Por: Jaime Cuellar Imaña*
I. El rugido de las retroexcavadoras en el corazón del Estado En el enclave de Alto Mapiri, bajo jurisdicción de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), se escribe una historia que podría marcar el futuro de Bolivia. Una historia donde las Fuerzas Armadas, la política y el crimen transnacional se entrelazan bajo la sombra dorada del oro.
La Resolución Administrativa AJAMD-L/DD/RES ADM/56/2025, firmada en marzo de 2025 por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), parecía ser un punto de quiebre. Ordenaba y Ordena la suspensión inmediata de toda actividad ilegal en las áreas otorgadas a COFADENA. Pero esa orden jamás se ejecutó.
El documento quedó sepultado en un cajón, del mismo modo en que los lingotes extraídos clandestinamente se entierran en mochilas antes de cruzar fronteras invisibles. La omisión no fue descuido: fue pacto. Y ese pacto refleja un Estado capturado.
II. De doctrina de seguridad a doctrina de complicidad
La “Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional” nació con el mandato de preservar soberanía, garantizar la integridad territorial y neutralizar amenazas internas y externas. Sin embargo, en la práctica, se ha desvirtuado. Hoy, la seguridad ya no protege al Estado: protege a redes de poder enquistadas en él. En Mapiri, Teoponte y Guanay, soldados armados no desmantelan campamentos ilegales: los custodian. No destruyen retroexcavadoras: las vigilan.
La retórica de soberanía ha sido vaciada de contenido y sustituida por una práctica cínica en la que los uniformes “verde olivo y multicam” se convierten en seguro de impunidad. El modelo recuerda al Cartel de los Soles en Venezuela, donde generales transformaron a las Fuerzas Armadas en gestores de economías ilícitas.
En Bolivia, el oro cumple el mismo papel que la cocaína en los llanos venezolanos: fuente de poder, de corrupción y de estabilidad política para un régimen que depende de rentas paralelas para sobrevivir.
II. Bolivia como catalizador hemisférico
El país, alguna vez considerado periférico en el mapa del crimen organizado, hoy es “catalizador hemisférico de la minería ilegal”. Desde Brasil, el oro ilícito fluye hacia Bolivia, donde encuentra rutas de triangulación y blanqueo. Bolivia se ha convertido en «puente de legalización» para oro amazónico, replicando un patrón que en Perú ya se consolidó hace una década.
La expansión china en el negocio del oro ilegal en Brasil es parte de esta ecuación. La frontera amazónica se convierte en un corredor en el que confluyen intereses brasileños, bolivianos y globales. Bolivia, por su débil institucionalidad, no sólo exporta oro: exporta impunidad estructural, alimentando la inseguridad regional.
IV. Geopolítica dorada: el tablero oculto
El oro boliviano ya no es simplemente un recurso comercial: se ha convertido en un engranaje de la pugna global entre potencias. En un mundo donde los minerales estratégicos son armas de poder, Bolivia emerge como un terreno fértil para actores que buscan mucho más que lingotes: buscan control geopolítico y plataformas logísticas fuera del radar internacional. China aparece como el actor más voraz, absorbiendo buena parte del oro boliviano a través de comercializadoras que operan con fachada legal.
El metal, despojado de trazabilidad, fluye hacia fundiciones en Asia y engrosa reservas en un contexto de tensiones crecientes con Occidente. Rusia, por su parte, se adentra en el tablero boliviano fortaleciendo vínculos militares y tecnológicos. Sus empresas, muchas de ellas con lazos directos al Kremlin, triangulan oro y litio a través de mecanismos financieros diseñados para sortear sanciones internacionales, convirtiendo la ilegalidad en un recurso estratégico. Mientras tanto, Irán, sofocado por las sanciones globales, aprovecha sus acuerdos diplomáticos y religiosos con Bolivia como cobertura para acceder presumiblemente clandestinamente a minerales críticos.
Para Teherán, un país con instituciones frágiles y élites dispuestas a negociar es la puerta ideal para esquivar los bloqueos de Occidente. Y en este tablero, India emerge como destino final: un gigante económico cuya demanda creciente de oro multiplica la salida irregular de recursos bolivianos hacia sus mercados, consolidando así un circuito de ilegalidad con fachada de legalidad.
Lo inquietante es que ninguno de estos actores está en Bolivia únicamente por el oro. Lo que persiguen es algo más profundo: construir nodos de influencia política y económica que funcionen como refugios discretos frente al escrutinio internacional. En esa jugada silenciosa, Bolivia (erosionada en su institucionalidad y debilitada en su soberanía) se convierte en la puerta abierta de un juego geopolítico que se libra en las sombras.
V. Los minerales críticos y la militarización extractiva
Bolivia no sólo es oro. Es litio, tierras raras, uranio, cobre, cobalto, iridio entre otros. Recursos críticos para la transición energética y la guerra tecnológica. En lugar de consolidar un modelo de gestión soberana, el Estado ha permitido que las Fuerzas Armadas devengan en administradores paralelos de la ilegalidad a través de las áreas asignadas a Cofadena. Cada retroexcavadora custodiada por una titularidad de derecho basada en el uniforme castrense, es un símbolo de la mutación institucional: de garantes de soberanía a actores económicos. Este patrón se asemeja a lo que ocurre en el Congo con el M-23, donde el ejército y grupos armados compiten por controlar yacimientos de coltán y cobalto, alimentando guerras interminables.
