboré ha sentado un importante precedente en la defensa legal de los derechos ambientales en Bolivia. La resolución, emitida el 13 de noviembre de 2024, ordena la restitución del cauce del río San Lorenzo, así como la remoción de una presa construida ilegalmente por los propietarios de haciendas ganaderas sobre el curso de agua, que estaba causando un daño significativo al ecosistema del área circundante y a las comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó.
Dicha resolución judicial se ejecutó en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, según informó Wilson Hurtado, cacique de la comunidad Buena Vista.
El caso, que involucra la construcción de una estructura (identificada como P3) que obstruía el flujo natural del río, destaca la importancia crucial del principio precautorio en la legislación ambiental boliviana.
El juez, al basar su decisión en este principio, ha demostrado que la falta de certeza científica absoluta no debe ser una barrera para la adopción de medidas protectoras del medio ambiente cuando existe un riesgo potencial de daño grave o irreversible.
El fallo se fundamenta en las disposiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley 071 (Derechos de la Madre Tierra), la Ley 300 (Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien), y el Acuerdo de Escazú.
El fallo ordena no sólo la restitución del cauce del río, sino también la participación activa de las Fuerzas Armadas, comunidades indígenas (TCO – Turubo Este), y Gobiernos Municipales y Departamentales en la supervisión y monitoreo del área para prevenir futuras acciones similares.
En las partes salientes de la resolución emitida por el juez Álvaro Flores, se ordena que “dentro de diez días hábiles siguientes de notificados con el presente auto, se proceda a la restitución del cauce del río San Lorenzo, con la remoción total de la infraestructura construida sobre este río, e cual está identificado como P3 y que fue objeto de inspección, debiendo quedar en el estado anterior en el que se encontraba, libre de todo impedimento que obstaculice el flujo normal del agua”.
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