“El eje ambiental es solamente discurso, porque buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, advierte el pronunciamiento.
La Paz, 23 julio (ANA).- Un contundente pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) emitido en las últimas horas, da cuenta del rechazó contundente a la marginación a sectores como pueblos indígenas, organizaciones ambientales y medios de comunicación y exige por tal motivo la interpelación del ministro de Minería, Marco Calderón de la Barca.
Términos engañosos e incumplimiento de consulta previa e informada
El comunicado de la organización indígena y que es firmado por alrededor de 18 organizaciones demanda también el tratamiento de una ley de protección de cuencas hídricas que estima como la más importante y urgente ante la intensificación de la minería, a tiempo de rechazar el no cumplimiento con la consulta previa, libre e informada “y no solo a organizaciones o dirigentes sometidos a los poderes políticos y económicos”.
De la misma manera Contiocap pidió al gobierno que deje de usar al término de “minería responsable” por considerar que el mismo es de carácter engañoso, “porque el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas, y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.
Diálogo solo con cuatro actores
En esa línea se consideró que es insuficiente que el gobierno de Rodrigo Paz llame a diálogo para efectuar un nuevo código minero al tomar en cuenta solo a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones estatales, “pero la minería en Bolivia no solo es de interés de estos cuatro actores, es de interés del Pueblo Boliviano en general”.
La Coordinadora indígena estimó que una nueva Ley Minera atinge no solo a mineros estatales, privado y cooperativas, sino que va más allá del interés de esos cuatro actores, pues interesa a todo el pueblo boliviano en la medida en la que todas las actividades mineras se realizan en sus territorios, en municipios y áreas protegidas a pesar a estar estos espacios amparados por la Constitución Política del Estado (CPE), convenios internacionales y otras normativas, “existimos muchos más actores para un real diálogo, y no solo entre el sector minero y el gobierno”.
Ejes temáticos parcializados con la minería cooperativista
Si bien los ejes temáticos definidos por el Gobierno consideran seguridad jurídica, institucionalización, comercialización, lucha contra la minería ilegal, contratos mineros, medio ambiente y minería responsable, además de incentivos para inversiones, los mismos fueron considerados por Contiocap insuficientes y totalmente parcializados con los intereses de la minería en detrimento del medio ambiente y la población.
“Como primer punto de los seis ejes temáticos, está la «seguridad jurídica minera», es decir, quieren darle mayor seguridad jurídica a un sector privilegiado que viola constantemente todos los derechos de nuestros Pueblos Indígenas con la contaminación, degradación y desertificación de los suelos que se convierten en ecocidio, biocidio y etnocidio, además de violar derechos de toda la población, y normas ambientales”, señala el pronunciamiento.
En referencia a los demás ejes el referido comunicado observa que los mismos se inclinan a una política extractivista favoreciendo así intereses externos.
“(Ello) nos demuestra que el plan del Gobierno de Rodrigo Paz es intensificar la minería en Bolivia, sometiéndonos a ser un país extractivista exportador de materias primas para intereses externos que vienen financiando la realización de eventos relacionados a la minería en Bolivia, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la Commercial Law Development Program y el Departamento de Comercio de Estados Unidos entre otros”, sostiene el comunicado.
Comunicado inextenso
Ante el anuncio inicial del Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia sobre la realización de una Cumbre Nacional Minera, la cual actualmente se lleva en reuniones bilaterales con el sector minero, sin indicar lugar ni hora ni fechas, desde la Contiocap emitieron el siguiente manifiesto:
1. El gobierno de Rodrigo Paz, llama a “diálogo” para la construcción de un Nuevo Código Minero, bajo seis ejes temáticos, identificando como actores solamente a la minería estatal, a las cooperativas mineras, a las empresas mineras e instituciones del Estado. Pero la minería en Bolivia no solo es de interés de estos cuatro actores, es de interés del Pueblo Boliviano en general, y dado que todas las actividades mineras se realizan en nuestros territorios indígenas e incluso en áreas protegidas, las cuales están protegidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y Convenios Internacionales suscritos por Bolivia, existimos muchos más actores para un real diálogo, y no solo entre el sector minero y el gobierno.