VI. El espejo venezolano: contaminación criminal de las Fuerzas Armadas
La contaminación de las Fuerzas Armadas bolivianas es ya estructural. Testimonios locales en Mapiri aseguran que las unidades militares no solo cobran arriendo o alquiler por cuadriculas cedidas a través de acuerdos ilegales, sino que también no declaran en su totalidad todo el oro extraído de esas cuadriculas, sin que existe control a cada cargamento de oro ilegal. Este fenómeno reproduce el esquema del Cartel de los Soles: altos mandos administrando economías ilícitas bajo la cobertura del Estado. El riesgo es claro: si la corrupción se institucionaliza, las Fuerzas Armadas bolivianas se transformará en un actor político-económico incontrolable. Su lealtad no será al Estado ni a la Constitución, sino a la renta ilícita.
VII. Policía: negligencia cómplice
La Policía boliviana, responsable de la seguridad interna, ha mostrado una doble cara. Por un lado, informes oficiales hablan de operativos contra minería ilegal. Por otro, comunidades denuncian que estos operativos se anuncian con antelación, permitiendo que los campamentos se vacíen o que ante la negligencia institucional estos jamás suceda.
En los hechos, la Policía se ha vuelto al igual que las Fuerzas Armadas en una mera administradora de la ilegalidad, toda vez que existiendo despliegue de la institución en zonas y áreas mineras donde existe de manera verificada minería ilegal, esta institución se limita a recaudar beneficios en lugar de desmantelarla. Su inacción erosiona aún más la confianza ciudadana y convierte la seguridad interna en mercancía disponible al mejor postor.
VIII. Corto y mediano plazo: el riesgo del Congo andino
En el corto plazo, el oro seguirá financiando lealtades militares, policiales y políticas. El nuevo gobierno enfrentará la tentación de usar esa renta para gobernabilidad inmediata, sacrificando la institucionalidad. En el mediano plazo, Bolivia corre el riesgo de mutar en un “Congo andino”, donde actores internos y externos compiten violentamente por recursos. La proyección de un M-23 amazónico no es exageración: grupos armados, financiados por potencias extranjeras y redes criminales, podrían emerger en el norte paceño y en la Amazonía, fragmentando la soberanía territorial. Los síntomas ya están: proliferación de campamentos ilegales, presencia de mercenarios extranjeros, financiamiento opaco.
El desenlace podría ser una guerra híbrida de baja intensidad, con minería ilegal como motor económico.
IX. Retos del nuevo gobierno
El nuevo gobierno heredará un desafío monumental. Deberá reconstruir la doctrina de seguridad y defensa, blindándola frente a la infiltración criminal que hoy se filtra en cada resquicio institucional. Al mismo tiempo, estará obligado a emprender una depuración real de las Fuerzas Armadas y la Policía, que ya no pueden seguir operando como economías ilícitas disfrazadas de guardianes del orden.
La trazabilidad del oro y de los minerales críticos se convierte en una urgencia impostergable, incluso si ello implica someterse a mecanismos de certificación internacional que incomoden a sectores de poder acostumbrados a la opacidad. Nada de esto será suficiente si Bolivia se mantiene aislada. El combate a redes transnacionales exige la construcción de alianzas regionales sólidas y un rediseño profundo de la política exterior.
El país deberá reconfigurar su relación con potencias no alineadas que hoy encuentran en su territorio un refugio perfecto para operaciones encubiertas, evitando que la geopolítica de la ilegalidad se convierta en norma. Si el Estado fracasa en este giro estratégico, el desenlace será devastador: Bolivia podría consolidarse como el nuevo epicentro de la criminalidad extractiva en Sudamérica, en un “Estado Criminal Dorado” en el que los minerales no financian el desarrollo, sino la corrupción, la represión y la erosión silenciosa de la democracia.
X. Epílogo: la traición silenciosa En Alto Mapiri.
La historia boliviana se encuentra en un punto de inflexión. Si el Estado sigue negociando su legalidad con las Fuerzas Armadas, si la AJAM continúa enterrando resoluciones, si la Policía sigue vendiendo su inacción, el país dejará de ser una democracia defectuosa para convertirse en un Estado criminalizado. Las comunidades río abajo ya pagan el precio: aguas contaminadas, suelos devastados, enfermedades crónicas, líderes hostigados. La riqueza prometida nunca llega. Lo que queda es miedo, silencio y un Estado que ya no responde a sus ciudadanos, sino a las sombras doradas del oro. La pregunta no es si Bolivia caerá en esa trampa, sino cuándo. Y, sobre todo, quiénes tendrán el valor de romper el silencio antes de que el oro y la minería ilegal termine de devorar al Estado.
*Es abogado especializado en minería ilegal
