La empresa que apoya la producción de alimentos tendría una deuda de casi 6 millones de dólares por comprar trigo transgénico cuya comercialización es rechazada por la población y es altamente prohibida en otros países como Japón.
El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Marvin Pereira informó, el 13 de abril en el canal de televisión Bolivia TV, que esta empresa estatal tiene una deuda con proveedores internacionales de 5,8 USD por la compra de trigo transgénico, que se realizó durante el gobierno de Jeanine Áñez.
La autoridad actual se refirió al daño económico, pero en ningún momento señaló que lo verdaderamente preocupante es la comercialización y distribución de este trigo transgénico en Bolivia.
Comercialización prohibida en otros países
El trigo transgénico, cuya comercialización es rechazada por los consumidores, por ser el trigo un alimento de consumo directo, se diferencia de la soya transgénica, que se utiliza para elaborar alimento balanceado de animales o aceite para los agrocombustibles.
Su prohibición y control en otros países es fuerte, por ejemplo en el año 2013, Japón tuvo que suspender las importaciones de trigo de Estados Unidos (EE.UU.) , porque encontró en 25 mil toneladas la presencia de trigo transgénico (Periódico la Razón del 31 de mayo de 2013)[1].
Tras este hecho la Comisión Europea (CE) alertó sobre trigo transgénico y recomendó controles para determinar si este trigo llegó a los países de Europa(La Tercera 30 de mayo de 2013). Por esta razón, EE.UU. ha aumentado los controles para que el trigo transgénico de ensayos experimentales no termine contaminando el cereal no transgénico.
A pesar de todo EMAPA sigue adelante
En este contexto, lo preocupante es que EMAPA siga distribuyendo y comercializando trigo transgénico que atenta contra la salud de los bolivianos y además es ilegal, pues el Decreto Supremo N° 181 en su artículo 80 indica “la prohibición de compra de alimentos genéticamente modificados en compras estatales y alimentación complementaria escolar”, es decir que ninguna institución ni empresa estatal puede comprar alimentos transgénicos.
*Miguel Crespo es Director Ejecutivo de PROBIOMA, agroecólogo e investigador
