Expertos, investigadores y líderes indígenas coinciden que la ampliación de la frontera minera del oro y la del agronegocio y ganadera a costa de la destrucción de bosques es una apuesta pública privada.
La Paz, 10 de diciembre (ANA).– La profundización del modelo extractivista reflejada en la ampliación de la frontera agrícola y agropecuaria, la penetración de la minería del oro de la mano del mercurio y la destrucción de millones de hectáreas de bosques primarios con incendios forestales, marcan el preámbulo del Examen Periódico Universal (EPU) que el Estado boliviano dará ante Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos el 21 de enero de 2025.
En ocasión del Día Mundial de Los Derechos Humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) e investigador realiza diferentes análisis y reflexiones para avanzar como país, como parte activa de la elaboración de informes alternativos de la sociedad civil, que fueron entregados en Ginebra, en el marco de las pre-sesiones del cuarto periodo del EPU.
Autor del libro: “El negocio del mercurio” Campanini destaca que desde hace aproximadamente tres años, la exportación del oro se ha convertido en la principal actividad económica en términos de valor y ha desplazado al gas que tuvo protagonismo durante 15 años. “Solo para una pauta, el 2022 se ha exportado más de 3.000 millones de dólares por oro”, explica.
En esa línea afirma que uno de los principales impactos de la minería está vinculado a la contaminación por mercurio, que es uno de los principales insumos para poder extraer y amalgamar el oro. “Desde el 2015 Bolivia se ha convertido en el principal país importador legal del mercurio del mundo”, señala.
Menciona que desde el 2015 las exportaciones de mercurio se dispararon, llegando hasta el año pasado a 260 toneladas de la sustancia tóxica que han sido importadas legalmente, con autorización del Estado y sin mayor control ni restricción.
“Esto es un gran problema porque Bolivia no consume esa gran cantidad de mercurio. A pesar que se han incrementado las exportaciones de oro, la cantidad de mercurio estimada por la minería del oro en toda Bolivia ronda por las 60 y 90 toneladas de oro por año, siendo optimistas”, afirma.
En esa línea advierte que hay un gran excedente de mercurio que es exportado de manera ilegal, es decir de contrabando, a los otros países de la región y todo esto tiene que ver con un contexto en el que los países vecinos han logrado reducir o anular sus importaciones de mercurio, convirtiendo a Bolivia en el centro de importación legal y de exportación ilegal hacia todo el continente.
“¿Y por qué esto tiene que ver con Derechos Humanos? porque toda esta cantidad de mercurio no tiene una gestión ambiental adecuada y por tanto es liberado al medioambiente con severas consecuencias en la salud de la población que vive en las riberas de los ríos, en las grandes ciudades del país, sin que estas poblaciones intervengan directamente en la actividad minera”, advierte el investigador.
Campanini está convencido de los impactos del mercurio en la salud, no solo por la abundante evidencia sobre las secuelas de la sustancia tóxica que derivaron en el Convenio de Minamata, sino también por propia información del Estado boliviano que cubren más de una década.
Desde el CEDIB se impulsó un estudio del impacto del mercurio en comunidades indígenas de la Amazonía, que fue ejecutado el 2021 en coordinación con el Instituto de Toxicología de Cartagena, Colombia y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). Se evidenció que el promedio de contaminación está muy por encima del límite permitido de una parte por millón (1ppm).
Consultado si se logró llamar la atención de los otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de NNUU para lograr recomendaciones más contundentes hacia el Estado boliviano, responde: “Confiamos en que así sea porque los grandes volúmenes de mercurio no solo atingen a Bolivia, sino a todo el continente por este rol negativo, que erosiona los esfuerzos de varios países para controlar este tóxico”.
“El Estado vulnera los DDHH por omisión y por complicidad”
El investigador señala que América Latina es consumidora de aproximadamente el 30% del mercurio a nivel global y países como Bolivia juegan un rol contrario a los avances que están planteando desde el Convenio de Minamata u otros convenios.
“Se está erosionando los avances en términos de control de esta sustancia tóxica en relación a la minería aurífera, no solo importa a Bolivia, sino al continente y al mundo (…). Confiamos en que los diferentes Estados que han podido escuchar y recibir la información de lo que ocurre en el país, con las evidencias que se tiene en términos de Derechos Humanos tomen en cuenta esto y realicen recomendaciones al Estado”, afirma.
