Resistencias indígenas y campesinas exigen al Gobierno respetar tratados internacionales y constitución sobre sus derechos.
Guayaramerín-Beni, 14 agosto (ANA).- Después de tres días de intenso análisis, debate y reflexión sobre la situación actual del país, más de 120 representantes de resistencias territoriales, colectivos de defensores ambientales, organizaciones de la sociedad civil reunidos en el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) reunidos en Guayaramerín, emitieron un pronunciamiento que alerta de la profundización de los extractivismos y la vulneracion de Derechos Humanos y ambientales.
«Lo que siempre preocupa a los pueblos indígenas es la situación crítica que enfrentamos en nuestros territorios afectados por el extractivismo minero, hidrocarburífero, el agronegocio y toda política que el Gobierno viene impulsando. Y ahora no está dando paso a la consulta previa, libre e informada, prácticamente es un Gobierno que está ignorando a los pueblos indígenas», afirmó a ANA, Ruth Alípaz Cuqui, vocera de la Contiocap, desde el municipio amazónico.
La lideresa de raíces uchupiamonas dijo que los pueblos indígenas nunca sintieron como en el actual Gobierno de Rodrigo Paz, el control del agronegocio. «No les importa los pueblos indígenas ni las áreas protegidas. Entonces esos han sido los temas en los que hemos centrado nuestra atención, nuestros análisis», dijo.
También citó los financiamientos externos asumidos por la administración de Paz de la cooperación multilateral, las condiciones bajo las cuales se está endeudando el país, lo cual compromete las situaciones de los territorios indígenas, naciones originarias y campesinas.
«Nos preocupa la expansión del agronegocio en los territorios indígenas y áreas protegidas, pero, sobre todo, cómo este sector que se encuentra en el poder está usando ese poder para acaparar tierras y también violentar los derechos de los pueblos indígenas», aseveró.
En el encuentro realizado en el municipio de Guayaramerín del departamento amazónico del Beni participaron más de 120 representantes de diferentes organizaciones de pueblos indígenas, naciones originarias y campesinas de las resistencias frente al extractivismo, entre ellos investigadores, académicos y colectivos de la sociedad civil, además de activistas por los derechos ambientales quienes aprobaron un extenso manifiesto que interpela al Estado sobre sus políticas en desmedro de la madre naturaleza y los derechos colectivos.
Las más de cincuenta organizaciones plantearon propuestas de acciones tras identificar problemáticas en cinco grandes ejes: 1) Tierra y territorio; 2) Expansión de la minería y exploraciones hidrocarburíferas; 3) Situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos, territoriales y ambientales; 4) Agroextractivismo de monocultivos y transgénicos; 5) Geopolítica y financiamiento externo para proyectos de integración.
Tierra y territorio
En la mesa sobre la problemática referida a la Tierra y Territorio, las y los adscritos coincidieron que, la anulación del Ministerio de Planificación, Medioambiente y Agua, así como el Ministerio de Turismo Sostenible, Gastronomía y Cultura, genera descontrol del gobierno y retrocesos en la protección de Derechos Humanos y de la Madre Tierra, eliminando recursos económicos para impulsar actividades sostenibles.
También se concluyó que se institucionalizó el uso del fuego a través de trece normas incendiarias para beneficio de sectores vinculados al agroextractivismo y minería que se encuentran en el Estado en sus diferentes niveles.
La corrupción y mal manejo en instituciones como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para el tráfico de tierras, así como el incumplimiento de resoluciones emitidas por el Tribunal Agroambiental fueron temas ampliamente debatidos, entre otros de interés actual.
Expansión de la minería y exploraciones hidrocarburíferas
El tema de la expansión de la frontera minera, sobre todo la ilegal vinculada al oro y otros minerales y metales críticos fue bastante debatido.
