La activista del colectivo Consumidores Conscientes, advirtió que los conflictos políticos y sociales pusieron en grave riesgo la seguridad alimentaria que debió ser garantizada por el Estado, y frente a ello, la agroecología se convirtió en una alternativa.
La Paz, 28 junio (ANA).- En medio de la crisis económica que atraviesa el país, agravada por más de 50 días de bloqueos de carreteras que dejaron huellas de carencia, hambre y encarecimiento de productos de primera necesidad, desde el colectivo Consumidores Conscientes se observa que el Estado no garantizó la seguridad alimentaria de la población, sobre todo a familias paceñas, que incluso se vieron obligadas no solo a cambiar su dieta, sino que dejaron de comer.
“Ni siquiera disminuyeron el alimento, sino que dejaron de comer. Están comiendo en vez de los tres tiempos de comida, solo uno o dos tiempos de comida, y algunos dicen que han dejado de comer, los más pobres. ¿Con qué van a comprar?, sin ir lejos, si antes podían comprar 10 huevos o una docena de huevos ahora solo maple quieren vender”, señala la también nutricionista.
Ante el largo periodo de bloqueos que derivó en una crisis humanitaria, tal como lo advirtieron expertos en Derechos, Saavedra señala que las amas de casa optaron por diversas estrategias a fin de abastecer de alimentos al hogar.
“¿Cuál ha sido la estrategia de las amas de casa que hemos utilizado en La Paz para no quedarnos totalmente desabastecidas, digamos de alimentos frescos, ha sido incluso bajar hasta Río Abajo caminando, ¿no?. En el caso de mi colectivo, compañeras que viven por Huajchilla, por la zona no los hacían el mercado y nosotras íbamos a recoger. Entonces, incluso más barato de lo que normalmente compramos aquí en La Paz”, señala la activista a ANA.
Sin embargo, reconoce que la mayoría de la población citadina no pudo acceder a la opción de comprar directamente de los productores, tanto verdura y fruta fresca, pues fueron las intermediarias las que fijaron los precios en el mercado de los alimentos, que incluso duplicaron y triplicaron su precio real.
“Entonces, el problema no es la falta de alimentos, sino qué tipo de alimentos consumimos. Yo creo que hay que enfocarnos en lo que realmente está pasando, ¿no?. Una cuestión es el bloqueo de caminos y otra, el abastecimiento de alimentos y lo que más ha faltado durante los bloqueos, han sido particularmente la carne de res, el pollo, arroz, azúcar, el fideo también, aceite y obviamente frutas y verduras”, sostiene.
Según Saavedra, el Gobierno no le pone presupuesto a la alimentación sana y segura, donde el mercado interno está totalmente desprotegido, y según su análisis “reina el agronegocio, el contrabando y la pequeña producción convencional, además de la importación de alimentos”.
“No sabemos si el Gobierno con la escasez de recursos y la problemática que está enfrentando, sigue importando alimentos, pero su objetivo tiene que ser bajar o contener el precio de la canasta básica de alimentos porque se le va disparar el índice de pobreza, la extrema pobreza como consecuencia de este periodo de inseguridad alimentaria moderada y casi aguda que hemos vivido con los bloqueos, y que ha trastocado el sistema productivo y el sistema alimentario”, advierte.
Ante la falta de control y debilidad institucional en sus diferentes niveles, la nutricionista y ecóloga afirma qye fueron las caseritas (vendedoras) del mercado y los supermercados los que cometieron agio y especulación de los precios de los alimentos.
Una agroecología incipiente
La cofundadora Movimiento Agroecológico Boliviano observa que la agroecología en el país aun es incipiente, a pesar que varios municipios, aproximadamente 45 a nivel nacional se hayan declarado agroecológicos de más de 350.
“La agroecología todavía es algo incipiente en Bolivia, ¿no?, eso también hay que diferenciar, el mercado, la producción convencional, ya sea pequeña, mediana o grande, no es agroecológica. De acuerdo a parámetros que maneja el Estado, ni el 2% de la producción en Bolivia es agroecológica”, indica.
Enfatiza que los productos agroecológicos no emplean agrotóxicos, sin embargo, observa que en el país se producen y consumen tomates que llegan a tener hasta 10 aplicaciones de plaguicidas, y sin ir más lejos, advierte que en Huajchilla ya se están produciendo papayas que emplean agrotóxicos cancerígenos.
“Uno, que no hay control desde el Estado para la provisión de alimentos, cuando la Constitución dice que si bien los ciudadanos tenemos el derecho a una alimentación sana y segura y al agua también, el artículo 16 de nuestra Constitución en la segunda parte de ese artículo dice que el Estado tiene la obligación de generar seguridad alimentaria, que es más que abastecimiento de alimentos”, afirma.
Lamenta que en el contexto que atravesó el país, y particularmente La Paz, la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no haya garantizado por ejemplo, la provisión de pollo a precio justo.
“El rol del Estado tiene que ser, en tiempos de crisis, proveer alimentos, Emapa debería ser el principal proveedor de productos, y el Gobierno debería negociar con los privados para que nos den a precio de costo”, sostiene.
Menciona que Fundación Jubileo, con trayectoria en investigaciones y estudios de pobreza alertan que la canasta familiar por persona supera los 2.400 bolivianos, por lo que las personas que trabajan por cuenta propia sin un salario mensual estable han sido el sector más vulnerable.
Según Jubileo, el umbral de pobreza por persona debería actualizarse a Bs 1.080 mensuales, lo que significa que una familia promedio de cuatro miembros requiere como mínimo Bs 4.320 mensuales para cubrir este nivel.
En tanto que la línea de pobreza extrema urbana llega a 580 bolivianos por persona, lo que implica más de 2.300 bolivianos para una familia de cuatro personas.
El costo de los bloqueos carreteros que se prolongaron del 6 de mayo al 23 de junio, promovidos por dirigentes de la Central Obrera Boliviana, los Túpaj Katari, Ponchos Rojos, interculturales y cocaleros del Chapare en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, superó los 3.500 millones de dólares.
/ANA/
