Durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal, varias coaliciones de la sociedad civil presentaron sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos, en los que denunciaron múltiples violaciones de DDHH y el incumplimiento a convenios y tratados internacionales.
La Paz, 19 de enero (ANA).- A solo dos días del Examen Periódico Universal (EPU) a Bolivia en materia de Derechos Humanos ante Naciones Unidas, el Gobierno anticipa que dio cumplimiento al 85% de las recomendaciones dadas por los otros Estados, mientras que la sociedad civil organizada presentó informes que dan cuenta del deterioro de los DDHH y ambientales en el país.
“Gran parte de las recomendaciones se cumplieron porque el Estado ha adoptado políticas públicas, ha adoptado normas y la propia Constitución es parte de estas recomendaciones y se ha internalizado tratados internacionales, se han aprobado leyes, ahora vienen recomendaciones referidas a su implementación”, afirma el ministro de Justicia César Siles, quien prefiere hablar de un proceso continuo de cumplimiento.
Para Miguel Miranda, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) no es suficiente decir que el Estado se adscribió a convenios y tratados internacionales, sino de evaluar la eficacia en el cumplimiento de los mismos, así como de la propia Constitución Política del Estado, porque de lo contrario este universo normativo de protección de Derechos Humanos queda en lo meramente figurativo.
En un balance de la implementación de las recomendaciones del EPU de 2019, sobre la situación de los defensores de DDHH y el ambiente en contexto de extractivismo y reducción del espacio cívico, apunta que el Estado boliviano recibió 15 recomendaciones específicas para mejorar la protección de los defensores de DDHH, derechos ambientales y territoriales.
“En un balance general, en el último quinquenio el Estado boliviano no ha desarrollado una política de protección a los defensores de DDHH, mucho menos a los defensores ambientales y de territorio a pesar de haber firmado el Acuerdo de Escazú y haberlo ratificado con ley nacional en 2019”, afirma.
Contrariamente dice que en el país, se ha intensificado la expansión de actividades extractivas y el estrechamiento del espacio cívico han incrementado las condiciones de riesgo para los defensores de derechos.
“Varias organizaciones de la sociedad civil han registrado y documentado entre el 2017 y 2024 un total de 250 incidentes o ataques contra defensores ambientales y del territorio, recogiendo denuncias de 90 víctimas”, señala.
Según el ministro Siles, la delegación gubernamental será muy “austera, pero de alto nivel. “Surgirán recomendaciones nuevas, otras se darán por cumplidas y otras estarán pendientes de cumplimiento, el Estado boliviano es respetuoso de los instrumentos internacionales en materia de DDHH (…). En relación a los pueblos indígenas y medioambientas hay bastantes avances que vamos a presentar, se han implementado políticas sectoriales para proteger a los sectores vulnerables”, asegura.
Lo cierto es que el Consejo de Derechos Humanos tomará en cuenta en su evaluación tres informes: el del Estado, el de la sociedad civil y el de Naciones Unidas, según explica el activista y experto internacional en DDHH, Jean Claude Vignoli.
“El EPU es una oportunidad oficial única para la sociedad civil en el mundo de los Derechos Humanos, para que pueda presentar a la comunidad internacional de Estados cuál es la situación en el país, más allá de lo que vaya a decir el Estado en el ámbito internacional porque es seguro que el Gobierno va a decir que las cosas están muy bien en el país, pero la sociedad civil va a poder decir: No, los incendios que afectaron más del espacio de Suiza que se quemó el año pasado nos impacta. Y eso va a tener un efecto directo porque los Estados harán recomendaciones basándose sobre lo que dijo la sociedad civil”, señala el también escritor y periodista.
“No hay cumplimiento de las recomendaciones”
Contrariamente al discurso gubernamental, Ruth Alípaz Cuqui, lideresa indígena del pueblo Uchupiamona, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) afirma que no solo que no se cumplieron las recomendaciones del tercer periodo del EPU, sino que la situación de derechos de los pueblos indígenas se deterioraron.
“Desde el 2019 hemos elaborado informes y hemos presentado en las tres sesiones. El Estado boliviano ha recibido recomendaciones que a este punto tiene un balance negativo; no ha cumplido ninguna en materia medioambiental y de Derechos de Pueblos Indígenas, como la consulta previa, libre e informada”, afirma.
La destacada lideresa señala que al contrario de las recomendaciones dadas por otros Estados y el Consejo de Derechos Humanos, en los últimos años se han intensificado las actividades extractivas. “A medida que avanza el extractivismo, la vulneración de derechos también se intensifica”, advierte.
Desde esa perspectiva asegura que el balance es negativo ya que la contaminación por mercurio en pueblos indígenas se ha agravado con un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, se incrementaron y agravaron los incendios forestales y la situación de defensores de DDHH y medioambientales es más preocupante.
“Estamos llevando estos informes para hacer conocer que continúan las violaciones a pueblos indígenas con pérdida de territorios, y todo lo que hemos podido poner en coordinación con organizaciones de la sociedad civil como el CEDIB, son los resultados de estudios de investigación de contaminación por mercurio y otros”, explica.
Alípaz dice que los informes a los que se han adherido y elaborado como Contiocap forma parte de la coalición ADHMA, en el que participan 60 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, entre periodistas que también tienen el rol de denunciar y son amenazados de manera sistemática por el Estado o el Gobierno cuando lanzan la voz.
“Es una gran oportunidad para que estos Estados conozcan cómo está Bolivia y cómo el país está yendo en contra-ruta a los convenios y acuerdos que el propio Gobierno ha firmado para reducir los efectos del cambio climático por ejemplo o el Acuerdo de Escazú, es una gran oportunidad en la que vamos a exponer estos ejes temáticos el próximo miércoles”, destaca.
“Hay una crisis de Estado de Derecho y de democracia”
El experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional, Franco Albarracín afirma que en el caso de Bolivia en lugar de haberse dado avances en materia de institucionalidad, existe una crisis de la justicia y una crisis del Estado de Derecho vinculada a la crisis de democracia en el país.
“Esto no es una afirmación arbitraria; implica una acumulación de recomendaciones, sentencias, estudios y puntos críticos de distintos organismos internacionales”, apunta.
Señala que el Sistema Universal de Naciones Unidas ha establecido que la independencia judicial se ve bastante afectada, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la secretaría de la CIDH.
“Pero también a través de sentencias de la CIDH queda bastante establecido que el Estado boliviano vive una situación de crisis de Estado de derecho y de democracia”, sostiene.
En ese marco dice que en los últimos periodos de sesiones ante el EPU se ha advertido sobre la crisis de institucionalidad y cómo este progresivo deterioro termina teniendo afectación a otros derechos, como es el caso de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de defensores de sus territorios, de Derechos Humanos y del medioambiente.
El especialista advierte que la falta de Estado de Derecho motiva a que muchos derechos y normativas nacionales como internacionales no se cumplan, en desmedro de las poblaciones históricamente vulnerables, y vayan a favor de intereses políticos y económicos de grandes empresas y cooperativas mineras.
“Bolivia tiene una Constitución muy avanzada y progresista, ha firmado el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales, pero la falta de institucionalidad y debilidad democrática tienen un impacto serio en el medioambiente, en los Derechos Humanos”, señala.
Actualmente afirma que se vive una especie de un mundo al revés, donde los defensores del medioambiente, de DDHH que están protegiendo su territorio son criminalizados, son los enjuiciados, y aquellos que están destruyendo el territorio y el medioambiente son los que están siendo beneficiados por jueces, fiscales y el propio Gobierno.
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