Sin embargo advierte que hay una posición política sobre la problemática aurífera que responde a una política de Estado, la cual se ha visto reflejada no solo en las controversiales declaraciones del Ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez quien afirmó que jugaba de niño con mercurio, sino también en la posición de la ministra de Salud, María Reneé Castro quien pretendió minimizar los impactos de la sustancia tóxica y hasta negarlos.
“Estamos frente a un Estado que no solo vulnera Derechos Humanos por omisión y también por complicidad con ciertos sectores económicos que están vinculados a una serie de vulneración de Derechos Humanos, sino que además tergiversa la información y quiere negar información técnica, evidencias de múltiples sectores de la sociedad civil como de la academia e incluso del propio Estado”, cuestiona.
Observa que el Gobierno para conseguir dólares para afrontar la actual crisis económica, lo que hizo fue involucrarse en el comercio ilegal del oro, ya través de una norma vender la mitad de las reservas del oro para que sea el Estado el que compre a los mineros y pueda vender el metal internacionalmente.
“A mayor extracción del oro, mayor vulneración a pueblos indígenas”
Precisamente, quien expuso las denuncias de vulneraciones de Derechos a Pueblos Indígenas durante las pre-sesiones del EPU en Ginebra, fue Ruth Alípaz Cuqui, lideresa indígena del pueblo Uchupiamona, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y coordinadora de la Contiocap.
Conocedora de los múltiples impactos de la minería del oro, Alípaz afirma que lejos de asumir medidas a favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la línea de las recomendaciones recibidas de otros Estados y el Consejo de Derechos Humanos, en los últimos años en el país se han intensificado las actividades extractivas. “A medida que avanza el extractivismo, la vulneración de derechos también”, advierte.
Desde esa perspectiva asegura que el balance es negativo ya que la contaminación por mercurio en pueblos indígenas se ha agravado con un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, a la par de la intensificación de los incendios forestales y el deterioro de la situación de las y los defensores de DDHH y medioambientales.
“Más allá de las recomendaciones que logremos es que se sepa cómo está Bolivia en materia de Derechos Humanos”, dice con convicción, mientras cuestiona la ausencia del Estado a través de los funcionarios gubernamentales en las pre-sesiones del cuarto periodo del EPU.
Como cara del país y por diplomacia -señala Alípaz Cuqui- debió estar presente el Gobierno a través de sus personeros, considerando que varias delegaciones de la sociedad civil boliviana hicieron esfuerzos por llegar hasta Ginebra para llevar los informes alternativos sobre temas de relevancia.
“La pre-sesión del EPU se constituye en el espacio donde la sociedad civil tiene la oportunidad de presentar informes alternativos y hacer conocer cómo están los Derechos Humanos en Bolivia, esto se hace cada cuatro años, en cuatro años hay cambios de las misiones en Naciones Unidas y puede ser que quienes hicieron recomendaciones el 2019 ya no están”, explica.
Según Alipaz hay un desconocimiento a nivel internacional de lo que sucede en Bolivia y un predominante discurso del Gobierno. “El objetivo de poner el nombre de Bolivia en estos espacios internacionales con las misiones, es la única oportunidad de llegar a diferentes Estados y estamos hablando de los 193 Estados miembros, es poner en conocimiento global de la situación del país en materia de Derechos”, subraya.
Desde esa perspectiva asegura que el balance es negativo ya que la contaminación por mercurio en pueblos indígenas se ha agravado con un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, así como los incendios forestales y la situación de las y los defensores de DDHH y medioambientales.
“Los incendios forestales desplazaron a comunidades”
Para conversar sobre los múltiples impactos derivados de los incendios forestales y la pérdida de bosques en la Chiquitanía, Chaco y Amazonía se acudió a Juan Pablo Chumacero, director de Fundación TIERRA.
El investigador asegura que los incendios forestales en la Chiquitanía, que en gran parte fueron provocados por sectores vinculados al agronegocio y la ganadería, provocaron el desplazamiento de pueblos indígenas y campesinos que vieron destruidos sus sistemas de producción y su medioambiente.
