La presidenta de la ANPB afirmó que la mejor defensa frente al acoso gubernamental es la autoregulación y la ética, pero advirtió que las condiciones de trabajo empeoraron para los periodistas.
La Paz, 23 de mayo (ANA).- Mayo ha sido un mes de evaluación y reflexión sobre el estado de situación del periodismo en Bolivia y de las condiciones en las que ejercen su labor las y los periodistas. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, advirtió un mayor grado de peligrosidad en el trabajo de investigación que realizan periodistas en zonas de alto riesgo, y de aquellos que cubren hechos de alta conflictividad política y social.
“Nosotros (ANPB) nos hemos adherido al llamado de Naciones Unidas y hemos advertido el grado de peligrosidad en la que los periodistas realizan su trabajo en terreno y que deben enfrentar (…). Hemos cuestionado en este tema el acoso a periodistas desde instancias estatales, desde organizaciones sociales que exigen concesiones para la explotación aurífera que están vinculadas al tráfico del mercurio y a otras actividades ilegales”, afirmó en entrevista con ANA.
Recordó que el 3 de mayo, Día Mundial de Libertad de Prensa, Naciones Unidas hizo un llamado a visibilizar la importancia del trabajo periodístico para generar una contribución especial en el tema del cambio climático, que la ANPB consideró muy importante, particularmente en Bolivia.
“Como consecuencia de la creciente devastación de la naturaleza por la presencia de grupos ilegales de la extracción de recursos naturales como el oro, la madera, el avasallamiento de territorios indígenas y áreas protegidas para ampliar las plantaciones de coca y tráfico y despliegue de otras actividades ilegales como la trata y tráfico de personas configuran actividades delictivas y peligrosas, hemos constatado en la práctica que el trabajo periodístico se hace muy riesgoso”, destacó.
Según la Oficina Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América Central y el Caribe, las amenazas y los actos violentos son parte de la vida cotidiana de los periodistas en la región, desde medios que han sido clausurados o forzados a trasladar sus operaciones al extranjero, hasta periodistas que han tenido que recurrir al exilio, han sido cuestionados por la Policía o han sido privados de su nacionalidad.
El periodismo de investigación ambiental ha requerido incursiones de periodistas a zonas de alta peligrosidad para denunciar actividades de explotación ilegal del oro, la trata de menores para la explotación sexual y comercial de menores, la tala y tráfico de madera, los incendios forestales provocados, el tráfico de vida silvestre, los avasallamientos de tierras productivas y tráfico de tierras, entre otros ilícitos.
Al momento de realizar un balance sobre el estado de situación del periodismo en el país, Alanes observó que desde las instancias del Gobierno, que deben garantizar el derecho a la prensa asociado a la libertad de expresión, impiden el acceso a la información que debía ser pública, amedrentan y estigmatizan el trabajo del periodismo.
“Hubo una serie de limitaciones como la falta de acceso a la información y respuestas a las demandas para que los periodistas hagan su investigación y fiscalización a la gestión estatal a través de presiones para que revelen sus fuentes de información, transgrediendo un principio básico de la Ley de Imprenta como es el secreto de fuente”, señaló.
Destacó que frente a esos atropellos hubo una reacción corporativa gremial desde diferentes instancias para frenar el acoso y las intenciones de judicializar el trabajo de las y los periodistas.
El reportaje de ANA, replicado por otros medios de alcance nacional bajo el título “Sociedades encubiertas: dragas chinas y 63 actores mineros devoran 43 mil has en la Amazonía en busca de oro” derivó en cartas públicas por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) exigiendo se devele las fuentes de información que dieron a conocer la lista de los titulares mineros detrás de las operaciones mineras auríferas.
“Muchos periodistas se amedrentan y las fuentes de información se cierran por el temor a que la judicialización a periodistas pueda derivar en que la vocería que hacen desde los territorios sea cerrada, estamos en ese ámbito ante un cuadro particularmente riesgoso que puede conllevar a connotaciones mucho más peligrosas para periodistas que se adentran en los territorios y no tienen un entorno que los proteja y hace que su trabajo se realice en condiciones de mucho desafío”, aseveró.
Las demandas para que periodistas que hacen investigación y fiscalización de la gestión estatal revelen sus fuentes de información, transgrediendo un principio básico de la Ley de Imprenta como es el secreto de fuente, es cada vez más frecuente, advirtió la dirigente. “Entonces felizmente hubo una reacción corporativa, gremial, frente a estos atropellos que no necesariamente significa que no tenga efecto esta aplicación”, dijo.
