La nueva dirigencia de la CPILAP se presentó ante el Juzgado de Rurrenabaque para reactivar acción popular contra la minería ilegal del oro.
La Paz, 8 julio (ANA).- La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) denunció que no participó en la elaboración del Plan de Acción Nacional para la reducción y control del uso del mercurio, presentado el 26 de junio de 2025 en la ciudad de La Paz en un foro internacional, con lo cual el Estado habría incumplido sus compromisos.
“Esto demuestra el incumplimiento de las disposiciones legales y la falta de compromiso estatal en la conservación de nuestros medios de vida”, señaló el nuevo presidente de la CPILAP, Noe Macuapa, según un boletín de prensa de esta organización.
Lamentó el dirigente indígena que la CPILAP no haya sido tomada en cuenta en la elaboración del plan del mercurio que estuvo a cargo de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia y de Salud y Deportes con el apoyo técnico de la Fundación MedMin y el apoyo financiero y técnico del proyecto Planet Gold y de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), además del sector cooperativista aurífero.
El plan del mercurio pensado en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) plantea eliminar la práctica de molienda y amalgamación con mercurio simultánea en la minería vetiforme dentro del proceso de obtención del oro a metas a alcanzar en tres momentos: a corto plazo, el 5% de los actores productivos (APM) auríferos la eliminarán; a mediano plazo entre 2027-2029 llegar al 35%, y a largo plazo entre 2030 y 2031 alcanzar al 60% de los actores productivos. Se estima una pérdida entre 46 a 56 toneladas de mercurio anuales.
La práctica de molienda y amalgamación con mercurio simultánea es catalogada por el Convenio de Minamata como una de las «peores prácticas»; es decir, acciones que más contaminan con mercurio y que deben eliminarse inmediatamente. Sin embargo en Bolivia predomina la minería aurífera mecanizada, intensiva y de gran impacto socioambiental.
Acción popular contra la minería ilegal
Noe Macuapa junto al vicepresidente Guido Alfaro representaron ante el Juez Mixto de Rurrenabaque, su apersonamiento como los actuales demandantes de la Acción Popular frente la minería ilegal de oro.
Según la información de prensa de la CPILAP, la representación indígena en el Juzgado responde al cumplimiento de la resolución 05/2023 que otorga la tutela a la dirigencia indígena correspondiente en contra de los ministros de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de Salud y Deportes y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Ambos dirigentes estuvieron acompañados por la presidenta del Consejo Regional Tsimané y Mosetenes (CRTM), Magaly Tipini y el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Jorge Canamari, conjuntamente con la directiva renovada y otros representantes de los pueblos indígenas que habitan el norte amazónico de La Paz.
El documento legal incluye una solicitud de respuesta a los anteriores recursos presentados, en los que se denuncia el incumplimiento de la Resolución Judicial por parte de los accionados.
El memorial presentado ante el Juzgado de Rurrenabaque puntualiza que “a casi dos años de la extensión de la resolución precitada, las partes no han cumplido a cabalidad ninguno de los puntos dispuestos por su autoridad, siendo especialmente preocupante el incumplimiento del inciso “e” de la resolución, con relación a la garantía de la participación de la CPILAP en los procesos de elaboración del Plan Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio”.
El nuevo directorio fue elegido en una Asamblea Departamental el 26 de marzo de este año, en el marco de sus procedimientos que legitiman a las 12 organizaciones territoriales representativas de las siete naciones y pueblos indígenas de la Amazonía que conforman la CPILAP.
“Lamentablemente no existe ni conciencia ni responsabilidad por parte de las autoridades del gobierno, si ellos se pusieran en el lugar de los pueblos indígenas con el respeto a la vida y la naturaleza de nuestra Casa Grande, puede darse un cambio total”, remarcó el dirigente.
Informó que a tres meses de la nueva gestión del directorio, los indígenas se encuentran más unidos que nunca por la defensa de la vida y el medioambiente, y que cumplen con su Plan de Vida (herramienta de planificación comunitaria que fortalece la autonomía, el gobierno territorial y el ejercicio de sus derechos) en cada uno de los pueblos, sin embargo, la minería aurífera ilegal se incrementó y está afectando a los miles de habitantes y a los ecosistemas de la región amazónica.
Respecto de las propuestas de los candidatos políticos para las Elecciones Generales 2025, Macuapa enfatizó que, ningún partido político se ha manifestado en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ni por el medioambiente ni la Madre Tierra, y que sólo responden a intereses personales o sectoriales, por lo que “los pueblos indígenas siguen sufriendo por la contaminación, la afectación a su salud y medios de vida y, por otro lado, por el alza de precios de la canasta familiar”.
Hace más de una década la proliferación de cooperativas mineras auríferas y el aumento de la importación de mercurio, además del precio del oro, han provocado una elevación de la contaminación ambiental en la región del Amazonas.
El vertido de mercurio en las cabeceras de las cuencas de los ríos, principalmente, Beni, Madre de Dios y sus afluentes, provocó que los indígenas que habitan lejos de la actividad minera, tengan un porcentaje elevado del metal pesado en su organismo, poniendo en riesgo su salud.
Resolución judicial incumplida
La Resolución Judicial de la Acción Popular Nº 05/2023 emitida en el Juzgado Mixto de Rurrenabaque el nueve de septiembre de 2023, no fue cumplida, según la CPILAP, a pesar que se estableció la paralización de todas las operaciones mineras ilegales y de todas las actividades que no tengan licencia ambiental en la totalidad del área de las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes los ríos Tuichi, Quiquibey, Alto Beni, Kaka y Tequeje.
Del mismo modo, conminó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), desarrolle verdaderos procesos de consulta previa como se ha expresado en esta resolución y que suspenda la otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas o riberas del Río Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje, hasta en tanto se realicen controles eficaces sobre los pasivos ambientales mineros y se ejecuten programas para rehabilitar las aguas.
Dicha resolución ordenó que se garantice la participación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, en el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio.
Así también, dispuso que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se repita el estudio efectuado con cintas reactivas, sobre la calidad del agua de consumo en comunidades indígenas ribereñas de los ríos Beni y Madre de Dios, como también en los ríos de Cotacajes, Coopi y Santa Elena, la instancia estatal debía realizar una categorización de la contaminación ambiental del agua de los ríos, de los lechos de los ríos y de los peces.
Finalmente, estableció que se remita antecedente la Fiscalía General del Estado, para que realicen las investigaciones pertinentes, tomando en cuenta que existen indicios de contaminación y afectación a la salud por el metilmercurio a las comunidades indígenas que aglutinan la Central de Pueblos Indígenas de La Paz.
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