“Los datos que publicamos fueron al 30 de septiembre que contabilizamos y estimábamos en 10,1 millón de hectáreas quemadas, ese dato sin embargo no considera el mes de octubre, ni los incendios de noviembre. Estamos actualizando, y consideramos que el monto será mayor, si contabilizamos los incendios superará este dato”, afirma en entrevista desde Sucre.
Explica que al 30 de septiembre se estimaban sólo en el departamento de Santa Cruz alrededor de 7 millones de hectáreas quemadas y a finales de octubre la Gobernación hablaba de 8.7 millones de hectárea a nivel departamental. “Es fácil estimar que los incendios vayan afectar entre 12 a 13 millones. No es un dato oficial, sino oficial institucional”, señala.
“El impacto es muy serio porque hay impactos económicos, sociales, ambientales. Por un lado está el hecho que el incendio se ha llevado una gran parte del bosque, no solo el bosque seco chiquitano, también bosque chaqueño y amazónico, la pérdida en términos de biodiversidad es enorme, se hablan de millones de especies de animales y plantas”, detalla.
En análisis de Chumacero, lo más serio del desastre ambiental es el drama a nivel familiar y comunal, población campesina e indígena que ha perdido sus casas, sus áreas de cultivos, sus fuentes de agua y sus medios para satisfacer sus necesidades más básicas como el techo, la salud, alimentación o acceso a agua limpia.
“Los siguientes meses para la población campesina e indígena serán muy complejos, porque encima hay problemas de salud por la contaminación del aire, hay problemas respiratorios, cardiorespiratorios, no tienen dónde dormir, no tienen qué comer, ni beber. La situación es muy seria”, alerta.
Chumacero advierte que los incendios de las dimensiones del 2024 tienen un impacto directo en la capacidad del ecosistema de generar la humedad necesaria para los ciclos de lluvia, y al no tener el bosque se perderá esa capacidad.
Lo que se verá en los siguientes meses –dice el director de TIERRA- es un incremento de temperaturas en toda la región, una disminución del agua y por lo tanto un aumento de la sequedad que afectará la producción agrícola y ganadera.
“Lo que es paradójico porque se supone que estos incendios son causados para ampliar la frontera agrícola para producir más soya, sorgo maíz y ampliar las áreas de pastizales para ganadería de exportación, pero con este efecto afecta también las posibilidades de crecimiento agrícola y ganadera de la zona. No tiene sentido, los resultados son muy serios y en algunos casos irreversibles”, lamenta.
“Se amplía la frontera agrícola y ganadera a costa de los bosques”
Consultado sobre la responsabilidad del Gobierno en este desastre ambiental provocado, el investigador afirma que el Gobierno a través de varias normativas ha ido promoviendo de manera directa e indirecta la ampliación de la frontera agrícola agropecuaria.
“La gente que no conoce a profundidad lo que está sucediendo tiende a echarle la culpa directa a los avasallamientos de tierras en la región, a la presencia de comunidades campesinas interculturales, pero hay un tema más de fondo y es la apuesta pública privada, este compromiso nacional de expandir el modelo agroindustrial boliviano que tiene una presencia muy fuerte en Santa Cruz, pero que se expande hacia Tarija, hacia Chuquisaca, Beni y norte de La Paz”, asegura.
En esa línea afirma que la expansión del modelo soyero y ganadero de exportación se da a costa de los bosques, porque hay una apuesta constante de ampliar la frontera agrícola y ganadera a costa de los bosques y se hace mediante el desmonte y quemas que salen de control y se dan los incendios forestales.
“Esta apuesta viene desde la agenda patriótica 2025 que se diseña en 2013 y el 2015 en la Cumbre Sembramos por Bolivia se establece un acuerdo entre el Gobierno y el sector agroindustrial para aumentar la frontera agrícola y ganadera”, menciona. A partir de ese acuerdo entre el sector público y privado, señala que se aprobaron una seria de normativas y políticas públicas que flexibilizaron el desmonte, se perdonaron las multas por quemas ilegales y se disminuyeron los requisitos ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para lograr desmontes.
“Claramente hay una apuesta gubernamental para ampliar la frontera y cuando se sale de control se dio una catástrofe ambiental que nunca antes se vio en el país”, afirma.
A todo este escenario Chumacero suma la crisis energética de producción hidrocarburífera lo que obliga al Gobierno a buscar otras alternativas, y ahí surgen los biocombustibles con el propósito de introducir la palma africana al norte de La Paz y a incrementar la soya para la producción de biodiesel.
