Dicha resolución judicial se ejecutará en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, según informó Wilson Hurtado, cacique de la comunidad Buena Vista.
La Paz, 15 de diciembre (ANA).– Un fallo judicial reciente del Juzgado Agroambiental de Roboré ha sentado un importante precedente en la defensa legal de los derechos ambientales en Bolivia. La resolución, emitida el 13 de noviembre de 2024, ordena la restitución del cauce del río San Lorenzo, así como la remoción de una presa construida ilegalmente por los propietarios de haciendas ganaderas sobre el curso de agua, que estaba causando un daño significativo al ecosistema del área circundante y a las comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó.
Dicha resolución judicial se ejecutará en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, según informó Wilson Hurtado, cacique de la comunidad Buena Vista.
El caso, que involucra la construcción de una estructura (identificada como P3) que obstruía el flujo natural del río, destaca la importancia crucial del principio precautorio en la legislación ambiental boliviana.
El juez, al basar su decisión en este principio, ha demostrado que la falta de certeza científica absoluta no debe ser una barrera para la adopción de medidas protectoras del medio ambiente cuando existe un riesgo potencial de daño grave o irreversible.
El fallo se fundamenta en las disposiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley 071 (Derechos de la Madre Tierra), la Ley 300 (Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien), y el Acuerdo de Escazú.
El fallo ordena no sólo la restitución del cauce del río, sino también la participación activa de las Fuerzas Armadas, comunidades indígenas (TCO – Turubo Este), y Gobiernos Municipales y Departamentales en la supervisión y monitoreo del área para prevenir futuras acciones similares.
En las partes salientes de la resolución emitida por el juez Álvaro Flores, se ordena que “dentro de diez días hábiles siguientes de notificados con el presente auto, se proceda a la restitución del cauce del río San Lorenzo, con la remoción total de la infraestructura construida sobre este río, e cual está identificado como P3 y que fue objeto de inspección, debiendo quedar en el estado anterior en el que se encontraba, libre de todo impedimento que obstaculice el flujo normal del agua”.
Las comunidades indígenas de la TCO Turubó, en San José de Chiquitos, presentaron una demanda legal contra las haciendas ganaderas que desviaron el río San Lorenzo.
Después de cuatro años enfrentando la falta de agua, las comunidades de la TCO Turubó exigieron la remoción de las infraestructuras que bloquean el cauce del río San Lorenzo, afectando no solo su acceso al agua, sino también a los ecosistemas cercanos y al Pantanal, según los datos la Red Ambiental de Información (RAI).
La comunidad demandó la remoción de las represas, la restauración y reparación del ecosistema y una indemnización por daños y perjuicios en favor de las dos comunidades que se quedaron sin agua durante este tiempo.
El 9 de octubre se realizó la primera inspección ocular en el marco de esta demanda, a cargo del Juzgado Agroambiental de las provincias Chiquitos y Germán Busch.
Un reciente reportaje de Mongabay y la RAI señala que de acuerdo con Ronald Zeballos, uno de los fundadores de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T) y hoy concejal de San José de Chiquitos, a pesar de las dificultades climatológicas de los últimos años, la ganadería en la hacienda San Lorenzo aumentó y actualmente hay cerca de 3000 cabezas de ganado vacío, lo que genera una enorme necesidad de consumo de agua pues una vaca necesita cerca de 40 litros de agua al día.
“El molino que había en la represa de San Lorenzo tenía una tubería de 4 o 5 pulgadas y transportaba el agua a 6 km de distancia, hacia unos grandes potreros que tienen allá”, afirmó.
Durante los últimos dos años las precipitaciones en la zona disminuyeron y la región fue afectada por grandes incendios forestales pero, para el concejal, el factor decisivo para secar el río fueron las represas que se hicieron para darle agua al ganado.
En la misma hacienda, según Zeballos, los potreros no tienen protección para evitar que las vacas lleguen hasta los nacientes. Clovis Melgar lo confirma y explica que los animales andan sueltos y “el ganado pisotea y pisotea, y al final el piso termina compactado. Acaban con los ojos de agua”.
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