Desde la Alcaldía de Yanacachi se cuestiona el por qué el municipio de Coroico autorizó el uso de suelo para minería a favor de la comunidad ficticia Ñequejahuira Cotapata, cuando hay demandas pendientes que resolver sobre los límites territoriales entre ambos municipios.
La Paz, 29 de diciembre (ANA).- El municipio de Yanacachi ha cuestionado que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorice derechos mineros para la explotación aurífera por 30 años a favor de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, en áreas en disputa con el municipio de Coroico, y que para evitar procesos de consulta previa libre e informada se haya considerado a la comunidad ficticia de “Ñequejahuira Cotapata”, que se hace llamar agraria, cuando en los hechos es un campamento minero.
“Evidentemente tenemos toda la documentación para demostrar que Tres Marías es de Yanacachi y que la Cooperativa Salvadora Yerbani está avasallando nuestro municipio y antes ya ha avasallado varias propiedades donde entra con máquina donde hay cultivos de plantaciones de flores”, afirma el alcalde de Yanacachi, Víctor Fernández (MAS) en entrevista con ANA.
De acuerdo al contrato administrativo minero por adecuación con fecha de vencimiento 10 de julio de 2053; la Cooperativa Minera Aurífera Salvadora Yerbani R.L podrá explotar por 30 años sobre un área de siete cuadrículas, equivalente a 175 hectáreas sobre los municipios de Yanacachi y Coroico que comprenden las provincias Sud y Nor Yungas.
“Hay un gran problema territorial, el informe está sobrepuesto con la respuesta que hemos solicitado a la Gobernación (de La Paz) y dice que Coroico nos demandó con la Ley 2150 el año 2004, la ley ya no está vigente ha sido reemplazada por la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, al demandarnos deben adecuarse a esa ley”, explica por su parte el responsable de Catastro de la Alcaldía de Yanacachi, Bladimir Mamani.
El técnico de la Alcaldía explica que el municipio de Yanacachi, en su calidad de demandado no puede hacer ninguna acción hasta que Coroico desista de continuar su demanda con la extinta ley 2150, según concluyeron en reuniones sostenidas con la Gobernación y el Viceministerio de Autonomías.
La Ley 2150 aprobada el 2000 y vigente hasta enero de 2013 establece las normas para la creación, delimitación, reposición y supresión de las unidades político-administrativas del territorio.
“La cooperativa ha estado tramitando ante la Gobernación una personería jurídica como Ñequejahuira y nosotros hemos presentado nuestra oposición porque hay sobreposición sobre las comunidades Tres Marías y Yerbani”, explica con documentos en mano.
A pesar de la oposición presentada por la Alcaldía de Yanacachi por la sobreposición territorial, la estrategia de penetración minera también contó con la apoyo de la Gobernación Departamental de La Paz, que emitió personería jurídica a nombre de la “Comunidad Agraria Ñequejahuira-Cotapata” el 22 de marzo de 2022, bajo la gestión del gobernador Santos Quispe.
Sin embargo, la personería jurídica menciona que dicha comunidad se encuentra en el municipio de Coroico, para lo cual la Alcaldía de ese municipio emitió autorización de uso de suelo a través de la resolución municipal 053/2020.
En cambio la comunidad Tres Marías, dedicada al cultivo de flores y a la producción de miel obtuvo su personería mucho antes, el 8 de julio de 1996 a través de la resolución prefectural 338, firmado por el Subprefecto de la provincia Sud Yungas, Mario Morillas Carrasco.
El Alcalde lamenta que como consecuencia de la reacción de los comunarios en contra del avasallamiento minero en sus tierras de cultivos, se haya desatado una persecución judicial en contra de los pobladores de Tres Marías, siendo que hasta la fecha el productor de flores César Choque se encuentra en el penal de San Pedro, imputado por presuntos delitos penales como: lesiones graves y leves, organización delictuosa y avasallamiento a área minera.
De acuerdo a la orden de aprehensión a la que tuvo acceso ANA, también se encuentran en la lista: Isaac Catacora Mamani, secretario general de la comunidad Tres Marías, quien denunció de manera reiterada, el ingreso de cooperativas mineras auríferas que conformaron de manera ilegal y en menos de una semana la comunidad ficticia Ñekejahuira Cotapata, que en los hechos es un campamento minero.
Le siguen en la lista para ser aprehendidos: los comunarios Adrián Arenas Huayta, Mario Colque, Santos Oliva, Rodo Oliva, Héctor Cama y Hugo Apaza, este último, cooperativista que denuncia haber sido estafado por mineros de Salvadora Yerbani.
En contra de Lola Catacora también pesa una orden de aprehensión. Fue la mujer que con palo en mano se puso al frente de más de 30 mineros envalentonados a quienes les dijo que daría su vida por defender su comunidad. “De la flor vivimos, nos están dejando sin carretera”, les dijo durante la arremetida, tal como se muestra en un video.
La orden de aprehensión emitida por el fiscal de Materia del municipio de Coroico, Juan Chuyma Quispe, en contra de todos los mencionados “subsume” provisionalmente los delitos de lesiones graves y leves, avasallamiento en área minera y asociación delictuosa, previstos y sancionados en los artículos 271, 232 y 132 del Código Penal.
El Gobierno Autónomo Municipal de Coroico tuvo una actitud recurrente a favor del sector minero, el 15 de enero de 2020 dio curso a la Certificación de Uso de Suelo en el que dio cuenta que la Empresa Minera Goldenray se encuentra en el área rural denominada “Coroico-Yanacachi”, mientras que la cooperativa Trueno III y Trueno IV, en las coordenadas en Norte y Este se encuentra la Cooperativa Aurífera Chuchipa RL.
“Correspondía la vía administrativa ante la AJAM”
El abogado Jaime Cuellar, especializado en minería ilegal, advierte que la orden de aprehensión del Fiscal de Materia de Coroico no identifica el área minera donde se produjo el conflicto, tampoco ofrece la georeferenciación ni coordenadas del supuesto avasallamiento
“Si arguyen el avasallamiento del área minera tenían que activar la vía administrativa ante la AJAM, antes que la penal y la AJAM en el marco de sus competencias remitir los antecedentes ante el Ministerio Público”, observa.
El jurista también señala que el área minera tendría que respetar el uso de suelo. “En Bolivia, los defensores de derechos ambientales enfrentan una situación alarmante de criminalización y vulnerabilidad frente al Estado”, alerta.
A pesar de ser actores fundamentales para la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos –dice Cuellar- que son frecuentemente estigmatizados, perseguidos judicialmente y, en algunos casos, víctimas de violencia física y psicológica.
“Esto evidencia una preocupante falta de garantías estatales para su labor, así como un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país”, acota.
En lugar de ser reconocidos como aliados en la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales, los defensores ambientales en el país, asegura que son tratados como “enemigos del progreso” o como obstáculos para proyectos extractivistas promovidos por el propio Estado.
“Me llama la atención que la Alcaldía de Coroico emita un informe técnico que establece que estas siete cuadrículas de la Cooperativa Salvadora Yerbani están dentro de su jurisdicción y que no tienen ningún tipo de restricción del uso de suelo, además otorgue la anuencia para que la cooperativa realice actividades mineras, y otorgue licencia de funcionamiento a la actividad, que es lo que se adjunta como prueba a la carpeta para procesar a defensores del medioambiente”, expresa.
Esta criminalización no solo viola sus derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta, sino que también los coloca en un estado de indefensión frente a amenazas provenientes de actores públicos y privados.
/ANA/
