Por: Daniela Arratia*
En la Amazonía boliviana a los jaguares o a los felinos grandes se les llama «tigre». No por ignorancia, sino por memoria, por arraigo y por esa diversidad territorial que no llega a comprenderse en las ciudades llenas de cemento, donde a lo mucho una hormiga va a entrar a tu casa, pero las personas creen que tienen el derecho y el conocimiento para juzgar a través de una pantalla con arrogancia y racismo.
Debemos dejar de ignorar la realidad. En Bolivia existe una inmensa diversidad cultural, tradicional y territorial, con realidades muy distintas a las de las ciudades, en la Amazonía boliviana, la vida respira de otro modo, hay tierra viva bajo tus pies y hay verde volando a tu alrededor, con mariposas, lagartos y capihuaras cruzando sin prisa. Cuando levantas la mirada no hay asfalto, hay monte o selva y río. Ves el bosque en su estado más puro, ves vibrar, volar, correr, nadar y serpentear a la vida en un mar. No ese mar que perdimos, sino un mar inmenso vestido de verde que hoy también nos están arrebatando, como aquel otro en aquella guerra.
Estamos perdiendo frente a una guerra silenciosa que nos silencia, que nos mata, viola, amenaza, criminaliza, destierra, incendia, contamina, nos quita la comida y enferma. Es el extractivismo voraz al que nos enfrentamos, ese extractivismo vestido de minería que envenena con mercurio y cianuro mientras destruye nuestros ríos, y que va acompañado de la mano del agronegocio que envenena el alimento, quema nuestros bosques, mata nuestra hermana fauna y destroza nuestra selva.
El biocidio que ocurre día a día en nuestro país es la consecuencia directa de este despojo, y el Estado boliviano, es el responsable directo que consiente estas situaciones al incumplir su deber de debida diligencia, violando nuestros derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Este hecho no es un caso aislado, es la manifestación constante del despojo de la fauna de su hogar. La presencia de estos animales es un bioindicador urgente que nos está advirtiendo la crisis. La pregunta es: ¿vamos a escuchar? Nos están hablando y nosotros los estamos asesinando, el silencio también es complicidad.
La reconstrucción de estos hechos proviene del trabajo de campo en el Barrio San Francisco, escuchando a la familia del investigado y a los vecinos de la zona. No somos jueces ni fiscales para sentenciar a nadie desde un teclado, nuestra labor en el territorio fue escuchar, observar, contrastar e investigar sin asumir supuestos ni fabricar culpas.
El 8 de agosto de 2026 se registró la muerte de un jaguar en el Barrio San Francisco de Guayaramerín. Para comprender lo sucedido se requiere una contextualización geográfica y social. Es una zona periurbana al norte, alejada del centro de la ciudad, con grandes extensiones deforestadas para la siembra, la ganadería y nuevos asentamientos, que colinda directamente con el monte alto y la vegetación tropical, teniendo al frente las orillas del río Mamoré. Las calles son de tierra y ripio, las casas son unifamiliares con patios amplios y, sobre todo, con una fuerte percepción de abandono por parte de las autoridades locales y estatales, la zona se consolido a partir de 2014 aproximadamente (dato recogido de las entrevistas). Este dato refleja con claridad la expansión de la mancha urbana sobre los bosques.
Muchas de las familias del lugar se dedican a la recolección de castaña en el monte durante la temporada de zafra. Como nos explicaba una vecina de la zona: «Ellos van a castañear y necesitan tener armas, porque si no, se los come el tigre o cualquier otro animal». Entender la zafra castañera, la precariedad y la vulneración de derechos de esta labor es indispensable para comprender el contexto. Mediante las entrevistas, vecinos nos relataron que no es la primera vez que han visto un felino, sin embargo, es la primera vez que entra a una casa. «Yo he visto un tigre también en la carretera». La casa de los hechos se ubica en una esquina, frente a un matadero, en un entorno con gran presencia de animales domésticos como perros y gallinas.
El día lunes nos apersonamos al lugar de los hechos junto a periodistas de ANA y Ecuanasha medio digital Indígena. Lo hicimos sin avisos previos, permitiendo un acercamiento espontáneo. La gente no buscó esconderse de la prensa independiente, sino compartir su testimonio ante la conmoción. Durante las entrevistas, una vecina confirmó la trayectoria del animal desde el mediodía: «Sí, yo lo vi que pasó por mi casa, y pasó todo el barrio así cruzándose por los canchones, inclusive de la casa de la vicepresidenta saltó la barda».
