Al menos seis leyes generan las condiciones propicias para alentar la deforestación y las quemas indiscriminadas, según el análisis del CEJIS.
La Paz, 27 octubre (ANA).- En el país se han registrado más de 256 mil focos de calor en el año. De ese total, el 10% (25.291 focos) ha afectado la superficie de territorios indígenas titulados en la región de Oriente, Chaco y Amazonía, según el Centro de Planificación Territorial Autonómica del CEJIS.
En los últimos años, como efecto de las políticas estatales para ampliar la frontera agrícola, las comunidades indígenas se han visto seriamente amenazadas por incendios y falta de agua, por eso aplican controles internos de quemas y demandan atención al gobierno nacional ante la sequía.
En la región del Chaco, en el territorio guaraní de Charagua Norte, el capitán de Recursos Naturales, Cifredo Peña Aguilera, estuvo en un equipo de trabajo que luchó seis días y noches continuas para aplacar un incendio que asediaba a las comunidades guaraníes de Ibitipora, Puerto Viejo, Tacobo y Yasitata.
“Fuimos hasta allá 18 personas para trabajar sin descanso, no tuvimos ayuda de ninguna institución”, dijo Peña. El dirigente cree que el fuego nació en un descuido de los propietarios de hornos para fabricar carbón que están en predios privados dentro de su territorio.
El PLUS y el TIPNIS
El reporte del CPTA-CEJIS da cuenta de un extraordinario número de quemas al interior de los territorios indígenas en el departamento del Beni, como sucede con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). De los más de 25 mil focos de calor en tierras indígenas, el TIPNIS registraba 4.933 en un acumulado del año hasta el 24 de octubre.
El TIPNIS colinda con la zona cocalera del Chapare y sus comunidades se ven asediadas no solo por la ampliación de la frontera agrícola sino, desde el año 2011, con la decisión gubernamental de construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos que pretende atravesar la zona núcleo del territorio.
Esto sucede en un contexto en que las leyes, decretos supremos y resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) permiten legalizar áreas desmontadas sin autorización; dan luz verde para el desmonte en superficies de hasta 20 ha; y permiten la deforestación en el departamento del Beni con la modificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) departamental.
A diferencia de años anteriores cuando la Chiquitanía reportaba el mayor número de incendios y focos de calor, este año los incendios aparecieron con fuerza en el Beni y el norte de La Paz. A nivel de departamentos, tanto Beni como Santa Cruz tienen los números más altos superando los 107 mil focos de calor en cada caso en lo que va del año. De acuerdo a la ABT el fuego afectó 1,1 millón de hectáreas en el Beni.
El PLUS del Beni del 2019 contiene, entre sus principales cambios, disposiciones orientadas a impulsar actividades del sector agropecuario y la extracción de recursos forestales en zonas donde nunca antes se habían practicado; por ejemplo: el cambio de la categoría “uso forestal maderable” (en el PLUS 2002) pasa a “uso agropecuario extensivo” y afecta a aproximadamente a 365.062 ha de las ecorregiones del Bosque Amazónico Preandino, del Cerrado y de los llanos de Mojos, que tienen desde bosques de várzea hasta humedales. La actividad de desmonte, sea para ganadería o para la siembra intensiva, deja mucha materia muerta (malezas, troncos) que se quema por ser lo más barato. Según el Observatorio Regional de la Amazonía (ORA), donde participa el gobierno de Bolivia, el TIPNIS es el cuarto sector más grande de quemas en el país con 463 ha incendiadas al 27 de octubre, justo en el departamento del Beni.
El Plan de Uso de Suelo del Beni, de 2019, modifica la vocación de ecorregiones boscosas del departamento para habilitarlas para uso agrosilvopastoril.
En ese contexto, el agronegocio y los sectores ganaderos pueden avanzar invirtiendo capital en sectores que antes solo estaban poblados por la naturaleza, animales silvestres y comunidades indígenas. Por otra parte, esto también permitió a los sectores de pequeños campesinos, interculturales y colonizadores, aliados del partido de gobierno, expandirse por más tierra para sembrar coca (TIPNIS, El Choré) u otros productos que nutren al agronegocio y que están alentados desde niveles estatales (soya, caña y otros) hacia la amazonía. El problema del minifundio en occidente se resuelve de esta manera, sin planificación, sin respeto a la Madre Tierra, evitando tocar a los terratenientes y en total vulneración de derechos a las poblaciones indígenas locales.
