“Alrededor de la mitad del oro que se extrae se conoce de manera extraoficial, se exporta ilegalmente”, señaló el investigador Óscar Campanini.
Guayaramerín, 17 agosto (ANA).- Durante el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena, Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) realizado en el municipio fronterizo de Guayaramerín, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) informó que, mientras se intensificó la extracción del oro a nivel nacional, contrariamente las exportaciones legales cayeron a menos de la quinta parte en dos años.
“Hay una caída importante desde el récord que fue el 2022, de 53 toneladas en términos de extracción y 52 toneladas (Tn) en términos de exportación y se ha llegado el 2024 en términos de extracción a 21 toneladas, es decir, menos de la mitad de lo que se llegó en 2022, y en exportación peor aún, en 2024 se exportó solamente 9,4 Tn, es decir, menos de una quinta parte de lo que se llegó al tope en 2022. Entonces, es una caída muy importante”, señaló el director e investigador del Cedib, Óscar Campanini.
Sin embargo, dijo que desafortunadamente no hay información suficiente para afirmar cuáles fueron las razones de esa baja. “De los argumentos que han dado desde el Gobierno y el propio sector minero, como algunos de los principales factores se mencionó el tema del combustible, la escasez, el incremento del precio, el tema también del agotamiento de yacimientos, que eso sí por supuesto que es normal, es hasta obvio que vaya a ocurrir, y otros más que no son tan relevantes”, señaló.
Desde el Cedib -dijo el especialista- se observó que a diferencia de lo que muestran los datos oficiales, hay un incremento en la actividad aurífera. “Lo que se ve en campo es que hay un incremento en la actividad aurífera, hay un avance en términos de extracción, hay una mayor dinámica económica (…). Entonces, lo que se ve en campo es prácticamente lo opuesto de lo que muestran los datos oficiales”, alertó Óscar Campanini.
La minería del oro que creció fue la mecanizada, intensiva y a gran escala, que se ha expandido por varios territorios, tanto en áreas tradicionales como en no tradicionales.
La mitad de lo que se extrae sale de manera ilegal del país
Autor del “Negocio del mercurio en Bolivia”, Campanini expuso a distancia, frente a un auditorio de más de 120 representantes de al menos 50 organizaciones de la sociedad civil, entre resistencias territoriales frente al avance del extractivismo, defensoras y defensores del medioambiente, además de colectivos de activistas urbanos.
“El último hecho que ha ocurrido creo que da una pauta o una señal de algo que efectivamente está ocurriendo; que se haya intentado exportar de manera ilegal 189,5 kilogramos de oro desde el aeropuerto de Viru Viru con documentos falsos”, citó en alusión al caso descubierto la madrugada del 22 de julio, cuando se detectó un joven que pretendía llevar 77 lingotes hasta Dubái.
“Y este hecho, si se analiza en detalle, probablemente hubiera pasado sin mayor problema; es decir, se hubiera podido lograr exportar de manera ilegal y fue solamente una verificación de un código Qr sobre el cual todavía hubo dudas en el momento del control y de identificar que no funcionaba hubo dudas y fue al menos un día y medio probablemente, en el que las propias autoridades no tenían seguridad total”, explicó.
Ante esa situación recordó que tuvieron que intervenir autoridades de Gobierno, ministerios y la propia dirección de Aduanas, lo que muestra es que existe un flujo de exportación ilegal de oro desde Bolivia.
A la fecha, el único detenido (22) fue beneficiado con la detención domiciliaria y las medidas sustitutivas, lo cual generó varias críticas.
Campanini recordó que el año 2023, cuando se debatía la ley para el fortalecimiento de las reservas internacionales del oro, en los documentos de propuestas de la ley se argüía, en toda la parte justificativa y de fundamento, que alrededor de la mitad del oro que se extrae, se exporta ilegalmente.
“Entonces, creo que es algo que nos tiene que llamar la atención, porque el oro es a pesar de esto, a pesar de que hay importantes volúmenes que se exportan ilegalmente, aún hoy, a pesar de ese bajón en términos de exportación, es uno de los principales minerales de exportación de Bolivia”, acotó.