El hecho habría ocurrido entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde. Cuando consultamos a los familiares y vecinos si habían presenciado la totalidad de la escena, el testimonio reconstruyó la secuencia sin titubeos: «Todos miramos… Yo estaba ahí sentada lavando y me levanté, me fui a tender lo de mis hijos allá al frente en el alambre. Mi papá estaba aquí barriendo el patio, y este mi niño estaba ahí con mi sobrina; él tiene 3 años y mi sobrina tiene 4. A lo que yo estaba tendiendo la tercera prenda de mis hijos, mi papá voltea hacia donde yo lavaba y ahí estaba el tigre, parado. El vecino estaba lavando al lado y mi papá le dice despacio: ‘El tigre, el tigre’. Él no escuchó, entonces mi papá le habló más fuerte: ‘¡El tigre!’. El tigre retrocedió, dio la vuelta por detrás y ahí se metió…».
La arquitectura del lugar son las dos calles, casas contiguas y puertas cerradas convirtió a la cocina sin puerta en el único espacio tipo «madriguera» disponible para el felino. Por la contextura física del animal, los testimonios coinciden en que se trataba de un ejemplar joven de jaguar. La presencia de perros y gallinas en el patio de la vivienda, sumada al matadero al frente de la casa y los corrales de la zona, podían haber actuado como una trampa sensorial irresistible para un animal desorientado. «Si no hubiera habido una persona mayor, se lo iba a cazar a mi hijo», recalcó un familiar.
Ni la familia ni los vecinos del predio llamaron a la policía por falta de información, pero tampoco a cazadores: «Nosotros que estábamos aquí, que lo miramos, no habíamos llamado a nadie». Fue la intervención de un tercero, un vecino de la zona, que encendió la mecha de la violencia colectiva. Este individuo comenzó a gritar en la calle, otro a grabar y a pedir que vengan para incitar la llegada de personas armadas al domicilio, «Ese señor empieza a llamar diciendo que vengan con armas», cuentan los relatos de una vecina de la zona.
En un barrio periurbano, con oficio castañero, donde la posesión de armas es habitual debido al trabajo en el monte durante la zafra, la consigna prendió como pólvora. En cuestión de minutos, la vivienda se vio rodeada por vecinos armados. Un ambiente de histeria colectiva sustituyó al miedo inicial, y fue en ese torbellino de gritos donde supuestamente le entregaron un arma de fuego prestada al joven de 26 años que es investigado con la finalidad de neutralizar la posible amenaza que permanecía acorralada en su propia cocina. «Él no lo mató porque tiene fractura y recién se está recuperando». Familiares relataron que el investigado tiene una fractura de mandíbula por la que no puede alimentarse y no puede masticar alimentos, ya que habría sufrido una operación hace tres días anteriores al hecho en Porto Velho: «Él está en tratamiento, no puede mascar», «hace tres días que llegó de Porto Velho».
«A él le prestaron el arma, pero él no lo mató al tigre», familiares mencionan que él no habría matado al jaguar, que incluso falló el primer tiro: «Lo que él hizo fue apuntar, pero le falló el tiro». El segundo hirió al animal: «Él le dio un tiro, pero el tigre no murió, vinieron otros señores, ellos sí lo mataron». La familia menciona que en ese momento habrían aparecido dos personas más con armas, uno de ellos una persona de edad avanzada, son quienes habrían disparado en repetidas ocasiones al animal. En la pared de la cocina se observa que varios tiros no fueron certeros, sin embargo, se requiere una pericia balística. ¨Ahora los que mataron huyeron», menciona la familia.
Una vez herido el felino, lo habrían lazado con una cuerda de la pata y lo habrían arrastrado al pilar. El señor de edad avanzada habría disparado contra el felino quitándole la vida a poca distancia. Vecinos y familiares mencionan que esta persona habría sido quien corta la cabeza, las patas y la cola del cadáver del jaguar, argumentando que él lo había matado y que ese era su trofeo: «Él no fue el que le sacó la cabeza, fue el viejito».
