Gonzalo Colque *
¿Cuál es el mecanismo apropiado para adoptar e implementar una política de austeridad? Según el Ministerio de Economía, un comunicado simple y breve, cuya lectura no exige más de dos minutos de atención. El escueto documento motivó muchos comentarios sobre cuánto dinero se ahorraría, pero al margen de ello, el propósito de este texto es prestar atención a detalles que pasan inadvertidos, que parecen no tener importancia, pero que nos hablan de falencias inaceptables que reinan en la gestión pública.
En términos de planificación, el anuncio ministerial “comunica” una política de austeridad que, en realidad, no existe como tal. Una política gubernamental de este tipo tendría que estar plasmada en un plan de austeridad que explique y detalle su razón de ser, las estrategias y, sobre todo, los indicadores y las metas medibles. El plan tiene que pormenorizar, por ejemplo, cuáles son los rubros o los gastos elegibles para la austeridad o cuáles son las metas de ahorro, poniendo por escrito las cifras en millones de bolivianos y porcentajes. También tiene que prever cómo se reportarán los resultados, cada cuanto tiempo o cuáles serán los mecanismos de seguimiento, verificación y acceso a la información pública.
En términos de toma de decisiones, las resoluciones anunciadas son ambiguas y las líneas divisorias entre qué hacer y qué no hacer son borrosas. ¿En comparación con qué se deben reducir los gastos? ¿En relación al presupuesto aprobado de la gestión 2024? ¿O quizá en comparación con el presupuesto ejecutado del 2023? A razón de este tipo de vaguedades, las decisiones tomadas más bien tienen la forma de recomendaciones, cuya implementación es dejada a discreción de las autoridades sectoriales. Se sobreentiende que las medidas fueron decididas por el Ministerio de Economía, pero, intencionalmente, no se explicita quién es la autoridad que refrenda con su firma y si tiene competencias para hacerlo.
En el ámbito legal, una política de austeridad debería estar enmarcada en el cuerpo legal existente y, mínimamente, mediante un Decreto Supremo. En un rango menor, incluso podría resultar admisible una Resolución Ministerial. Pero, la austeridad anunciada no es un decreto ni una resolución. La importancia del marco legal se explica por sí misma. Las decisiones deben tener en cuenta la normativa vigente, las disposiciones preexistentes sobre el mismo tema, las competencias y las obligaciones de los decisores y de los llamados a acatar las medidas aprobadas. Esta irregularidad es una muestra más de que, en los años recientes, las autoridades están tomándose demasiadas libertades al anunciar medidas mediante comunicados sin valor legal y esquivando así posibles actos de fiscalización. Llama la atención que este juego de cintura del Ejecutivo no ha sido motivo de comentarios ni de crítica por parte de diputados y senadores, quienes en lugar de hacer cálculos aritméticos y divulgar cifras sin sustento, deberían exigir el cumplimiento del marco normativo.
Por último, una pregunta flota en el aire. ¿Por qué la supuesta política de austeridad no está incorporada en el presupuesto general de la nación recientemente elaborada, negociada y aprobada? No ha pasado ni un mes entre la puesta en vigencia del presupuesto 2024 y el anuncio de austeridad. Siendo precisos, el anuncio es extemporáneo porque equivale a una modificación presupuestaria que solo tendría sentido después de un tiempo razonable, como hacia el final del primer semestre. Pero sin esperar la ejecución del primer mes del año para tener una idea, el Ministerio de Economía instruyó recortes en el gasto público. Y una explicación de fondo para que sucedan estas irracionalidades está en que el presupuesto planeado, en realidad, dejó de ser un instrumento de gestión pública y su elaboración se convirtió en una mera formalidad. Para sustento de lo dicho basta un ejemplo. El año pasado (2023) el presupuesto aprobado consignaba 334 millones de dólares como ingreso esperado por la exportación de litio, pero hasta agosto el ingreso real no sobrepasaba 6,6 millones de dólares. Si asumimos que a diciembre subió hasta 10 millones, el cumplimiento de la meta no pasará del 3%. Esta cifra absolutamente alejada de la meta ofrece una pauta del grado de irresponsabilidad con que se planea el presupuesto y los ajustes posteriores.
En conclusión, no existe una política de austeridad y menos un plan de ajuste del gasto público. Hace tiempo que el Presupuesto General del Estado (PGE) dejó de cumplir la función de un faro alerta sobre los peligros de colisión. Lo que existe en la gestión pública es la improvisación, la discrecionalidad y otros males.
*Investigación especializada en Desarrollo Rural de Fundación Tierra
