La mayoría de los fuegos fueron provocados siguiendo intereses económicos y políticos y pueden ser identificados, pero no hay voluntad para ello por parte de las instancias gubernamentales, así como la ayuda a los bomberos se esfuma en la burocracia y el favoritismo extractivista
La Paz, octubre de 2024 (ANA).- Con la finalidad de acabar con los incendios, quemas y desmontes, detener la deforestación y para garantizar la restauración y regeneración de los sistemas de vida, fue presentado en los espacios del paraninfo de la UMSA, el proyecto de ley denominado “Ley por los Bosques y otros Sistemas de Vida” a cargo de la senadora Cecilia Requena y otros parlamentarios como los senadores Miguel Rejas, Andrea Barrientos, Fernando Vaca y Patricia Arce.
En el evento estuvieron presentes bomberos voluntarios, representantes de comunidades indígenas, guardaparques y colectivos ambientales, entre otros, que volcaron sus esperanzas y expectativas en que el proyecto, de ser aprobado, luego de su revisión en instancias parlamentarias, sea promulgado y se constituya en un instrumento que frene la vorágine incendiaria y la expansión irracional en áreas forestales orientada al beneficio del agronegocio, minería, ganadería, traficantes de tierras e interculturales, sin escatimar más instancias semejantes.
También se contemplan sanciones a los funcionarios públicos
“Tenemos un camino bien difícil y que mucha gente se está oponiendo con malas razones y que nosotros estamos abiertos y lo seguimos a sugerencias, propuestas, contrapropuestas que no nos han llegado y vamos a tener que tomar decisiones difíciles, pero que el trabajo por la vida…eso no va parar y va seguir pase lo que pase”, manifestó una de las principales proyectistas, la senadora Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente que corresponde a la Cámara de Senadores perteneciente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Entre las estipulaciones del proyecto normativo, cabe mencionar el que los bosques no pueden ser convertidos a otros usos del suelo, que los bosques naturales en áreas de vocación forestal deben ser protegidos y conservados, tanto en áreas fiscales como en propiedades agropecuarias ni otorgar -en este caso se hace referencia a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)- áreas de aprovechamiento minero en sectores afectados por el desmonte, la quema y los incendios, así como la importancia de la regeneración de esos espacios naturales.
“…es indispensable, no solo la restauración que implica una intervención, sino la regeneración, para la regeneración se necesita más tiempo y se necesita dejar y eso también está planteado en nuestro proyecto de ley, se necesita dejar que los lugares ilegalmente quemados queden en una pausa para que la naturaleza tenga el chance de regenerarse”, enfatizó la representante de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado.
En ese sentido, y haciendo referencia tanto a sanciones como prohibiciones, el proyecto establece: “Queda prohibido todo régimen de excepción de condonación de multas, así como todo tipo de beneficio a personas naturales o jurídicas que hayan realizado desmontes o quemas ilegales”.
“…nosotros tenemos una tabla de multas y hay otras sanciones más para también los funcionarios públicos que no cumplen con su deber, no son solo los ganaderos, no son solo los…al final es una cosa más múltiple, pero lo ideal sería que los ganaderos no quemen…”, remarcó la senadora Requena.
De la misma manera se propone la modificación de la redacción del artículo 206 de la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997 (Código Penal Boliviano) de la siguiente manera: “Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas nacionales o municipales, áreas fiscales de vocación forestal, sitios Ramsar, unidades de conservación, áreas de recarga hídrica, centros de custodia y cualquier tierra de protección definida por normativa vigente del Estado, ocasionando daño a la flora o fauna silvestre del área afectada, incurrirá en privación de libertad de (seis) 6 a (doce) 12 años”.
“Uno no puede pagar cuando ha hecho ese daño, el daño es impagable, uno no puede pagar ni con toda su vida el daño que ha hecho y eso es importante, Entonces a partir de ahí surgen ese tipo de propuestas, pero en todo caso debo decir, si ese tipo de penas aumentan, no son tampoco la solución, meter a la gente a la cárcel, hay que tener otras soluciones que cambien los incentivos y eso es también lo que tratamos de hacer con el proyecto de ley, eso es ordenar la sociedad de manera que no tengamos que meter a nadie a la cárcel, ojalá, y que juntos vamos a hacer lo que nos conviene a todos”, subrayó.
