Claudia Martínez, denunció el hecho públicamente, además de haber realizado una inspección in situ para recoger muestras de la tierra y agua. Sin embargo, fue correteada del sector junto al personal que la acompañaba.
La Paz, 14 noviembre (ANA).- La ciudadanía cochabambina se encuentra alerta y dispuesta a actuar contra la presencia de minería aurífera que emplea mercurio en el sector de la cuenca de Misicuni, más precisamente en el río Serkheta que alimenta el embalse, el cual abastece del líquido elemento al eje metropolitano de Cochabamba y además se encuentra en un área protegida: el Parque Nacional Tunari.
En referencia a esa situación, la asambleísta departamental de Cochabamba, Claudia Martínez, denunció el hecho públicamente, además de que hace unos días realizó una inspección presencial al lugar adonde fue a tomar muestras de la tierra y las aguas, sin embargo, según su testimonio, fue correteada del sector junto a la comitiva que le acompañaba, por personas vinculadas a la actividad minera.
“Tuve que huir del lugar porque a mí sí me corretearon, yo sí quería tomar muestras del suelo, es por eso que, en esta impotencia de no poder encontrar, porque la idea era tomar la muestra, llevar a un laboratorio y con los resultados sacar la denuncia, esa era la misión del equipo que tengo, pero no se pudo concretar, entonces ahí ya nos vimos en la necesidad de alertar a toda la población”, dijo.
Se trataría de 13 cuadrículas correspondiente a un «derecho minero preconstituido» otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), según el informe oficial de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Más de treinta pozas de lavado
El río Serkheta es un afluente hídrico ubicado en el departamento de Cochabamba que alimenta directamente el embalse de la represa Misicuni y se encuentra estrechamente vinculado el Parque Nacional Tunari y la Represa de Misicuni, ya que la presa se encuentra ubicada dentro del territorio e influencia del área protegida, en la provincia Quillacollo.
“La denuncia en realidad la hice porque la explotación (de minería) a cielo abierto implica retirar la cobertura vegetal del Parque Tunari, remover el suelo, alterar el cauce y de hecho incluso las riberas del río, además en la zona hay más de treinta pozas de lavado que son completamente verificables desde el satélite y en tiempo real: he facilitado las coordenadas de donde está pasando este delito, esta criminalidad en contra de nuestro medio ambiente y claro, al perder esa vegetación, el suelo queda expuesto a la erosión hídrica”, detalló Martínez.
El mercurio se acumula en la cadena alimentaria
En cuanto a las consecuencias expuestas por la asambleísta, la representante hizo referencia al incremento de la turbiedad en las aguas, la reducción de la capacidad útil de la represa de Misicuni por la acumulación de sedimentos y, al carácter altamente nocivo del mercurio que allí sería usado para procesar el oro, el cual se acumularía en la cadena alimentaria y por supuesto en el agua que beben los cochabambinos:
“En época de lluvias, la escorrentía arrastra sedimentos hacia el río y por gravedad van a llegar al embalse en algún momento, eso provoca en realidad tres efectos: primero; es que aumenta la turbiedad, la carga de sólidos que llega a la planta de tratamiento; segundo, luego colmata el embalse, es decir el sedimento se deposita en el fondo y reduce la capacidad útil de la represa; tercero, si en las pozas se usa mercurio, ese metal se adhiere pues a las partículas finas y viaja con ellas, en el fondo del embalse, con poco oxígeno, puede transformarse en metilmercurio, bueno, en su forma más tóxica se acumula en la cadena alimentaria, por eso el control no puede limitarse únicamente al agua potabilizada; hay que monitorear los sedimentos, la biota y el agua cruda”, explicó.
Leyes y Constitución Política del Estado versus minería
De la misma manera, la asambleísta por Cochabamba listó algunas de las normativas en cuanto a leyes vigentes en Bolivia, como la misma Constitución Política del Estado (CPE) y que prescriben la no presencia de actividades mineras en sitios como áreas protegidas, cabeceras de cuencas, cercanías de embalses y otros, respaldadas además en el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sin daños.
“Ahora vamos a hablar de la inacción de las autoridades presentes, porque la Constitución en su artículo 16 y si mal no recuerdo, el artículo 336 reconoce el agua como un derecho fundamental, entonces hay que protegerla: el artículo 374 obliga al Estado a protegerla y gestionarla de manera sustentable, el artículo 385 establece que las áreas protegidas son un bien común y forman parte del patrimonio natural del país y ni hablar de la Ley N°1333, o sea estamos hablando de una serie de normativas que dan un asidero legal para que acá se inicien no solamente procesos administrativos, acá hay responsabilidad penal y bueno, la ley 535 es clara , no se pueden otorgar ningún tipo de concesiones en cuencas, en reservas naturales”, matizó la asambleísta denunciante.
