Por: Jaime Cuellar*
Toda catástrofe ambiental deja señales antes de revelar sus consecuencias; el verdadero fracaso ocurre cuando esas señales no provocan una respuesta. Las primeras ocupan las primeras páginas; las segundas pueden permanecer años debajo de ellas, hasta que alguien descubre que el agua estaba contaminada, que los peces llevaban veneno, que los niños estaban enfermos y que detrás de una actividad considerada indispensable para el progreso se escondía una factura que nadie quiso pagar.
Polonia conoció esa verdad en los años setenta, cuando en Szopienice, los niños comenzaron a mostrar los efectos de la exposición al plomo asociada a la actividad de una fundición. La médica Jolanta Wadowska-Król identificó el problema y examinó a miles de menores. La historia quedó registrada como uno de los episodios más inquietantes de contaminación industrial minera de aquella época, una comunidad entera había convivido con una amenaza que no podía verse a simple vista, mientras la industria continuaba siendo presentada como símbolo de desarrollo. Investigaciones posteriores han documentado aquella crisis y la exposición prolongada de los niños al plomo.
Años antes, al otro lado del mundo, Japón había comenzado a escribir otra página de la misma tragedia humana. En Minamata, una industria química descargó durante décadas compuestos de mercurio que terminaron incorporándose al ecosistema marino. El contaminante pasó al pescado y, a través de la alimentación, llegó al cuerpo de las personas. La enfermedad fue reconocida oficialmente en 1956; sin embargo, el proceso para establecer responsabilidades y obtener justicia se prolongó durante décadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recuerda que entre 1932 y 1968 se descargaron en la zona compuestos de metilmercurio y que la tragedia de Minamata se convirtió en una de las razones fundamentales para construir una respuesta internacional frente a la contaminación por mercurio.
Eso ocurrió, con distintas dimensiones y circunstancias, en los episodios que marcaron la historia ambiental de Polonia y Japón. Los llamados “niños de plomo” de Szopienice mostraron cómo una actividad industrial podía convertir el entorno cotidiano en una fuente de exposición para la población infantil. Minamata reveló algo todavía más estremecedor, una sustancia liberada por una actividad económica podía atravesar el ecosistema, incorporarse a la cadena alimentaria y terminar afectando a seres humanos. No fueron únicamente accidentes ambientales. Fueron advertencias sobre lo que sucede cuando la producción adquiere mayor velocidad que la capacidad de la sociedad para reconocer, controlar y corregir sus consecuencias.
Bolivia enfrenta una disyuntiva que ya no admite evasivas, convertir su riqueza mineral en bienestar colectivo o permitir que una economía extractiva sin controles termine transformando el patrimonio natural en enfermedad, los ríos en depósitos de contaminación y el territorio en un espacio donde la autoridad pública llegue siempre después del daño. La minería aurífera no es, por sí misma, el enemigo. La minería formal, regulada y ambientalmente responsable forma parte de la economía nacional y puede generar empleo, inversión y desarrollo, obvio si la misma cuenta con los niveles de control adecuados realizados por el Estado. El problema aparece cuando el Estado pierde la capacidad de distinguir entre aprovechamiento legítimo de los recursos naturales y explotación que opera al margen de la ley; cuando la informalidad se vuelve estructural; cuando la ilegalidad encuentra mercados; cuando el territorio se transforma en espacio de impunidad; y cuando los beneficios económicos de una cadena permanecen en determinados eslabones mientras sus costos ambientales y sanitarios son transferidos a comunidades enteras.
La lección para nuestro país debe ser todavía más amplia. El problema no es solamente el mercurio, ni únicamente el oro. El verdadero desafío es la contaminación producida por una minería que opera sin controles suficientes, al margen de obligaciones ambientales, sin adecuada gestión de residuos y, en determinados casos, fuera del marco jurídico que debería ordenar el aprovechamiento de los recursos naturales.
La minería puede alterar profundamente el territorio. La contaminación producida por esta, entonces, no tiene una sola cara, puede estar en el agua, en el suelo, en el aire, en los alimentos y en los propios espacios donde las comunidades desarrollan su vida.
Y esa contaminación no reconoce categorías. No distingue entre minería grande, pequeña, cooperativa, informal o ilegal cuando el contaminante llega al río. La diferencia fundamental está en la existencia o ausencia de controles, obligaciones, responsabilidad y capacidad efectiva de fiscalización.
Por eso sería un error reducir el debate nacional al uso del mercurio en la explotación aurífera. El mercurio constituye una de las expresiones más graves y visibles del problema, pero no agota su dimensión. Bolivia enfrenta una cuestión más profunda, qué ocurre cuando la explotación de minerales se desarrolla sin que el Estado pueda garantizar plenamente la prevención, el tratamiento de residuos, la recuperación de áreas afectadas, la protección de fuentes de agua y la salud de las poblaciones expuestas.
En abril de 2025, mecanismos especiales de Naciones Unidas recibieron información relativa a comunidades indígenas del Ayllu Acre Antequera, en Oruro, que denunciaba contaminación ambiental y afectaciones sobre agua, suelo, salud, alimentación y formas tradicionales de vida asociadas a actividades mineras. El registro internacional demuestra que la discusión ya no pertenece exclusivamente al ámbito técnico, la relación entre minería, contaminación y derechos humanos ha llegado al escenario internacional.