Falta voluntad para revelar quiénes son los responsables de los incendios
El proyecto cita literalmente entre en sus antecedentes, “En la Constitución Política del Estado de Bolivia se ha definido que los bosques son un patrimonio natural de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales (Artículo 346, CPE).
Y siempre en ese marco se consultó con el economista ambiental, Stasiek Czaplicki, quien consideró que es posible dar con la identificación de los autores físicos y los responsables de los incendios forestales, siendo estos datos que están en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entre otras, y por supuesto, a esos responsables se los puede procesar y sancionar, pero falta voluntad política para hacerlo.
“La identificación de los predios y personas responsables detrás de los incendios se puede dar y se da mediante los análisis de cicatriz de quema, qué quiere decir eso, que tú analizas a través de imágenes satelitales dónde inició el foco de calor, dónde se esparció y, en la medida que identificas aquello, después tienes que ir en campo, verificar, hablar con los dueños del predio y en la medida que no puedas identificar quien físicamente prendió el fuego, el dueño tiene que responder de aquello.
Paralelamente, el especialista, a tiempo de corroborar lo manifestado, explicó que lo que falta no es por tanto información sobre quiénes son los responsables, esa la hay y debería ser revelada para proceder a sancionar y actuar contra esos procedimientos ecocidas, etnocidas y biocidas.
“Ahora todo eso dicho, asumimos que lo que falta es esta información para poder proceder, pero no es así, la verdad es que la ABT y muchas instituciones que hacen estos análisis te pueden decir con claridad toda la lista de los predios de dónde han iniciado focos de calor, incendios que después se hicieron el 2022, 2023, sin embargo, eso no es lo que falta, lo que falta es voluntad política para llevar adelante las acciones, las multas y todos los procedimientos administrativos que vienen con aquello…”
Inclusive, el economista e investigador ambiental no cree que a las actuales autoridades gubernamentales, tanto del sector arcista como del sector evista del Movimiento Al Socialismo, les preocupe realmente la problemática ambiental y mucho menos el darle solución, pues en realidad es probable que hasta cierto punto deseen tapar la crisis económica-financiera que es lo que les preocupa.
”Honestamente, lo que para mí queda claro es que es una pelea entre dos bandos, donde uno es el gobierno que llevó adelante estas políticas públicas tantos años y el otro que las está llevando adelante desde un par, entonces en ambos casos es un empate, digamos es un consenso de dos alas masistas que en ambos casos están a favor de lo que está pasando y que consideran que lo que está ocurriendo de expansión agropecuaria es el resultado exitoso de sus políticas públicas”.
Instancias partidistas de distintos colores, tanto del oficialismo como de la oposición con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) votaron para “apoyar a la agroindustria, beneficiándola excesivamente y que en vez de generar valor agregado se incide en grave detrimento de la economía nacional, al respecto enfatizó Czaplicki:
“Entonces para mí queda claro que no importe el partido político que esté ahí detrás, hay un consenso entre todas las fuerzas del país para apoyar esta expansión y este ecocidio, no importe cuál, evidentemente en los meses de incendio hay un cierto nivel de tratar de ser más políticamente correcto, de no tomar medidas demasiado evidentes a favor del agro, porque si no, saben que les puede generar un poco de rechazo, pero no es una preocupación primordial de ninguno de esos sectores”.
Fuegos intencionales, gente vinculada al MAS y burocracia en la ayuda contra los incendios
También estuvieron presentes en la aprobación del proyecto de ley, la bombera voluntaria Silvana González y Marcos Uzquiano, éste último guardaparque y presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), en ese sentido la luchadora contra los incendios manifestó que la ayuda tan publicitada para las sofocar las quemas y ayudar a las víctimas no llegó a quienes debería llegar.