«El Gobierno viene realizando un nuevo código, una nueva ley minera sin la participación de los pueblos indígenas, también sabemos que ya se ha aprobado el Plan de Acción Nacional de reducción del uso del mercurio, también el plan estratégico nacional que tiene que ver con los pueblos afectados, pero todas estas normas o estos planes se vienen realizando sin la participación de las poblaciones indígenas que somos las víctimas. Entonces, hay una exclusión deliberada de nuestros pueblos y eso es algo que nos preocupa», se expresó desde el exterior del Club Social, sede dónde se desarrolló el encuentro.
Defensoras y defensores de Derechos Humanos, Territoriales y Ambientales
En cuanto a la situación de las defensoras y defensores ambientales, de sus territorios y áreas protegidas, se identificó el acoso, la criminalización (procesos penales), amedrentamiento y división de comunidades como mecanismos de vulneración promovidos por el propio Estado, empresas, cooperativas mineras, ganaderos, petroleras.
De igual manera se evidenció particular violencia psicológica y verbal contra las mujeres, incluidas las que se encuentran en estado de gestación.
Asimismo, se determinó que las propias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos desarrollen sus propios protocolos de protección comunitaria para la defensa de derechos.
Agroextractivismo de monocultivos y transgénicos
En la mesa referida al agroextractivismo de monocultivos y transgénicos se denunció la compra y venta de terrenos para plantaciones de soya en el tramo Guayaramerín-Puerto Diles a actores brasileros, lo cual se analizó se constituye en una pérdida de soberanía territorial para intereses extranjeros.
También se evidenció la expansión de la frontera del agroextractivismo en el tramo San Ignacio, Marfil y Puerto Viejo, también con inversiones brasileras.
Se alertó la deforestación de grandes extensiones de bosque amazónico y fumigaciones de plantaciones de soya y la introducción de transgénicos que contaminan las semillas nativas, como el hecho que el propio Estado privilegia la introducción de agrotóxicos altamente peligrosos para la salud humana y ambiental a través de decretos.
Ante esta realidad se demandó la aplicación y respeto de toda la normativa ambiental y alimentaria por parte de autoridades.
Geopolítica y financiamiento externo para proyectos de integración
Las y los representantes indígenas denunciaron que los financiamientos para proyectos hidroeléctricos no son para generar energía para las comunidades, ni para bajar el precio por los costos de energía, sino para las grandes industrias de capitales externos, con graves violaciones de derechos por desplazamientos forzados de las comunidades.
También se alertó con información del Comité de Defensa de la Vida Amazónica (ComVida) de Brasil —con aliados en Bolivia— de la reactivación del proyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA-Consiplan) para la construcción de carreteras, hidroeléctricas, puentes e hidrovías binacionales vinculados al transporte de comodities como la soya.
Frente a este y otras amenazas para los territorios indígenas, se exigió el respeto a la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los afectados, para la toma de decisiones.
En el encuentro realizado en Guayaramerín se contó con la exposición de expertos como Rafael Cabrera quien habló sobre el sistema agrario en Bolivia, Antonio Sanjinéz de Probioma quien expuso sobre la expansión del agronegocio y los transgénicos.
Del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) expusieron Óscar Campanini sobre la roblemática miber aurífera y la nueva ley minera; Miguel Miranda sobre el derecho de los defensores y Gonzalo Mondaca sobre la minería del litio, tierras raras y transición energética.
También estuvo entre los expertos Marcos Gandarillas de Latinoamérica Sustentable quien habló sobre el rol de las empresas chinas en el nuevo contexto de financiamiento internacional para Bolivia.
Entre las resistencias que se hicieron presentes en el encuentro estuvieron las y los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, defensores del área protegida de Tucabaca de la Chiquitanía, organizaciones contra las hidroeléctricas
Rositas, la nación Q’ara Q’ara, la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, nación indígena Aragonés, Red Integrada de la Mujer Amazónica de Riberalta, Asociación de Pescadores de Guayaramerín, Organización Comunal de la Mujer Amazónica (OCMA), entre otros.
De los colectivos urbanos de la sociedad civil se hicieron presentes las y los representantes de Salvaginas y Movimiento Libre de Transgénicos, entre otros.
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