Falta agua
Al interior de los territorios indígenas, todavía el control interno ha permitido contener los incendios. En el Territorio Indígena de Lomerío, su cacique Anacleto Peña, explica que las quemas se realizan según protocolos de quema controlada en parcelas para garantizar la preparación del suelo para la agricultura de subsistencia.
El principal problema en Lomerío es la escasez de agua para consumo humano porque inclusive la ayuda no puede llegar por la dificultad de circulación de las cisternas en un terreno que tiene subidas y bajadas entre comunidad y comunidad.
También en la Chiquitanía, pero en la zona de Concepción y desde la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), Miguel Putaré comenta que hay incendios en las estancias ganaderas y en los cordones (amontonamientos de material deforestado) de propietarios privados que están preparando la tierra para la siembra intensiva, y en menor medida en el territorio indígena de Monte Verde.
Margarita Cambará, presidenta de la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), donde se cuentan 59 comunidades, informó que están viviendo lo de todos los años: incendios y sequía, adentro y afuera de la tierra comunitaria de origen (TCO) Monte Verde. “No tenemos una información exacta de cuánto se está quemando, pero los incendios forestales siempre llegan hasta cerca de las comunidades. Quizás los mismos comunarios están pensando prevenir y sofocar que no llegue a sus potreros y a la comunidad, pero usted sabe que con el fuego no se puede hacer nada cuando está avanzado. El fuego gana siempre”, dijo Cambará.
La falta de agua es un problema independiente de los incendios. Las comunidades de Monte Verde solicitan cisternas a los municipios de Concepción o San Javier, pero su problema radica en contar con recipientes para almacenar agua para el consumo diario.
En el Beni, Hilario Jiménez, presidente del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano, en la Amazonia Sur, explicó que no han sufrido emergencias por incendios. “Por lejos del territorio hay (incendios), en campos privados, pero dentro del territorio no. No hay para alarmarse”.
Tampoco tienen problemas de acceso a agua porque todavía funcionan los pozos tanto para el consumo humano como para provisión de los animales de cría.
Pero cerca, en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), el gobierno autónomo califica la situación como “muy crítica” por la falta de apoyo para combatir los desastres causados por los incendios y la escasez de agua para consumo humano.
“Con los incendios existe una gran amenaza a la biodiversidad y el bosque, pero todavía no hay afectación a las comunidades. El otro elemento crítico es la sequía, tenemos comunidades que ya no tienen abastecimiento de agua. Estamos gestionando acciones a través del municipio porque como nuevo gobierno indígena no tenemos todavía las facultades ni recursos monetarios, así querramos tomar acciones. Ya hemos solicitado una declaratoria de emergencia para el territorio por los incendios y sequía”, dijo el cacique Alfredo Matareco, principal autoridad de la GAIOC del TIM.
En el Multiétnico las comunidades chimán Jorori y Rosario del Tacuaral están “en situación crítica” por el desabastecimieto de agua porque incluso los caudales de ríos han disminuido, mientras que San Pablo, San Juan y Santa Rosa de Aguas Negras avazan hacia esa situación.
Terreno propicio
El gobierno preparó el terreno propicio para los incendios con una serie de normas, promulgadas entre los años 2013 y 2019, que son permisibles con los desmontes y con la transformación de áreas boscosas en zonas para el agronegocio y la ganadería.
– La Ley 337 perdona las multas a la deforestación ilegal cometida entre 1996 y 2011.
– La Ley 502 amplía ese “perdonazo” por 12 meses y la Ley 739 lo vuelve a ampliar por 18 meses.
– La Ley 740 amplía el lapso de la verificación de la Función Económica Social para que los propietarios continúen con su tierra sin trabajar.
– La Ley 741 autoriza la deforestación de hasta 20 ha en tierras colectivas y nuevos asentamientos.
– La Ley 1178 perdona las quemas no autorizadas.
– El Plan de Desarrollo Económico y Social, de 2016, fija su meta en 4,7 millones de hectáreas habilitadas para campos agrícolas y ganería.
ANA