El resto del cadáver del jaguar habría sido arrastrado a la carretera. En ese momento, una mujer que había acudido a una vivienda de la zona a comprar pollo observó el cuerpo en la vía pública y preguntó: «¿No lo van a querer al tigre?». Ante la negativa, la mujer respondió: «Entonces yo me lo llevo». Habría cargado los restos en una motocicleta y se adentró rumbo al centro urbano de Guayaramerín, completando la cadena de apropiación y tráfico de fauna silvestre. «Yo vine a mirarlo y ahí fue cuando la señora dijo: ‘Ayúdenme a subirlo a la moto’ y se lo llevó», indica una vecina.
«Yo sin tener nada que ver, vino la policía a mi casa y querían que aparezca el cuerpo. Yo les dije: ‘Yo no soy Dios para que aparezca el cuerpo; solo Dios hace milagros'», indicó la vecina que vende los pollos.
Este tema no se trata de una falsa disputa sobre qué vida vale más, si la del animal o la del humano. Se trata de comprender que ambas vidas estaban en riesgo y que ambas fueron víctimas de un mismo abandono. Se trata de exigir que la justicia no se sustente en conjeturas de redes sociales ni en juicios de valor, que se indague con peritajes balísticos, autopsias veterinarias forenses, reconstrucción de hechos y ampliación de las investigaciones a los demás implicados en el desmembramiento y tráfico.
Una vez herido el animal, el temor ya se habría neutralizado. La forma en la que lo rematan y el ensañamiento posterior a través de la mutilación y el posible tráfico no tienen justificación. Sin embargo, se debe realizar una investigación rigurosa sin vulnerar el debido proceso ni la presunción de inocencia.
«Igual, si hubieran venido, ¿qué hubieran hecho?», mencionan vecinos y familiares. En este escenario se evidencia una clara falta de voluntad política por parte de las autoridades para prevenir estos hechos. Nos encontramos frente a una población que no sabe cómo reaccionar ante la presencia de fauna silvestre, porque el Estado jamás se ha preocupado por capacitar, por informar ni por dotar a las comunidades de protocolos de alerta temprana y convivencia. En lugares tan necesarios como son las ciudades de la Amazonía que tienen contacto cercano con el bosque, es donde debe primar el principio de prevención frente a estos acontecimientos. ¿Acaso más de 7 años de incendios forestales no son suficientes para aprender de nuestros errores como país, como instituciones estatales, como funcionarios públicos? ¿Cuántos casos de biocidio más deben ocurrir para que exista voluntad política?
Buscando más respuestas nos dirigimos a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín. Al acudir a la contraparte institucional, la realidad de la gestión pública resulta tan crítica como la desprotección de los barrios. La UGR, instancia responsable de responder ante contingencias climáticas y desastres naturales, opera con un déficit presupuestario y de personal sumamente alarmante. Un municipio fronterizo clave para la Amazonía boliviana que enfrenta la presión de los incendios y la sequía con un solo funcionario «una UGR de un solo responsable». Sin equipamiento, sin vehículos de respuesta rápida, la capacidad operativa del municipio para contener contingencias climáticas o casos como este de presencia de animales en la mancha urbana es posiblemente nula.
Desde la misma UGR se reconoce que lo ocurrido en el Barrio San Francisco no fue un evento aislado. En sectores como el barrio El Triunfo ya se han registrado avistamientos de jaguares deambulando. Para los técnicos locales, estos felinos están actuando como bioindicadores de una catástrofe ambiental mayor, los ecosistemas devastados por los incendios obligan a la fauna a alterar drásticamente su comportamiento.
«En otras oportunidades han salido también acá, en El Triunfo. Esto para mí son bioindicadores de que un comportamiento extraño ocurre o va a ocurrir. Nosotros trabajamos bajo proyección, la proyección más fuerte que vamos a tener de impacto acá es en noviembre, con el pico más alto de temperatura. Las sequías se han extendido».
¿Guayaramerín está realmente preparada para esta situación? La falencia no se debe únicamente a la falta de presupuesto o al hecho de contar con un solo funcionario para todo el municipio en la UGR, responde a un modelo normativo y político diseñado para reaccionar tarde. Es el propio responsable de la UGR de Guayaramerín quien sintetiza la falencia de fondo del sistema, «Estamos actuando con las normativas antiguas. Vivimos bajo un sistema asistencialista cuando deberíamos tener un sistema de prevención, anticiparnos a los eventos».
La advertencia municipal para el cierre del año 2026 es sombría, las proyecciones meteorológicas señalan que el pico más alto del Fenómeno de El Niño en el territorio boliviano traerá graves consecuencias, prolongará las sequías e intensificará los focos de calor. Es aquí donde la pregunta muta a ¿está Bolivia preparada para esto? Lo trágico de este episodio del joven jaguar en la cocina de una familia no es más que el síntoma inicial de una crisis socioambiental anunciada que encontrará a las autoridades locales sin personal, sin recursos y sin protocolos de contención como hasta este momento.
