La lideresa amazónica lamenta que se pretenda que los pueblos indígenas demuestren su ancestralidad y existencia previa al colonialismo, para ser sujetos de consulta, mientras que los mineros son privilegiados para ocupar sus territorios sin probar nada.
Santa Cruz, 16 noviembre (ANA).- El anteproyecto del Código Minero pretende que los pueblos indígenas prueben su ancestralidad y existencia anterior al colonialismo, para ser sujetos de consulta previa para ejecutar proyectos mineros, mientras que a los actores mineros no se les pide probar nada para ocupar los territorios indígenas y áreas protegidas, cuestionó la lideresa amazónica, Ruth Alípaz.
“Los pueblos indígenas debemos probar nuestra ancestralidad, la existencia precolonial, mientras que los mineros son privilegiados para ocupar nuestros territorios sin tener que probar nada”, afirmó en entrevista con ANA.
El artículo 145 del anteproyecto del Código Minero determina que “el sujeto de la consulta previa”, deberá cumplir con varias condiciones, como: la existencia pre-colonial y dominio ancestral del territorio, la conservación de sus patrones culturales, modos de vida, instituciones propias sociales, económicas, culturales y políticas que los representen, y ser distinto a los otros sectores de la población pues asume responsabilidades de vida comunitaria y orgánica.
“El derecho a la consulta previa en este Código Minero ya desaparece, en el Gobierno de Evo Morales ya se ha convertido en un acto administrativo muy amañado porque no hubo una consulta previa como tal, pero en este código se marca la actitud racista y discriminatoria de decir: Nosotros vamos a decidir quién es sujeto de consulta”, apuntó la defensora ambiental.
Alípaz Cuqui citó que muchos pueblos indígenas están en proceso de contacto inicial o mantienen su semisedentarismo, como el pueblo Ese ejjas, que además perdió su territorio en el proceso de titulación de las Tierras Comunitarias de Origen, y que por más de 20 años reclaman su territorio ancestral al Estado y no cuentan con la titulación correspondiente.
“Pero mucho más grave todavía es la situación de los pueblos no contactados. ¿Cómo van a demostrar que existen? (…). Nosotros sabemos que existen, pero ¿cómo ellos van a demostrar que habitan sus territorios desde antes de la colonia, cuando el Estado que está obligado a proteger su territorio le exige que demuestre que lo habita de manera ancestral?”, cuestionó.
En el marco de la propuesta del anteproyecto del Código Minero, la lideresa advirtió que como desde el Gobierno se propone abrir las áreas protegidas, las reservas forestales, los sitios Ramsar y humedales para la minería, es obvio que el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario se encuentra en grave riesgo de ser invadido por el extractivismo.
El artículo 2 de la Constitución Política del Estado señala: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.
“¿Para qué nos deberían consultar?; si te pregunta alguien algo, es para que des tu consentimiento, ese es el propósito final de una consulta. En el Gobierno de Evo Morales, si rechazábamos una consulta en nuestro territorio, el Estado podía definir en última instancia si otorgaba o no un derecho minero o permitía un proyecto de infraestructura o entrega a concesión de nuestros territorios, ahora el Gobierno de Rodrigo Paz desaparece el consentimiento porque dice que la autodeterminación no será utilizada para vetar u observar proyectos mineros”, observó.
La propuesta gubernamental elaborada con los actores mineros estatales, privados y cooperativas, define tres etapas de consulta que no deben pasar en total los tres meses, tras los cuales si no se llega a un acuerdo con los sujetos de consulta, será la Autoridad Nacional Minera -una entidad que se pretende crear- sea la que emita la decisión final, mediante resolución administrativa.
Áreas protegidas, sitios Ramsar y reservas forestales
A pesar de los compromisos internacionales en materia de conservación, el Gobierno ha decidido ir en contraruta del cuidado del medioambiente, de los recursos hídricos y el equilibrio de los ecosistemas naturales del país con el anteproyecto de Código Minero, por el cual promueve la actividad minera en áreas protegidas, sitios Ramsar y reservas forestales.
