Otras recomendaciones exhortan a velar por el derecho a un medioambiente saludable, así como por la libertad de expresión e información
La Paz, enero de 2025 (ANA).- Amnistía International hizo patente su preocupación en sentido de que Bolivia debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que puedan afectarlos.
Ello está establecido de esa manera en el convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Cabe enfatizar que la consulta previa, libre e informada, en este caso en Bolivia, es un derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que se traduce en una obligación del Estado; se trata de un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales (Derecho a la consulta previa, libre e informada de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el régimen constitucional boliviano Corte Interamericana de Derechos Humanos, ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO).
En más de una oportunidad, de acuerdo a denuncias de algunos pueblos indígenas, no son consultados debidamente cuando se pretende explotar en su territorio, ya sean minerales, petróleo u otros. Inclusive hay versiones que señalan que los dirigentes serían cooptados por las empresas que pretenden realizar tareas extractivas en esos territorios, no se consulta a toda la población ni se les in forma adecuadamente sobre los enormes perjuicios que ello podría causar, entre otros aspectos (v. Tacanas II presentan protocolo para una verdadera consulta previa a los pueblos indígenas, ANA, 31/07/24).
Entre esos exhortos no podía faltar respecto al derecho a un medio ambiente sano, pues se encomienda que se desarrollen políticas orientadas a poner coto a las actividades extractivistas que dañan el bosque amazónico y todos los ecosistemas relacionados: Desarrollar políticas para limitar el desmonte y la deforestación y la expansión de las industrias industrializadas a gran escala agricultura a costa de los bosques.
Abstenerse de hacer declaraciones amenazantes
Otras recomendaciones a Bolivia de Amnistía Internacional efectuadas hacia la 48° sesión del grupo de trabajo del EPU (enero 2025), exhortan abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que restrinjan indebidamente el derecho a la libertad de expresión, en ese marco, una recomendación textual señala: “Adoptar medidas para garantizar el trabajo de periodistas y comunicadores sociales y abstenerse de hacer declaraciones amenazantes que crean un clima de miedo y censura”.
Paralelamente se recomienda que nuestro país debe garantizar una ley de acceso a la información pública, como lo es la información ambiental, “Promulgar una ley de acceso a la información pública para brindar a los ciudadanos mecanismos efectivos de acceso a la información datos públicos actualizados y oportunos y mejorar la transparencia en la gestión pública y participación ciudadana en las decisiones gubernamentales”.
Amnistía Internacional (Amnesty International por su nombre en inglés), de acuerdo a su página, se constituye en un movimiento global de más de 10 millones de personas orientadas a en desarrollar labores de investigación y acción centradas en impedir y erradicar los abusos graves contra los derechos humanos. (VLM)