Por lo visto en las acciones realizadas por la Alcaldía, Gobernación, POFOMA y Fiscalía no invierten en prevención, brigadas territoriales, monitoreo de hábitat, educación ambiental periurbana ni protocolos de investigación de delitos ambientales. Solo aparecen después del desastre para levantar a los muertos o apagar los incendios cuando ya devastaron miles de hectáreas de vida.
Prevenir significaba tener alertas tempranas cuando el jaguar ya cruzaba las bardas del barrio El Triunfo o San Francisco, contar con dardos tranquilizantes, un vehículo de rescate y un biólogo de turno para reubicar al animal antes de que entrara a una cocina, pusiera en posible riesgo a niños de 3 y 4 años y fuera cruelmente asesinado para posteriormente ser mutilado y traficado. Este caso expone el patrón recurrente con el que opera la institucionalidad boliviana frente a la crisis ambiental. Se prefiere la lógica del «Estado reactivo» que solo actúa cuando la tragedia está consumada, en lugar de construir un modelo preventivo de convivencia con la fauna y gestión territorial. Al no existir prevención, el Estado delega el manejo del riesgo en la población civil que esta desprotegida, para luego enviar a la Policía y a la Fiscalía a juzgar bajo un rigor punitivo que jamás aplicaron para prevenir la crisis.
Desde la administración municipal se describe con crudeza cómo la tala indiscriminada, la expansión de la ganadería y la proliferación de aserraderos portátiles están devorando el bosque desde sus entrañas, «En la extracción de madera tenemos aserraderos portátiles por todo lado ahorita. Pando tenía monte virgen hasta hace unos 5 años en Buena Esperanza; ahora va a encontrar aserraderos portátiles por toda la zona, toda la carretera, y parece que hubiera ocurrido una guerra por el humo. Están quemando y extrayendo carbón» situación que también denuncian los pueblos indígenas de la CONTIOCAP.
Esta destrucción en cadena ha golpeado el corazón de la Amazonía y la recolección de la castaña. Las quemas sistemáticas año tras año y la pérdida de cobertura forestal han ahuyentado y destruido a las poblaciones de insectos polinizadores indispensables para la floración del castañal. La consecuencia es un déficit histórico en la producción del fruto, lo que obliga a la población local a adentrarse cada vez más profundo en la selva en busca de castañales productivos, invadiendo el territorio crítico de la fauna silvestre.
«Tenemos el problema del déficit de castaña. Una muestra clara de por qué está bajando la producción es por las personas que están migrando a los lugares donde hay más y se están asentando; el polinizador se va huyendo y la planta ya no produce», menciona el funcionario.
A este colapso ecológico y social se suma un estrangulamiento institucional flagrante. La Unidad de Gestión de Riesgos no solo carece de un presupuesto digno y de personal suficiente para responder a las emergencias, enfrenta además un cerrojo normativo interno. Según revelan las autoridades locales, normativas aprobadas por gestiones anteriores bloquearon la entrada de cooperación internacional y ayuda de ONGs. Cuando el municipio arde o cuando la fauna huye hacia la ciudad, las autoridades locales no pueden canalizar el auxilio externo por trabas burocráticas autoimpuestas, mientras el Estado central mantiene a la región en un abandono presupuestario absoluto. «La Unidad de Riesgos no tiene un techo presupuestario satisfactorio, pero una de las metas es, con lo poco, fortalecer lo que se pueda esta región. Falta mucho, Dios quiera que no sea difícil», concluyen los funcionarios entrevistados quienes asumieron hace poco sus cargos en el municipio «Estamos queriendo trabajar con alianzas para fortalecer».
Desde la Unidad Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín se confirmó que la investigación del caso fue remitida de manera exclusiva al Ministerio Público, limitándose el Municipio a realizar un seguimiento administrativo.