Del mismo modo, anunció que se solicitará información sobre supuestas licencias ambientales otorgadas a estas actividades mineras, y advirtió que en caso de verificar ese extremo, ameritará duras sanciones que inclusive podrían conllevar penas de cárcel. Al efecto citó normativas que asignan competencias a determinados niveles del Estado y que no son precisamente las gobernaciones.
“Acá se ha otorgado una en 2005 y la ha otorgado y la han otorgado mediante el Código Minero y la ha ratificado la AJAM y queremos averiguar si es que la gobernación le ha otorgado una ficha ambiental, eso sí sería desastroso, eso sí llevaría personas a la cárcel porque nada, ningún contrato puede estar encima de la CPE. Y bueno, en cuanto a las competencias, el artículo 298 asigna pues los recursos minerales a nivel central del Estado, por eso exigimos al ministerio de Minería, de hecho, hemos presentado hoy día, una denuncia formal para que ellos no se hagan ya los locos, porque los veo muy cómodos, muy sentados, solamente dando conferencias de prensa como si fueran estrellas, cuando se les olvida que son pues autoridades y tienen que mostrar resultados”, observó la legisladora.
Si no salen por las buenas, van a salir por las malas
Paralelamente, Claudia Martínez anunció la realización de reuniones públicas en Cochabamba destinadas a adoptar medidas respecto a la situación que vive la capital valluna por la presencia minera en Misicuni, pese a que el gerente a.i. de la empresa Misicuni, Adrián Murillo, a tiempo de asegurar que se realizan muestreos diarios para garantizar la calidad del recurso hídrico (“¿Agua contaminada en Misicuni? Asambleísta denuncia presencia de mercurio y gerente lo niega”, 13/11/26, Opinión).
“Conformaremos una comisión especial para poder ir a hacer una inspección al lugar y tomar todas las medidas legales que la ley nos confiere, de hecho hoy día ya estamos presentando las denuncias correspondientes primero a la AJAM, hemos solicitado la petición de informe a la gobernación el 9 de noviembre y a la fecha todavía no hay nada, parece que para ellos nada es emergencia, así que vamos a iniciar también las acciones legales, penales que la ley nos faculta, y aquí hay una responsabilidad, el gobernador va tener que dar la cara a los cochabambinos, si no puede: que renuncie. La inspección estaría presidida, nosotros estamos solicitando por todas las autoridades llamadas por ley, que serían la AJAM, Sernap porque es un área protegida, tendría que estar el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, los concejos municipales, los alcaldes, a ver si así se atreven a tocarnos. Todos los organismos vivos van a estar, vamos a ir a destruir ese lugar, eso es lo que se merecen, no salen por las buenas, van a salir por las malas”, advirtió.
Por su parte, el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime José Sanabria, anunció el inicio del proceso de reversión del derecho minero, la suspensión de actividades, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana para frenar estas operaciones.
Durante una conferencia de prensa, el director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime José Sanabria, informó sobre la situación legal del área minera “El Dorado”, ubicada en el municipio de Quillacollo, en cercanías de Misicuni, donde se identificaron actividades de explotación aurífera informal e ilegal y posibles afectaciones ambientales. La autoridad anunció el inicio del proceso de reversión del derecho minero, la suspensión de actividades, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana para frenar estas operaciones.
La autoridad precisó que el área comprende 13 cuadrículas y corresponde a un derecho minero preconstituido otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a favor del actor productivo minero José Luis Eulogio Mir Franco. Según explicó, el titular dejó de pagar las patentes mineras desde la gestión 2014 y tampoco solicitó el proceso de adecuación correspondiente, incumplimientos que dieron lugar a las acciones administrativas iniciadas por la actual gestión.
En ese contexto, el director nacional se refirió a las declaraciones del gobernador de Cochabamba, quien atribuyó a la actual administración de la AJAM la otorgación del derecho minero en el sector. Al respecto, Sanabria aclaró que, si bien la competencia para otorgar derechos mineros corresponde a la institución, en este caso el derecho fue concedido por la AJAM durante el gobierno del MAS, en una gestión anterior.
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