La resolución administrativa se alinea al auto agroambiental SR-TAA-012/2025 del 30 de septiembre de 2025, emitido por la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.
La Paz, 24 mayo (ANA).- En medio de fuertes cuestionamientos al acuerdo del Gobierno con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), por ofrecer derechos mineros para la extracción en áreas protegidas, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha dispuesto mediante resolución administrativa DCF 001/2026 del 20 de mayo, paralizar los trámites administrativos mineros vinculados al área protegida Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi.
La determinación se alinea al auto agroambiental SR-TAA-012/2025 del 30 de septiembre de 2025, emitido por la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.
“Se resuelve suspender los plazos administrativos de los trámites sujetos a registros contemplados en el artículo 18 del Decreto Supremo 1995 relacionados a las cooperativas mineras auríferas, multiactivas y otras que desarrollen actividades en el área protegida ANMI Madidi, misma que abarca a las provincias Iturralde y Franz Tamayo del departamento de La Paz”, señala la resolución.
La determinación detalla que la disposición comprende a Ixiamas, San Buenaventura, San José de Chupiamonas, Tumupasa, Tahua, Puerto Heath, Apolo, Aten, Santa Cruz del Valle Ameno, Pata; Pelechuco, Mojos y Puina e inclusive el río Beni u otros ríos afectados que comprenden a Guanay, San Buenaventura y Rurrenabaque.
El director general ejecutivo de AFCOOP, Eddy Jaldín Medrano, quien firmó la resolución, justifica que se tiene la finalidad de precautelar el cumplimiento de plazos que atingen al Derecho Administrativo respecto a los Trámites Administrativos en General, cuya naturaleza es improrrogable.
Piden anulación inmediata del acuerdo Gobierno-cooperativas mineras
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegida (Contiocap) ha cuestionado duramente los compromisos asumidos por el Ejecutivo sin realizar consultas previas, librees e informadas a las comunidades afectadas por la minería, sobre todo en la Amazonía.
«Corresponde generar una disposición en el marco de los principios establecidos por el artículo 232 de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo con la finalidad de generar seguridad jurídica y precautelar el ante este nuevo atentado a derechos fundamentales de pueblos indígenas originarios campesinos y del pueblo boliviano», señala el pronunciamiento.
En el comunicado público, la Contiocao exige:
1.- La anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Rodrigo Paz y FENCOMIN R.L, sin lugar a negociación por violar la Constitución Política, y derechos fundamentales a la vida, al agua, a la alimentación, a un medio ambiente sano de todo el Pueblo boliviano.
2.- La suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. Y la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas serias, objetivas y efectivas contra la minería ilegal y los delitos conexos.
3.- El fortalecimiento urgente de las capacidades del Estado para recuperar el control territorial. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado para priorizar la protección y defensa de los recursos hídricos para la vida y la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Y respetar las Sentencias Constitucionales para la protección de ríos y ecosistemas, así como las Sentencias del Tribunal Agroambiental. https://www.facebook.com/photo?fbid=1545553990587932&set=pcb.1545556223921042
4.- La aprobación de una Ley para la protección de recursos hídricos para prevenir catástrofes socioambientales por falta de agua en un futuro inmediato.
5.- El tratamiento de una nueva ley minera, por sus afectaciones amplias no corresponde solo a la FENCOMIN, sino a toda la sociedad civil, academia, particularmente a las víctimas de contaminación con mercurio como somos los Pueblos Indígenas.
6.- La culminación con el Plan de Acción Nacional para la reducción de uso mercurio en cumplimiento del Acuerdo de Minamata.
«A los organismos internacionales, les advertimos que el gobierno de Rodrigo Paz, impone intereses sectorializados como el minero, hidrocarburífero, agronegocio, etc. Y las cooperaciones que apoyan la formalización de las cooperativas mineras están apoyando la perpetuación de la minería en nuestros territorios, en las áreas protegidas y en la Amazonía, con despojo territorial, violación del derecho a la vida, al agua, a la alimentación y salud de nuestros Pueblos Indígenas«, señala el documento.
La Contiocap es una organización compuesta por defensores indígenas originarios campesinos de derechos de Pueblos Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de las cuatro macro regiones de Bolivia. Se han declarado víctimas de actividades extractivistas, y han logrado frenar grandes amenazas a sus territorios como las hidroeléctricas Bala-Chepete, Rositas, petroleras en Tariquía, entre otros.
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