«Estamos haciendo seguimiento; no nos corresponde dar un juicio de valor porque quien tiene que ver el caso es el Ministerio Público. Nosotros vamos a seguir para ver hasta dónde se llega, si se va a sentar un precedente… Tengo entendido que el investigado tiene 60 días de detención preventiva». Cuando preguntamos a la Unidad Ambiental si al momento de intervenir en la zona pudieron conocer el contexto, la situación o la correlación de los hechos, la responsable mencionó:
«Nos dijeron que lo que hicieron fue porque los niños estaban en la calle, las casas son patio con patio al aire libre y los niños juegan afuera. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la vivienda, esta estaba cerrada con llave y con candados. En los videos de las redes se evidencia que la vivienda está cerrada con candados, no había nadie, nadie vive ahí; esa vivienda estaba deshabitada. Si usted ve los videos de las redes, hay dos puertas que están con candados y el animalito lo que hace es entrar a la puerta que está abierta, que es la cocina, solamente que está abierta porque es la cocina al aire libre». Sin embargo, cuando nosotros estuvimos en la casa de los hechos, pudimos constatar que la cocina no está al aire libre, está en una habitación que no tiene puerta. De igual manera, vimos claros indicios de que la familia sí vive ahí, la ropa estaba secando en el patio, tienen gallinas en el canchón, la cocina tenía víveres e insumos, y las habitaciones estaban abiertas.
Por su parte, las autoridades afirman la existencia de un registro en video de un presunto cobro por el cuerpo del jaguar; no obstante, se aclara expresamente que dicha prueba no ha sido puesta a disposición pública ni compartida con nosotros.
Se debe analizar si esta medida cautelar es desproporcionada o si expone las costuras de un sistema policial y judicial que busca efectivisimo mediático antes que rigor investigativo. En Guayaramerín, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) estaría funcionando desde hace apenas tres meses con efectivos nuevos, según se relató en las entrevistas realizadas. Es una unidad policial recién instalada, carente de experiencia en manejo de fauna y sin personal especializado para el peritaje en campo en un caso como este. La desconexión entre las instancias llamadas a proteger la biodiversidad y la seguridad ciudadana raya en la negligencia actual e histórica.
«Tengo entendido que hace tres meses funciona POFOMA». Al consultar sobre los antecedentes y protocolos previos al establecimiento de POFOMA para el manejo de fauna en el municipio, responsable de la Unidad Ambiental admitió desconocimiento debido a su reciente incorporación al cargo. Más alarmante aún es el nivel de improvisación en las relaciones interinstitucionales, la Unidad Ambiental del Municipio y POFOMA tomaron contacto por primera vez apenas una semana atrás, con motivo del rescate fortuito de un puercoespín. «Recién hemos tenido contacto hace una semana atrás; hicimos el rescate de un puercoespín, fue ahí donde ya tuvimos contacto con el teniente de POFOMA», afirma la funcionaria.
Esto confirma que, al momento en que el joven jaguar recorría los canchones del Barrio San Francisco, no existía un solo protocolo de acción conjunta, ni una línea de emergencia articulada, ni una brigada de respuesta entre la Alcaldía y la policía ambiental. La presencia de POFOMA desde hace tres meses en Guayaramerín era, hasta hace días, una formalidad de escritorio sin arraigo en el territorio. Ante la ausencia de un Estado coordinado que supiera reaccionar, la emergencia recayó sobre el pánico vecinal.
Frente al colapso en el Barrio San Francisco, la respuesta de la Unidad Ambiental del Municipio muestra la desconexión con la que se administra la crisis en la ciudad: «Esto nos tiene que servir de lección a nosotros para poder fortalecernos institucionalmente y ver qué instancia hace qué cosa» menciona la funcionaria, La intención de «fortalecimiento institucional» y la clarificación de competencias entre la Alcaldía y POFOMA no provinieron de planes de contingencia, manuales de procedimiento o capacitaciones previas, se lograron a costa de un joven jaguar mutilado en la vía pública.
La justicia y la prevención ambiental en Bolivia usan a las tragedias como laboratorio de ensayo a prueba y error. Mientras las autoridades aprenden sobre la marcha qué función cumple cada escritorio, la fauna huye del fuego de los aserraderos portátiles y las familias periurbanas son abandonadas. La indefensión en la que habitan los barrios de la periferia y la fauna en Guayaramerín, no es una percepción ciudadana, es una realidad técnica admitida por las propias autoridades. Al ser consultada sobre los protocolos de rescate o la posibilidad de anestesiar a la fauna silvestre que irrumpe en la mancha urbana, responsable de la Unidad Ambiental fue categórica, «Nosotros como Unidad Ambiental no tenemos la capacidad de poder ir a sedar a un animal: no tenemos los sedantes, no tenemos a la persona capacitada para que pueda ir, y POFOMA tampoco lo tiene».
