La autoridad dijo que es necesario que las comunidades afectadas por la minería ilegal participen de la construcción de la nueva Ley de Minería, que se aborda en la Cumbre Nacional de Minería 2026.
La Paz, 23 julio (ANA).- En un contexto de realización de la Cumbre Nacional de Minería, donde el Gobierno se reúne con actores productivos mineros estatales, privados y cooperativas, el viceministro del Desarrollo y Medioambiente, Jorge Ernesto Ávila afirmó que no es posible construir una nueva Ley Minera sin el componente ambiental y la participación de los afectados por la contaminación que genera esta actividad.
“Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible, por tanto, entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, afirmó en entrevista con ANA.
En esa línea dijo que el Viceministro de Minería ha conocido el criterio enviado por su cartera y se coordinó la actualización del reglamento para la actividad de la minería en Áreas Protegidas (AP), especialmente para la otorgación de los Certificados de Compatibilidad de Usos (CCU).
Ávila señaló que siendo que la Ley 535 de Minería y Metalurgia en vigencia permite la actividad minera en áreas protegidas, estas deben llevarse adelante en el marco de las normas ambientales.
“Es importante la participación de comunidades afectadas”
En criterio de Ávila, la Cumbre Minera que se desarrolla por seis mesas temáticas en instalaciones de la Universidad Privada Boliviana (UPB) debe contar con la participación de todos los sectores.
“Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, porque el daño que genera una actividad minera ilegal irresponsable no solo afecta a las comunidades indígenas, evidentemente son los primeros damnificados, pero afecta a todas las comunidades del país”, sostiene.
Acotó que hay comunidades campesinas en la provincia Ixiamas de La Paz o en el departamento de Pando que están sufriendo repercusiones en su salud por consecuencia de la minería ilegal y por tanto, todos los sectores deberían ser escuchados para la construcción de una norma que permita encontrar una actividad minera sostenible.
Hay abundante evidencia científica que demuestra el impacto en la salud de comunidades indígenas ribereñas de la Amazonía del mercurio que consumen a través de los pescados.
Desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Viceministerio de Medioambiente -dijo Ávila- se asumió la responsabilidad de llevar adelante una estrategia para combatir la minería ilegal. “Solo que esta estrategia necesariamente tiene que ser conocida, reconocida y aceptada por muchas instancias del Estado y desde la sociedad civil también”, señaló.
En esta estrategia explicó que están involucradas los gobiernos municipales, departamentales y el nivel central a través de las Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entre otros para llevar adelante una estrategia que permita resolver la problemática de la minería ilegal en el país.
“No estamos en contra de la minería, sabemos que es una necesidad, sabemos que hay familias que viven de aquello, pero lo importante es que se circunscriba a un concepto de sostenibilidad que el Gobierno está tratando de implementar desde el principio de la gestión. No es fácil, el sector de la minería cooperativista es fuerte, es un sector que tiene muchísimas influencias”, expresó.
Tras reunirse con las empresas estatales y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) dependientes del Estado, este jueves el Gobierno a través de sus instituciones llevó adelante el diálogo con los representantes de las cooperativas mineras y empresas privadas en seis mesas técnicas de trabajo.
La mesa 1 abordó el tema de seguridad jurídica minera; 2) Contratos mineros; 3) Institucionalidad y organización del sector minero; 4) Comercialización, trazabilidad y minería ilegal; 5) Medioambiente y 6) Desarrollo Productivo, inversiones e incentivos.
La Cumbre Nacional de Minería se desarrolló en medio de cuestionamientos por una serie de restricciones al trabajo de la prensa, para la realización de la cobertura de las mesas técnicas. Se estableció que las credenciales de acreditación solo servirían para la inauguración y clausura del evento, sin embargo el interés de periodistas y medios hizo que el espacio destinado para el encuentro en la Universidad Privada Boliviana (UPB) rumbo a Achocalla, contara con la presencia de comunicadores.
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