El 22 de diciembre de 2020, en plena época de restricciones intermitentes por la pandemia del Covid-19, se confiscó a un ciudadano de la India, 318 kilos de oro valuado en 115 millones de bolivianos para ese momento. Se pudo intervenir debido a información que salió de la Gobernación de La Paz y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
Irónicamente la Fiscalía designó como custodio al mismo extranjero que intentaba traficar el oro y meses después desapareció el “investigado” y el metal precioso.
“Lo que muestra es que, no sé si es solamente ineficiencia o incluso complicidad de las propias autoridades (…). Aquí hay definitivamente un tema de exportación ilegal y obviamente un delito que de alguna manera está siendo propiciado o de alguna manera es partícipe de ciertas redes dentro del aparato estatal”, señaló.
Control y trazabilidad
¿Desde el Estado qué acciones podrían adoptarse para mejorar, el control y la trazabilidad del oro? Se le consultó, a lo que respondió: “Hay mecanismos que existen para el control, en este caso de la comercialización del oro, pero que han demostrado con estos hechos, ser insuficientes o ineficientes”, dijo.
Las causas de esa ineficiencia, según el investigador, se debe a la debilidad del Estado, porque cuando se habla con funcionarios o con el propio sector minero se señala que el Estado tiene poco personal, recursos económicos insuficientes y trámites que cumplir para llegar de manera oportuna a realizar los controles de la comercialización del oro.
“Al final somos un Estado, una economía relativamente pequeña y aún con insuficientes recursos económicos, pero lo que no se puede comprender es que siendo este uno de los sectores que mayor cantidad de divisas genera, no exista el esfuerzo de alguna manera proporcional por parte del Estado para ponerle atención, recursos, etcétera”, observó.
Campanini observó que el formulario que se debe llenar para las exportaciones legales del oro registra información del exportador del oro, la cantidad del oro, del destino de la exportación, origen, entre otros aspectos.
“Entonces hay muchas fases y bastante información dentro de este formulario que no son verificados por el Estado, Senarecom no verifica, no tiene la capacidad de verificar mucha de esta información”, advirtió.
Ante la imposibilidad de verificar toda la información del exportador, el especialista recordó que el interesado debe llenar una declaración jurada, que se le cree de buena fe a quien esté exportando que es cierto lo que está diciendo.
“Entonces eso da una pauta de que hay muchos aspectos de este control en la comercialización del oro que deberían tener algún grado de verificación por parte del Estado, verificación de dónde realmente está llegando el oro, quiénes son realmente los que supuestamente han extraído ese oro, etcétera”, manifestó.
En esa línea enfatizó en la necesidad de mejorar a nivel del control de la comercialización del oro y por ende, de la trazabilidad. “La trazabilidad entendida como: verificar, indagar y conocer cuál es el origen o qué cursos, qué ruta ha atravesado el oro desde el momento en el que se ha extraído hasta el momento en el que se exporta”, aseveró.
Dentro de las dinámicas que se realizaron en el Sexto Encuentro de la Contiocap, en la mesa referida a la minería se identificó como principales problmáticas en torno al oro, la explotación ilegal, la presencia de grupos armados, la deforestación, desmonte y avasallamiento a territorios indígenas y áreas protegidas, la falta de consulta previa, librte e informada, la rezonificación de áreas permitidas a la minería en reservas naturales, así como la trata de menores para la explotación sexual y comercial, entre otros aspectos.
Identificaron como parte de las soluciones, la implementación de mecanismios legales de defensa frente al avance del extractivismo en sus territorios, el respeto a tratados y acuerdos internacionales como el Convenio de Minamata referido a la reducción hasta el no uso del mercurio en la extracción de oro, el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a información ambiental y justicia social, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cumplimiento obligatorio de los Estados, de la consulta libre, previa e informada y de buena fe a quienes resultares afectados (as), así como la Constitución Política del Estado.
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