Esta declaración expone la trampa en la que el Estado atrapa a sus ciudadanos. El Municipio no cuenta con dardos tranquilizantes, ni con veterinarios de fauna silvestre, ni con vehículos de contención. Si la familia del Barrio San Francisco hubiera intentado esperar el auxilio municipal mientras el felino estaba junto a los baldes de agua, la ayuda jamás habría llegado. El Estado abandona a las comunidades a su suerte y carece de los medios más elementales para gestionar y proteger a la biodiversidad. Incluso si la familia o los vecinos hubieran logrado comunicarse con POFOMA o la Unidad Ambiental mientras el felino deambulaba por el barrio, las autoridades no habrían sabido qué hacer con el animal.
La investigación de este caso expone una posible falencia procedimental profunda, recayendo en la sustitución de la pericia investigativa por el efecto mediático en redes. En la era de la inmediatez digital, las redes sociales tienden a fragmentar, descontextualizar y distorsionar los hechos, construyendo juicios de valor donde la indignación sustituye a las pruebas, pero lo más alarmante es que el aparato policial y judicial actúe bajo esa misma lógica, ante la presión del algoritmo y el clamor de las masas.
Los temas ambientales no son materia ligera ni espectáculo digital, involucran vidas humanas y vidas animales. Exigen peritos especializados en biología de fauna, profesionales en criminología ambiental, levantamientos de hechos reales y una fiscalización seria que indague la cadena completa del hecho. Apaciguar las redes sociales no es hacer justicia, es encubrir la incompetencia estatal, dejar impunes a las redes de tráfico y deja de lado a los demás implicados del hecho.
Esta investigación no responde a una bandera partidaria ni a la disputa superficial entre facciones políticas de derechas e izquierdas. No se trata de nombres, de candidaturas ni de banderas de turno. A lo largo de las últimas décadas, los distintos gobiernos a través de sus funcionarios e instituciones han funcionado como títeres administradores y ejecutores de una misma matriz destructiva, subordinados a los grandes intereses del agronegocio, la minería y el extractivismo transnacional. Los gobiernos pasan, pero la política de despojo y remate de la tierra permanece intacta.
Este modelo estructural nos está deshumanizando. Matar o traficar a un animal silvestre no es un hecho aislado, es el síntoma de una sociedad que ha naturalizado el despojo. No existe justificativo ético ni humano para sacrificar la vida de un ser sintiente por el capricho de una chamarra, un collar de colmillos, una billetera de piel o el mascotismo ilegal. Cada especie que extinguimos es un pedazo de nuestra propia supervivencia que destruimos, el cambio climático no es una abstracción ideológica, es la respuesta directa a un territorio al que le hemos arrancado sus bosques y sus animales.
Ahora que las redes sociales son más fuertes, la lucha ambiental debe ser más ética aún debemos trabajar sobre la base de información real e investigación, no actuando simplemente al calor de las masas. Ese juzgamiento irresponsable le ha traído gravísimas consecuencias a Bolivia este último tiempo, sembrando separación y división social vestida de racismo, cuando lo que menos necesitamos es enfrentarnos entre nosotros.
Estamos perdiendo frente a una guerra silenciosa que extermina al país, despoja a los pueblos, devasta la fauna, calcina la flora y nos arrebata la vida, alimentada por el extractivismo y el agronegocio que día a día nos quitan nuestro mar verde.
Ahora pregúntate: ¿quiénes son los verdaderos responsables de la muerte del tigre en Guayaramerín? Serán exactamente los mismos detrás de las próximas noticias que están por estallar con la temporada de incendios provocados. Todo se diluye en una humareda mediática que busca acallar la verdad de inmediato, una cortina de humo que tapa resoluciones judiciales sin cumplirse, casos abiertos que jamás avanzan, defensores criminalizados, redes de tráfico de fauna y biocidios en la total impunidad. Para la justicia, estas tragedias son solo papeles acumulados y fotos de archivo, para el morbo público, que genera puro sensacionalismo, protagonismo y racismos disfrazados.
A nadie en el poder le importa la vida que se apaga. La selva ya no tiene adónde retroceder. Y ahora, sabiendo que están destrozando tu propio hogar, ¿qué vas a hacer tú?
*Es abogada en DDHH y medioambiente, activistas del Colectivo Lucha por la Amazonia Boliviana
