La Contiocap observa que no se afecte los grandes capitales, incluidos los chinos y colombianos.
La Paz, 21 julio (ANA).- Ante el avance de la minería ilegal y legal, que se desarrolla sin control en territorios indígenas y Áreas Protegidas, indígenas de las zonas afectadas observan que el Gobierno perpetua la lógica política de cortar por lo más delgado, en lugar de tomar acciones concretas en contra los grandes intereses mineros y detener a los “peces gordo” que se mueven tras la minería del oro.
“Se toma acciones contra el último eslabón de la cadena, sin afectar a los peces gordos ni a las normas que están en la raíz de una expansión descontrolada de la minería aurífera”, calificó la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), el operativo del 14 de julio cuando se aprehendieron a 57 mineros, entre los cuales había comunarios.
La organización indígena observa que la detención de personas claramente humildes, como son los dragueros y trabajadores que pertenecen a comunidades indígenas de la cuenca del río Madre de Dios en el departamento de Pando, no resuelve el problema de fondo.
“El operativo que el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo cataloga como ´duro golpe a la minería ilegal´, no es otra cosa que un show mediático para proyectar una falsa imagen de lucha contra la minería ilegal de oro imperante en Bolivia, porque en realidad no han detenido a los verdaderos responsables”, afirma el pronunciamiento de los indígenas.
Según la Contiocap, la Asociación de Balseros (Asobal) tendría permiso para dragar en los cuadrantes asignados; sin embargo mayormente opera fuera del área asignada y están en todo en el río Madre de Dios y el río Beni, derrumbando territorios de los pueblos indígenas que habitan en las orillas del rio, vertiendo su basura y sus desechos de mercurio al río, y tienen como trabajadores a personas humildes de las comunidades, sin contratos y sin cumplir normas laborales y de seguridad.
“De igual forma nos preocupa que no se investigue las denuncias sobre minería ilegal que involucraría a la Fuerza Naval, que -según esas denuncias- esta institución tendría sus propias balsas-dragas que se camuflan con ´palos blancos´”, señala la organización.
En esa línea, exige al Gobierno realizar un trabajo serio de investigación para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal, así como del modus operandi de la minería legal, del cual el Gobierno no tiene control, menos sobre la contaminación con mercurio que está causando en los ríos, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas. Exigimos que sean estos responsables quienes sean aprendidos y no los trabajadores más vulnerables.
Demandamos que el gobierno de turno, si quiere luchar contra la minería ilegal, debe controlar el oro ilegal como tal; debe controlar la importación y comercialización del mercurio; controlar el número de balsas exigiendo la identificación de las mismas y sus propietarios; controlar a través del Ministerio del Trabajo que las cooperativas cumplan con normas de la ley laboral.
Urgimos al gobierno que deje de financiar la minería ilegal a través de la subvención y provisión de diésel, que, con estas acciones, podrían reducir la minería ilegal sin violencia y verdaderamente dejaría de fomentar una actividad ilícita que genera contaminación a la Madre Tierra, a los Pueblos Indígenas y no indígenas.
El vocero de la Contiocap, Álex Villca dijo que desde la aprobación de la ley minera 535, que data de mayo de 2014, los cooperativistas mineros se proliferaron por montones y rápidamente se fueron expandiendo por varias zonas y regiones del país, incluidas las áreas protegidas y territorios indígenas.
“Uno de los más asediados en la actualidad es la cuenca alta del Río Tuichi, en la zona núcleo del Parque Nacional Madidi, Apolo, donde pese a las múltiples denuncias de avasallamiento mineros e incluso amenaza con arma de fuego a un guardaparque que derivó en la aprobación de una medida cautelar y que obliga al Gobierno y las instituciones estatales competentes a frenar el avance de la minería ilegal, prácticamente ignoran los hechos y prefieren mirar a un costado.
Citó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Fuerzas Armadas (FFAA) son las entidades llamadas hacer cumplir la norma.
“La pregunta entonces es ¿por qué en estos casos el Gobierno no actúa con la misma dureza?, ¿Será porque en dichos lugares los mineros ilegales chinos y colombianos, tienen arreglos y están protegidos por el gobierno central y en tanto, algunos pequeños mineros auríferos del río Madre de Dios, no lo están?”, cuestionó.
Desde el 2018, la periodista Jimena Mercado develó la presencia de dragas chinas y colombianas en los ríos amazónicos del departamento de La Paz y Beni, así como las sociedades ilegales entre capitales extranjeros y cooperativistas auríferos, que representan un sector altamente poderoso en términos económicos y políticos.
La presenta nota fue realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de comunicadores y periodistas para la conservación de la biodiversidad del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata (MPLC)” implementado por la Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) a través de Conservación Amazónica –ACEAA en Bolivia.
/ANA/
