La gestión ambiental del gobierno nacional pasa uno de sus peores momentos, tras la destitución del segundo ministro del área y el director del Sernap, por presuntos hechos de corrupción.
La Paz, 18 enero (ANA).- La Unión Europea (UE) alertó en febrero de 2024, de posibles hechos de corrupción y fraude en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), sin embargo su director Johnson Jiménez se mantuvo intacto en el cargo hasta el 16 de enero de este año, cuando fue destituido en medio de acusaciones por uso indebido de bienes y personal de esa entidad. Un día antes, el ministro de Medioambiente y Agua, Humberto Alan Lisperguer también fue destituido, por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de declaración jurada.
En medio de una de las peores crisis del sector ambiental del Gobierno del presidente Luis Arce, salió a la luz la nota de la Unión Europea cursada el 27 de febrero bajo la referencia de “Solicitud de información sobre posibles irregularidades en el Sernap”.
“De mi consideración, transmitimos nuestra preocupación por las denuncias sobre supuestos casos de irregularidades en el seno del Servicio Nacional de Áreas Protegidas que han sido divulgadas recientemente por la prensa, dada nuestra estrecha colaboración con su Ministerio”, señala partes salientes de la nota difundida por Cadena A.
La delegación de la UE respalda su solicitud en el marco de su financiación a través del instrumento de apoyo presupuestario firmado mediante el convenio de “Adaptación al cambio climático mediante la gestión y gobernanza de cuencas hidrológicas, bosques y gestión de riesgos de desastres” que da continuidad al convenio finalizado: “Gestión integral del agua y recursos naturales”.
A partir de que se establecieron tres indicadores de desempeño ligados al Sernap, la UE hace notar la vinculación explícita que obliga a confirmar que este servicio cuenta con un sistema de control interno adecuado que garantice su correcto funcionamiento.
“Por ello agradeceríamos nos informe de posibles irregularidades y casos de fraude detectados en la gestión de ambos convenios con la UE, así como de las medidas mitigantes adoptadas por su Ministerio para la prevención y/o corrección de las mismas. Solicitamos que este informe incluya los siguientes elementos” insiste en el requerimiento, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy.
Pide además describir los mecanismos de control rutinarios financieros y no financieros que aplica el Sernap y/o el MMAyA con especial énfasis en las medidas adoptadas para la prevención, detección y corrección de irregularidades y casos de fraude.
“Indicar si se han identificado riesgos, hallazgos o indicios de irregularidades y/o casos de fraude en el Sernap entre los años 2022 y 2024, ya sea a través de instancias internas o externas. Para ello explicar los antecedentes de hecho, incluyendo la cronología y descripción de la naturaleza de las irregularidades y/o casos de fraude, así como las posibles partes involucradas”, señala el documento.
Desde la Unión Europea también se solicitó detallar y cuantificar, si es posible en esta instancia toda acción, transacción o procedimiento que presente indicio o riesgo de irregularidad y/o fraude, así como la fuente de información y base documental que justifique esta detección.
En ese marco también se pidió la descripción de acciones y medidas adoptadas por el Sernap y/o el MMAyA para la corrección y recuperación de fondos ligados a irregularidades y/o fraude.
“Indicar la incidencia que tienen estas irregularidades en el apoyo presupuestario de la Unión Europea y detallar el posible impacto en los indicadores” se lee en la nota de la misión con cite: NDICI/LA2023/ACT-60734
Se solicitó entonces una respuesta oportuna a fin de realizar una valoración de la situación y en ese contexto aplicar posibles controles financieros establecidos en los convenios de financiación por parte de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAP) y del Tribunal de Cuentas Europeo conforme a la cláusula 16 de las condiciones generales de los convenios de financiación.
Antecedentes
El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y no haber declarado al menos nueve inmuebles ante la Contraloría General del Estado. Se constituye en el quinto ministro que deja el Gobierno de Luis Arce por hechos de corrupción.
Lisperguer reemplazó a Juan Santos, quien también fue destituido del cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, tras denuncias de millonarias “coimas” por contratos a empresas y «recaudaciones» ilegales. El también exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) depositó dinero en al menos 10 cuentas bancarias y compró 30 inmuebles en Cobija y Tarija.
En tanto, Johnson Jiménez, ex director del Sernap no solo fue cuestionado por una gestión ineficiente y corrupta al cuidado de las áreas protegidas, sino también por perseguir y judicializar a guardaparques comprometidos como Marcos Uzquiano.
El chofer de la dirección del Sernap denunció que Jiménez le hacía comprar calzoncillos y condones para entrar a moteles con señoritas que luego ingresaban como funcionarias al Sernap, pero también de hacerle esperar horas fuera de lenocinios o llevar bebidas alcohólicas a fiestas patronales que realizaba de manera particular.
Johnson Jiménez fue avalado por la dirigencia de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). En su momento, el presidente de esta organización, Gonzalo Óliver afirmó: “por fin uno de nosotros, un hermano indígena leco está en la dirección del Sernap”.
En medio de las protestas por el despido injustificado de Uzquiano, quien después ganó un amparo constitucional, también surgieron apoyos y desmentidos de la CPILAP en torno a la gestión de Jiménez, así como cuestionamientos a la propia dirigencia de esta organización.
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