“Hay una apuesta por los biocombustibles y esto igualmente encaja con el modelo agroexportador vigente. Si a esto se le añade el crecimiento descontrolado de las colonias menonitas, los avasallamientos, el tráfico de tierras, la presencia de comunidades interculturales ilegales en algunas zonas, se convierte en un caldo cultivo ideal para generar estos desastres”, lamenta.
Consultado sobre la importancia de denunciar en escenarios internacionales al Estado boliviano por ir en contra-ruta de los compromisos asumidos en materia de Derechos Humanos y ambientales, Chumacero recuerda que el país asumió una serie de compromisos en el marco de acuerdos internacionales que tienen que ver con temas ambientales y que el Gobierno no está cumpliendo.
“El cumplimiento de estas metas abren las puertas de acceso a créditos, a financiamiento y apoyo internacional. Por ejemplo, están las condiciones nacionalmente determinadas de hace dos y tres años, donde el Gobierno se compromete a reducir la deforestación a un 80% hasta el 2030 y eso significaba a un nivel de 240 mil hectáreas por año, que igual es muy grande, y podría ser una meta mucho más comprometida”, cita.
Sin embargo afirma que la realidad muestra una pérdida de bosque anual que oscila entre 400 mil a 500 mil hectáreas por año. “En el marco de estos acuerdos internacionales el Gobierno está haciendo todo lo contrario, es importante denunciar la falta de cumplimiento y desde las esferas internacionales ver la manera de exigirle al Gobierno nacional se reviertan las ayudas que son esenciales a nivel mundial.
“Hay vive una crisis de Estado de Derecho y de democracia”
A menos de 50 días de realizarse el Examen Periódico Universal, la coalición Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA) liderada por el CEDIB y la Contiocap, el experto en Derechos Humanos del CEDIB, Franco Albarracín confía en que logren incidencia con los cinco informes presentados ante Naciones Unidas, además de los otros realizados por otras organizaciones y colectivos de la sociedad civil.
Los informes tienen que ver con el mercurio y su impacto en el derecho al medioambiente sano y los Derechos de los Pueblos Indígenas, los impactos en los derechos de las mujeres indígenas por la contaminación por mercurio, la deforestación, los incendios y los impactos en los DDHH en Bolivia, la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y del medioambiente en contexto de reducción del espacio cívico y actividades extractivas.
En ese contexto el especialista afirma que en el caso de Bolivia en lugar de haberse dado avances en materia de institucionalidad, existe una crisis de la justicia y una crisis del Estado de Derecho vinculada a la crisis de democracia en el país.
“Esto no es una afirmación arbitraria; implica una acumulación de recomendaciones, sentencias, estudios y puntos críticos de distintos organismos internacionales (…). El Sistema Universal de Naciones Unidas ha establecido que la independencia judicial se ve bastante afectada, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la secretaría de la CIDH, pero también a través de sentencias de la CIDH queda bastante establecido que el Estado boliviano vive una situación de crisis de Estado de derecho y de democracia”, asegura.
Asegura que en los últimos periodos de sesiones ante el EPU se ha advertido sobre la crisis de institucionalidad y cómo este progresivo deterioro termina teniendo afectación a otros derechos, como es el caso de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de defensores de sus territorios, de Derechos Humanos y del medioambiente.
Albarracín advierte que la falta de Estado de Derecho motiva a que muchos derechos y normativas nacionales como internacionales no se cumplan, en desmedro de las poblaciones históricamente vulnerables y terminen favoreciendo intereses políticos y económicos de grandes empresas y cooperativas mineras.
“Bolivia tiene una Constitución muy avanzada y progresista, ha firmado el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales, pero la falta de institucionalidad y debilidad democrática tienen un impacto serio en el medioambiente, en los Derechos Humanos”, señala.
Dice que actualmente se vive una especie de un mundo al revés, donde los defensores del medioambiente, de DDHH que están protegiendo su territorio son criminalizados, son los enjuiciados, y aquellos que están destruyendo el territorio y el medioambiente son los que están siendo beneficiados por jueces, fiscales y el propio Gobierno.
“Son quienes están ocupando cargos políticos, que tienen influencia en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, acota.
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