El anteproyecto de ley elaborado sin participación de los pueblos indígenas, principales afectados por la contaminación por mercurio empleado en la extracción del oro, plantea la actualización del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), reconoce como “preconstituidos” todos los derechos mineros concedidos antes de la CPE de 2009 y promueve la actividad minera en áreas altamente sensibles para la conservación.
En el plazo máximo de seis meses computables a partir de la publicación del Código Minero, el Ejecutivo aprobará mediante Decreto Supremo la actualización del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) para su adecuación.
“La elaboración del RAAM estará a cargo de la Autoridad Ambiental Competente Nacional y el Ministerio de Minería y Metalurgia (…). La actualización establecerá requisitos y procedimientos diferenciados en función de las características y magnitud de las actividades mineras y sus impactos ambientales, incorporando mecanismos de simplificación”, señala el documento que se encuentra en fase de socialización.
El artículo 154 del anteproyecto de Código, elaborado por el Gobierno junto a los actores productivos mineros sin participación de los pueblos indígenas, referido a las actividades mineras en áreas protegidas, señala que los derechos mineros adquiridos o preconstituidos en áreas protegidas, otorgados con anterioridad a la vigencia de la Carta Magna serán reconocidos y respetados conforme al presente Código.
“La existencia de un área protegida no constituirá causal de extinción del derecho. Toda solicitud de otorgamiento de derecho minero dentro de un área protegida deberá contar con el Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, señala textual.
En caso de otorgación de derechos mineros dentro de áreas protegidas subnacionales la solicitud de CCU estará sujeto a que estas áreas protegidas estén adscritas e integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la base de datos integrada del Sernap. En otras palabras, las áreas protegidas municipales o departamentales que no estén reconocidas en el sistema nacional no requerirán la CCU.
A pesar que el mismo anteproyecto de Código Minero reconoce que las áreas protegidas cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable, el proyecto de norma promueve la actividad minera en estas áreas protegidas bajo la presentación de la Licencia Ambiental.
Creación de áreas protegidas con incidencia minera
El artículo 155 referido a la creación de áreas protegidas con incidencia minera, señala que, deberá estar sustentada en informe técnico-científico que acredite la existencia y relevancia de valores naturales, ecosistemas o muestras representativas que justifiquen su protección y aprobado mediante Decreto Supremo.
“La declaratoria deberá reconocer los derechos mineros legalmente constituidos y no será causal de su extinción”, señala el artículo 156, en una clara inclinación a favor de los actores mineros, principalmente cooperativas auríferas que han invadido territorios indígenas, campesinos, áreas fiscales y áreas protegidas de carácter nacional y subnacional.
Actividades mineras en sitios Ramsar y humedales
Los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en sitios Ramsar y humedales nacionales, conforme a la certificación emitida por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas- DGBAP.
“Los derechos mineros adquiridos o preconstituidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado serán reconocidos y respetados, manteniendo su vigencia conforme al presente Código su ejercicio estará sujeto a la Licencia Ambiental”, señala el proyecto.
También se establece que toda solicitud de otorgamiento de derecho minero dentro de un sitio Ramsar deberá contar con pronunciamiento técnico de la DGBAP, dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente, a efectos de establecer las medidas necesarias para preservar las características ecológicas del humedal.
La minería ha demostrado ser el principal enemigo de los sitios Ramsar y humedales por tratarse de ecosistemas de alta fragilidad ecológica.
Actividades mineras en reservas forestales
Los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas forestales, siempre que cuenten con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT y cumplan estrictamente con la normativa forestal vigente, señala el documento.
“Toda solicitud de licencia o contrato minero que se encuentre dentro de una reserva forestal deberá contar con el certificado de compatibilidad de usos emitida por la Autoridad de Bosques y Tierras”, señala la propuesta.
Cuando la actividad minera cuente con un derecho preconstituido y adquirido reconocido por la CPE, deberá adecuarse a la normativa ambiental y sectorial vigente para la obtención de la licencia ambiental, garantizando la compatibilidad con el uso forestal sin que ello implique la modificación de su derecho minero preconstituido y adquirido.
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