Éste es el punto que Bolivia debería comprender con mayor claridad, la contaminación minera no es únicamente un daño contra la naturaleza; cuando compromete agua, alimentos, salud, territorio y formas de vida, se convierte en una cuestión de derechos fundamentales.
Un río contaminado no es solamente un río degradado. Es agua que deja de cumplir su función. Es alimento que puede perder seguridad. Es una comunidad que ve reducido su margen de supervivencia. Es una economía local que puede deteriorarse. Es una cultura que puede comenzar a perder las condiciones materiales que la sostienen.
Y cuando ese fenómeno ocurre en territorios indígenas, la dimensión es todavía mayor. El territorio no constituye únicamente una superficie donde se desarrolla una actividad económica. Es espacio de vida, identidad, memoria, producción y continuidad cultural.
Por eso resulta insuficiente medir el impacto de la minería únicamente en toneladas producidas, exportaciones generadas o ingresos obtenidos. Hay una contabilidad que casi nunca aparece en los balances, la cuenta de los ríos deteriorados, los suelos degradados, los ecosistemas fragmentados y las comunidades que deben asumir costos que no decidieron generar.
Ahí reside la verdadera paradoja de la riqueza mineral boliviana.
Una nación puede extraer millones de dólares de su subsuelo y, al mismo tiempo, empobrecer determinados territorios. Puede aumentar sus exportaciones mientras pierde calidad ambiental. Puede generar ingresos mientras incrementa los costos que recaerán posteriormente sobre el sistema sanitario, las comunidades y las futuras generaciones.
La riqueza mineral solamente es riqueza cuando su aprovechamiento produce bienestar colectivo. Cuando el beneficio económico se separa de la responsabilidad ambiental y social, el recurso comienza a convertirse en una transferencia de costo, unos reciben la renta; otros reciben el daño.
La historia de Minamata resulta particularmente poderosa porque demuestra que la contaminación puede desplazarse mucho más allá del lugar donde fue generada. Lo mismo ocurre con numerosos impactos mineros, el sitio de extracción puede estar lejos de la comunidad que consume el agua; el punto donde se genera el residuo puede encontrarse lejos del ecosistema que finalmente recibe sus efectos. La geografía del beneficio y la geografía del daño pueden ser completamente distintas.
Un Estado serio no espera a que una tragedia alcance dimensiones irreversibles para reconocerla. Investiga las señales tempranas. Mide. Monitorea. Fiscaliza. Coordina. Corrige. Sanciona cuando corresponde. Repara cuando existe daño. Y, sobre todo, previene.
La minería no regulada e ilegal, constituye un desafío adicional porque puede operar precisamente en los espacios donde las instituciones tienen mayores dificultades para ejercer presencia efectiva. El Estado no puede ser fuerte solamente cuando recauda y débil cuando debe proteger.
Resultaría insuficiente atribuir esta realidad únicamente a la dimensión económica de la minería o a las dificultades materiales de ejercer control sobre un territorio extenso y complejo. La persistencia de prácticas extractivas ambientalmente lesivas, la limitada eficacia de los mecanismos de fiscalización y la reiteración de denuncias provenientes de comunidades, plantean una pregunta institucional inevitable, ¿en qué momento la necesidad de preservar gobernabilidad comienza a confundirse con la normalización de aquello que el Estado debería regular, prevenir y, cuando corresponda, sancionar?
La prudencia política puede explicar determinadas decisiones coyunturales, pero no puede convertirse en una justificación permanente para postergar la protección de bienes jurídicos esenciales como la vida y la salud. Cuando los intereses económicos, territoriales o corporativos de determinados sectores adquieren una capacidad de interlocución superior a la de las comunidades afectadas, aparece un riesgo particularmente grave, que el Estado termine construyendo su gobernabilidad sobre la tolerancia, en lugar de sobre la vigencia efectiva de la ley. Esta reflexión no pretende atribuir intenciones que no puedan demostrarse ni desconocer las acciones estatales existentes; pretende interpelar una realidad más profunda, si la protección de la vida y del territorio continúa cediendo ante intereses coyunturales, el Estado corre el riesgo de convertir la excepción en norma, la ilegalidad en práctica tolerada y la devastación ambiental en parte del paisaje cotidiano de Bolivia. Y cuando quienes generan beneficios económicos son percibidos como indispensables para sostener determinados equilibrios políticos, el riesgo es que la sociedad termine observándolos no como actores sujetos a obligaciones, sino como interlocutores cuya influencia condiciona la capacidad regulatoria del propio Estado.
Si esta trayectoria no es corregida, el futuro puede ser considerablemente más costoso que cualquier decisión política que hoy pretenda evitar el conflicto. La acumulación de pasivos ambientales, deterioro de fuentes hídricas, pérdida de biodiversidad, afectaciones a territorios indígenas, exposición de poblaciones a sustancias peligrosas y debilitamiento progresivo de la autoridad pública puede configurar una crisis que ya no pueda resolverse mediante operativos aislados ni medidas fragmentarias. La respuesta inmediata no consiste en declarar una guerra contra la minería, sino en recuperar el gobierno efectivo sobre ella. El objetivo no debe ser castigar para exhibir autoridad, sino impedir que el daño continúe produciéndose mientras todavía existe posibilidad real de prevenirlo.
*Es abogado e investigador especializado en minería ilegal
