De acuerdo a la denuncia presentada, en las áreas bajo el control de Rua Inversiones SRL, personal civil se atribuye de forma ilegal las tareas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
La Paz, 19 de julio (ANA).– El abogado JCI, en denuncia presentada ante el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erick Aríñez, advierte que la empresa Rua Inversiones SRL a cargo del ciudadano colombiano G.A.R.D (por sus iniciales) controla 42 cuadrículas mineras en el río Madre de Dios, donde además de explotar oro presuntamente de manera ilegal, cuenta con personal civil a su servicio que se subroga tareas de la Policía y las Fuerzas Armada (FFAA).
Bajo el título “Denuncia actividad minera ilegal en coordenadas que indica”, el denunciante señala que en el ejercicio libre de la profesión tomó conocimiento que desde el 16 de mayo a la fecha, de manera ininterrumpida, y sin que exista ningún tipo de control por parte de las instituciones llamadas por el ley, en la comunidad denominada “El Tigre” en el departamento de Beni y Pando, una a supuesta empresa, identificada como Rua Inversiones realiza extracción ilegal del oro.
El río Madre de Dios cobró notable relevancia la semana pasada, tras un megaoperativo comandado por el Ministerio de Gobierno que derivó en la explosión de 27 balsas auríferas y en la aprehensión de 57 personas, entre mineros contratados y comunarios. El hecho generó reclamos de la Asociación de Balseros, organizaciones indígenas y hasta legisladores, por los niveles de violencia ejercidos.
“Conforme al documento puesto a conocimiento a la comunidad El Tigre, se identifican estas 42 cuadriculas, supuestamente aprobadas mediante contrato administrativo minero, donde la empresa Rua Inversiones se encuentra realizando actividad minera, existiendo conforme a ello un control en el ingreso a las áreas, por personal civil que se subroga de forma ilegal las tareas de la Policía boliviana y Fuerzas Armadas”, señala la denuncia a la que accedió ANA.
De acuerdo a la denuncia presentada el 18 de julio, la empresa opera a la cabeza del ciudadano colombiano G.A.R.D (por sus iniciales), junto a los bolivianos B.Q.A, J.SE.M, J.L.E, “sin contar con ningún tipo de autorización ni derecho otorgado conforme a Ley 535, debiendo referir que en las áreas sujetas a estas actividades mineras ilegales, se cuenta con la presencia física de dragas, maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas, cribas y otros, y que el trabajo se lo realiza en tres turnos durante todos los días de la semana”.
La denuncia sostiene que en el área se explota oro que a su vez es comercializado de forma ilegal, “sin que por ello se proceda al pago de ningún tipo de regalías al Estado y todos sus niveles”.
En esa línea el demandante advierte de un grado de virulencia, ya que su persona habría recibido agresiones de orden verbal y amenazas constantes, por el hecho de denunciar la minería ilegal.
“Se evidencia movimiento de tierra, uso de dragas a cargo de la empresa Rua Inversiones SRL, misma que busca desviar las fuentes de agua del lugar, y el uso de mercurio y la evidencia de que estas personas se encuentran ya en proceso de extracción de minerales de manera ilegal”, sostiene la denuncia.
Bajo el título “Denuncia actividad minera ilegal en coordenadas que indica”, el denunciante señala que en el ejercicio libre de la profesión tomó conocimiento que desde el 16 de mayo a la fecha, de manera ininterrumpida, y sin que exista ningún tipo de control por parte de las instituciones llamadas por el ley, en la comunidad denominada “El Tigre” en el departamento de Beni y Pando, una a supuesta empresa, identificada como Rua Inversiones realiza extracción ilegal del oro.
De acuerdo a la denuncia, la empresa opera a la cabeza del ciudadano colombiano G.A.R.D (por sus iniciales), junto a los bolivianos B.Q.A, J.SE.M, J.L.E, “sin contar con ningún tipo de autorización ni derecho otorgado conforme a Ley 535, debiendo referir que en las áreas sujetas a estas actividades mineras ilegales, se cuenta con la presencia física de dragas, maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas, cribas y otros, y que el trabajo se lo realiza en tres turnos durante todos los días de la semana”.
La denuncia sostiene que en el área se explota oro que a su vez es comercializado de forma ilegal, “sin que por ello se proceda al pago de ningún tipo de regalías al Estado y todos sus niveles”.
En esa línea el demandante advierte de un grado de virulencia, ya que su persona habría recibido agresiones de orden verbal y amenazas constantes, por el hecho de denunciar la minería ilegal.
“Se evidencia movimiento de tierra, uso de dragas a cargo de la empresa Rua Inversiones SRL, misma que busca desviar las fuentes de agua del lugar, y el uso de mercurio y la evidencia de que estas personas se encuentran ya en proceso de extracción de minerales de manera ilegal”, sostiene la denuncia.
Con la finalidad de poder dar objetividad a la pretensión realizada respecto a la denuncia presentada sobre la explotación ilegal de minerales, señala el denunciante, que se procedió a la identificación de puntos.
“En los puntos marcados con el color rojo, se evidencia movimiento de tierra, uso de dragas a cargo de la empresa Rua Inversiones SRL, misma que busca desviar las fuentes de agua del lugar, y el uso de mercurio y la evidencia de que estas personas se encuentran ya en proceso de extracción de minerales de manera ilegal”, señala el memorial presentado el 18 de julio.
El jurista denunciante indica que se puede evidenciar mediante fotografías que la empresa Rua Inversiones SRL de forma indiscriminada y bajo la presunta existencia de un contrato administrativo minero aprobado el 3 de mayo de 2022 y conforme al presunto pago de patentes mineras de las áreas mineras denominadas: El zapato y Santa Martha, viene realizando de forma irrestricta actividad minera en las cuadriculas identificadas en presunto contrato administrativo.
En ese marco, el denunciante recuerda que conforme al parágrafo I del artículo 39 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia del 28 de mayo de 2014, la AJAM se halla determinada como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, como la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.
“De igual manera, en concordancia con la precitada normativa, el Inciso x) del Artículo 40 de la citada Ley 535 determina como una de las varias atribuciones de la AJAM es promover y/o interponer acciones legales en contra de quienes realicen explotación ilegal de recursos minerales en aéreas libres o francas”, cita el documento.
Para fines correspondientes, el denunciante adjunta: a) Copia simple de supuesto Contrato Administrativo Minero, aprobado en fecha 03 de mayo de 2022; b) Copia simple de presunto anexo identificado como PL No. 265/2022, c) Copia simple de matrícula de comercio de la empresa identificada como Rua Inversiones SRL d) Copias simples de presuntos pagos de patentes mineras correspondientes a las áreas Santa Martha y El Zapato y e) Copia simple de testimonio 7126/2021, de constitución de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada denominada Rua Inversiones SRL.
La presenta nota fue realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de comunicadores y periodistas para la conservación de la biodiversidad del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata (MPLC)” implementado por la Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) a través de Conservación Amazónica –ACEAA en Bolivia.
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