2. Por otro lado, como primer punto de los seis ejes temáticos, está la “seguridad jurídica minera”, es decir, quieren darle mayor seguridad jurídica a un sector privilegiado que viola constantemente todos los derechos de nuestros Pueblos Indígenas con la contaminación, degradación y desertificación de los suelos que se convierten en ecocidio, biocidio y etnocidio, además de violar derechos de toda la población, y normas ambientales. Y es también el único sector que goza del privilegio de ser amparado por la fuerza pública, establecido en el Art. 100 (Amparo Administrativo) de la Ley de Minería, contra cualquiera que atente al desenvolvimiento de sus actividades. Mientras las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, en 17 años de la Nueva Constitución Política de Estado, que reconoce nuestro derecho al territorio por derecho ancestral (Art. 2), a nuestra autodeterminación y a la Consulta Libre Previa Informada y de buena fe, aún no hemos tenido ninguna de las garantías jurídicas establecidas en la Constitución Política y Convenios Internacionales para el respeto de nuestros territorios y de nuestra autodeterminación.
3. En cuanto a los demás cinco ejes, que busca la “institucionalización” (formalización) del sector minero, así como la “comercialización”, “lucha contra la minería ilegal”, “contratos mineros”, “medio ambiente y minería responsable”, e “incentivos para inversiones” en minería; nos demuestra que el plan del gobierno de Rodrigo Paz es intensificar la minería en Bolivia, sometiéndonos a ser un país extractivista exportador de materias primas para intereses externos que vienen financiando la realización de eventos relacionados a la minería en Bolivia, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la Commercial Law Development Program y el Departamento de Comercio de Estados Unidos entre otros. Para ello enmascaran los impactos de la gran minería cooperativizada y empresarial con términos como «sostenible» o «responsable», mientras buscan criminalizar la minería de subsistencia que siempre se hizo por nuestros pueblos indígenas, y reconocer como formales únicamente a las cooperativas y empresas privadas mediante contratos a externos y foráneos a nuestros territorios, lo cual significa la invasión y entrega de nuestros territorios, las áreas protegidas y recursos naturales del pueblo boliviano, bajo la fachada de “seguridad jurídica para los mineros”.
4. Finalmente, el gobierno de Rodrigo Paz, demuestra su poca capacidad y falta de visión de país, al impulsar un Código Minero de interés nacional, a espaldas del pueblo boliviano. Además de excluir de este diálogo a nuestros Pueblos Indígenas que somos víctimas de la contaminación con mercurio de la minería de oro cooperativizada y empresarial extranjera transnacional, así como a defensores ambientales tanto indígenas y de la sociedad civil. Lo cual también nos indica que el eje ambiental, es solamente discurso, porque buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual son responsables la minería aurífera en la Amazonía, la minería en Tierras Altas, y la Minería de Tierras Raras en el Oriente Boliviano, que son constantemente denunciados por organizaciones que defendemos derechos de pueblos indígenas y derechos de la Madre Tierra como la CONTIOCAP.
5. Adicionalmente, los mineros demandan el cumplimiento de acuerdos firmados con el gobierno, que no es otra cosa que la entrega de territorios indígenas y áreas protegidas al sector minero, que al reunirse prácticamente de manera clandestina con el sector minero, es una muestra más de que el gobierno actúa de espaldas al pueblo, discriminando a nuestros Pueblos Indígenas, a los defensores ambientales, y medios de comunicación para sentar las bases de políticas que nos afectará a nosotros ahora y a las futuras generaciones.
Se solicita:
1. Solicitar a legisladores comprometidos con los altos intereses del país, una interpelación al ministro de minería por promover una cumbre minera de grandes impactos a espaldas del pueblo boliviano, y por realizar diálogo sectorializado solamente con los mineros.
2. Exigir el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente.
3. Rechazar enfáticamente que tanto el gobierno y el sector minero tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos a sectores mineros o cualquier otro sector extractivista o actores no extractivistas, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución Política del Estado. Y respetando las formas propias de toma de decisiones de nuestros Pueblos Indígenas y no solo a organizaciones o dirigentes sometidos a los poderes políticos y económicos.
4. Pedir que el gobierno y ciertos actores dejen de usar engañosamente términos como «minería responsable», porque el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos; es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas, y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas, que no pueden ser encubiertos bajo el término de “sostenible o responsable”.
5. Instamos a los organismos estatales de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, a la sociedad civil boliviana a exigir mayor participación y control social sobre decisiones de políticas nacionales que van a afectar a las futuras generaciones.
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