“Lamentablemente, año tras año, no existe tal ayuda o muy poca, que la hay. Nosotros como bomberos voluntarios llegamos primero al Centro de Oficiales del Ejército (COE) Departamental Santa Cruz, y realmente es una burocracia que existe, la verdad un día estuvimos esperando para poder ingresar y a la falta de esa eficiencia, nosotros tuvimos que decidir al lugar donde pudimos entrar, y también nos han prometido equipamiento, apoyo, y no…entonces gracias a las comunidades pudimos ingresar…”
A su turno Marcos Uzquiano, de Abolac, recalcó que en cuanto a áreas protegidas afectadas, la más fue el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, el Parque Nacional Noel Kempf Mercado, el ANMI Otuquis, el PNANMI Madidi, inclusive en zonas de protección estricta como en las cabeceras del Río Hondo, sin dejar de lado al sector de Pampas y en zonas de amortiguamiento externo en zonas de la Estación Biológica del Beni fueron oportunamente controladas respecto al avance de los incendios forestales.
En referencia al carácter de la reforestación y la restauración, Uzquiano consideró que estas medidas no son suficientes, “Absolutamente, yo pienso que la mejor cura en estos casos es la regeneración natural, es el punto de vista muy particular que tengo, sin embargo, queda la pregunta de que si esa capacidad de regeneración natural no se está viendo alterada por el recurrente ciclo de incendios de gran magnitud que está sufriendo principalmente la Chiquitanía, todos sabemos cuáles los efectos que esto causa, está inhibiendo la misma capacidad natural del bosque para evapotranspirar agua y generar nubes de lluvia por ejemplo, por las altas temperaturas, por la alta concentración de dióxido de carbono que inhibe esa capacidad natural que tiene el bosque, y obviamente para autoregenerarse es importantísima la lluvia…”
Ya que teníamos una bombera voluntaria con experiencia, inclusive en pasados años, no pudimos dejar de consultar sobre las causas, es decir sobre la identificación de los causantes de los incendios, en otras palabras, sobre quiénes los provocan, generando biocidio, etnoicidio, ecocidio, etc. y en ese sentido estimó Silvana González:
“Realmente es preocupante la situación que cada año tenemos que vivir lo mismo, desde el 2019 al 2024 hemos perdido más de 22 millones de hectáreas y bueno, los principales culpables claro que es el modelo de desarrollo extractivista que se ha venido implementando año tras año, cada gobierno es…, de alguna manera es cómplice de todo lo que está pasando y también el cambio estructural. En ese sentido los principales responsables obviamente son los sectores extractivistas, agroganaderos, la agroindustria, el sector minero también, en el lado de Santa Cruz hemos visto bastante ganadería intensiva y extensiva que los incendios han hecho que lleguen a las comunidades y por tanto las rodeen…”
Inclusive el proyecto de ley referido contempla la atención médica sin costes a los bomberos voluntarios y en general, a todo ciudadano que combata los incendios forestales, tal como reza el artículo 19 de atención médica a bomberos y voluntarios, “Los servicios de salud pública del Estado Plurinacional de Bolivia prestarán atención médica gratuita a los bomberos y ciudadanos voluntarios que apoyen en la respuesta a quemas e incendios”.
Era inevitable abordar la temática política que está detrás de todos los incendios que este 2024 han alcanzado a afectar seriamente a alrededor de 12 millones de hectáreas con las consiguientes consecuencias que ello provoca, sin dejar de lado el etnocidio en el cual se estaría rodeando con sectores interculturales a poblaciones indígenas del norte paceño. Bajo esas premisas el guardaparque Marco Uzquiano emitió algunos criterios sobre el particular.
“Generalmente, como Abolac, no tenemos injerencia o capacidad de incidir políticamente, pero, desde mi punto de vista muy personal, lo que sí he notado es que esta coyuntura política, independientemente de querer tapar una problemática, lo que sí hemos percibido, digamos sospechado, es que más bien esta pugna política (Evo-Luis Arce) ha sido un motivo para que gente vinculada a uno u otro flanco político esté tratando de meter intencionalmente fuego en áreas donde no había fuego, eso es una situación muy real, muy latente, que nosotros la hemos percibido porque hemos estado en el combate, en el terreno y sí hay sectores afines y en contra del actual gobierno y otros también afines al anterior gobierno del expresidente Morales, unos promueven y otros tratan de hacer lo contrario, entonces esa pugna política ha sido uno más de los detonantes, pienso, para que se propaguen los incendios en diferentes puntos del país…”
