Humedales, sitios Ramsar, áreas protegidas, cabeceras de cuenca, vertientes y embalses se encuentran seriamente afectados en nombre de los derechos mineros.
La Paz, 17 noviembre (ANA).- Un detallado y profundo análisis efectuado por el Colegio de Biólogos de La Paz (CBLPZ) a la propuesta de Código de Minería y Metalurgia, observó al menos nueve vulneraciones graves a las normativas que tanto mediante la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales garantizan la vida, la salud, las áreas protegidas, los acuíferos, humedales, bosques y biodiversidad.
Minería en humedales, sitios Ramsar, áreas protegidas y cabeceras de cuenca

El diagnóstico realizado por el CBLPZ detalla las transgresiones que violan tanto los derechos humanos como los de la Naturaleza, constituyéndose en una especie de elegía a los crímenes contra la biodiversidad constituyéndose en un balance que la institución colegiada lo califica de “negativo y regresivo”. A continuación, transcribimos literalmente las nueve observaciones referidas:
I. Elimina la condición de que la minería en áreas protegidas (AP) no afecte sus objetivos de protección-creación;
II. Suprime la restricción por proximidad a cabeceras de cuenca, ríos, lagos, vertientes y embalses, sustituyéndola por una regla de no prohibición;
III. Transforma las prohibiciones de proximidad en “medidas de seguridad y protección”;
IV. Habilita expresamente la minería en sitios Ramsar y humedales;
V. Suprime la obligación expresa de remediar y rehabilitar;
VI. Declara que la paralización por causas ambientales no afecta a la vigencia del derecho minero;
VII. Condiciona la creación de nuevas áreas protegidas al reconocimiento de derechos mineros;
VIII. Amplía la escala y duración de la exploración sin consulta previa;
IX. Debilita la consulta previa como mecanismo de control socioambiental
Precisamente el carácter de todas y cada una de las disposiciones contempladas por la propuesta de código minero en su primera parte (Libro Primero) ya que el Libro Segundo aún no fue dado a conocer, es incompatible con varios articulados de la Constitución Política del Estado (CPE), así como con el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú (Implicaciones ambientales: Ley 535 vs. Propuesta de Código de Minería 2026, CBLPZ).
Demanda ante el Tribunal Agroambiental y derechos preconstituidos

“Nosotros como Colegio de Biólogos hemos presentado una demanda ante el Tribunal Agroambiental sobre el tema de la apertura de normativas que no cumplen con la normativa ambiental, o sea están generando reglamentos desde la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), están generando reglamentos desde el ministerio de Minería y Metalurgia que están buscando legitimar de alguna forma las actividades mineras que ya se desarrollan de forma ilegal dentro de las áreas protegidas”, señaló Krystal Bedregal, miembro del directorio del CBLPZ, sobre la polémica propuesta de código de minería.
Respecto a los denominados derechos preconstituidos que se atribuyen sectores del cooperativismo minero para explotar dentro de áreas protegidas, la profesional consultada clarificó que son válidos los derechos preconstituidos siempre y cuando estos hayan existido antes de la creación del área protegida, siempre y cuando estos hayan existido antes de la creación del área protegida, pero, cuando ya existe dicha área, ya no son válidos esos derechos.
“Las áreas protegidas se han creado con un objetivo y además existe una zonificación dentro de las AP, no tiene el más mínimo sentido tener actividades mineras por ejemplo dentro del Parque Madidi y no es que se estén realizando en la zonificación, por ejemplo, en las áreas de manejo integrado, se están realizando en las áreas núcleo del parque, entonces es un irrespeto total a la zonificación, al plan de manejo, a la fecha de creación del AP” graficó Bedregal.
Afectación a la consulta previa, libre e informada

Pero eso no es todo, otro aspecto que preocupa a los profesionales colegiados es el referido a la consulta previa, libre e informada, en cuanto a que la misma no tendría carácter vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio; tampoco habría reparación de daños y reduce a tres meses el plazo para la realización de la consulta:
“La exploración de gran escala, de hasta 800 cuadrículas (20 mil hectáreas) por ocho años prorrogables por cinco más, queda exenta de consulta previa. En paralelo, la consulta se acota: excluye a las comunidades interculturales y a los asentamientos recientes, no declara vinculantes los acuerdos (a diferencia del Art. 208.II de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia), elimina la reparación compensatoria y reduce el plazo a tres meses. La nota de trabajo del Art. 146, según la cual no habría consulta en territorios sobrepuestos a tierra fiscal o propiedad privada, de llegar al texto final, excluiría amplias zonas de la Amazonía. Estos cambios afectan también el derecho de participación en asuntos ambientales (CPE, Art. 343; Acuerdo de Escazú, Art. 7)” (Implicaciones ambientales: Ley 535 vs. Propuesta de Código de Minería 2026, CBLPZ).
Finalmente, el documento del CBLPZ propone la reposición de los articulados que se contraponen, anulan o minimizan a los establecidos por la CPE y la Ley de Minería 535, entre otros como el Acuerdo de Escazú, en tanto recomienda exigir un régimen específico de residuos radiactivos antes de abrir las tierras raras a actores no estatales. De la misma manera, se aclara que el análisis realizado “se basa únicamente en el Libro Primero de la Propuesta, que es un borrador con artículos incompletos” (Implicaciones ambientales: Ley 535 vs. Propuesta de Código de Minería 2026, CBLPZ).
/ANA/