“El balance no es positivo”
En el actual contexto dijo que el balance sobre el estado de situación de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en Bolivia, no es positivo. Alanes recordó que el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa se citó a Ximena Galarza a apersonarse en “calidad de testigo” en un proceso judicial en el que no tenía nada que ver, lo cual “no refleja simplemente un desliz de la autoridad judicial, sino que es una acción premeditada porque no es la primera vez que ocurre”.
“¿Cómo es posible que autoridades que deben garantizar la justicia no entiendan que hay una normativa vigente que regule el trabajo del periodista, el artículo 127 de la Constitución Política del Estado lo dice de manera taxativa: la actividad periodística se rige por los propios mecanismos autoregulación y la Ley de Imprenta que otorga las competencias y ámbitos de intervención de los periodistas”, cuestionó la acción como un artilugio judicial.
Desde la ANPB aseguró que se ha evidenciado la falta de políticas desde el Estado, de protección al trabajador en su conjunto y mucho menos al periodista. “El incremento salarial fue una medida política y no se establece las mesas tripartitas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el tema de salarios y otros que tengan que ver con el tema laboral han sido utilizados con fines políticos”, mencionó.
En el caso de Bolivia dijo que cuando hay demandas desde los trabajadores, los empresarios dueños de los medios prefieren ir a juicios que pueden durar años. “En el caso de Página 7 que no he emitido una sola alerta para saber dónde está el empresario que salió del país con salarios impagos o los casos 25 colegas de Los Tiempos, que fueron sometidos a un acoso estatal que obligó la transferencia del medio de comunicación y que están impagos hace tres años”.
Mayor precariedad y abandono
Las condiciones de precariedad son una señal de alerta, tal cual lo ha demostrado un reciente estudio realizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia con el apoyo de la Red Unitas y el respaldo técnico del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
“Mi perspectiva es que las condiciones en las que estamos desarrollando nuestro trabajo periodístico no son buenas. El último estudio muestra que ocho de cada diez periodistas estamos en situación de precariedad severa”, alertó.
Entre los indicadores que destacó está el 42% de las y los periodistas está percibiendo sueldos mensuales inferiores al salario mínimo nacional; es decir, menores a 2.362 bolivianos, pues el estudio se realizó antes que el Gobierno de Luis Arce subiera el monto a Bs 2.500.
“Seguramente esta cifra subiría si se toma en cuenta el nuevo parámetro aprobado por decreto el 1 de mayo, además hay un indicador de subempleo extremo, que habla del 40%. ¿Qué significa eso?, que los periodistas no estamos trabajando jornadas completas y eso es porque nos falta trabajo, fuentes de trabajo, en muchos casos bajo el denominativo de freelance o a destajo”, citó.
Mencionó que por ejemplo se hizo frecuente que periodistas tengan un vínculo relativamente permanente con un medio de comunicación, pero trabajan a pedido. “Es decir que se nos encomienda hacer un trabajo de un tema en condiciones extremas, y en el caso de Beni, testimonios dan cuenta que los periodistas están cobrando entre 15 a 20 bolivianos por nota, esas son las condiciones en las que está el empleo en nuestro sector”, aseveró.
Los periodistas no encuentran un futuro
En cuanto a la cobertura de algunos derechos, la presidenta de la ANPB advirtió que la situación es igualmente preocupante porque el 70% de las y los periodistas no encuentra un futuro porque no están aportando para su jubilación y a este paso no llegarán al mínimo de 120 aportes para acceder a este derecho.
“Otras coberturas tampoco se están cubriendo, por ejemplo, en materia de seguros un alto porcentaje está afiliado al SUS (Seguro Universal de Salud), con todas las limitaciones que eso implica. Entonces estamos hablando de un cuadro muy complejo en el que el 91% de los periodistas no tiene un seguro de vida, ni mecanismos de seguridad ocupacional”, indicó.
En ese marco dijo que es particularmente preocupante que los periodistas no gocen de cobertura de salud ni seguro de vida, porque “se ha constatado que cada vez son mayores los riesgos que se enfrentan en la cobertura de hechos de alta conflictividad política y social”.
“El cuadro es muy preocupante, asociado a la falta de un seguro de vida, que está reglamentado pero que no se cumple. Este alto nivel de inseguridad se manifiesta más en la cobertura cotidiana, tal como lo demuestra un balance de Unitas de 2023, donde cada tres días se cometió alguna vulneración a la libertad de prensa en Bolivia, la mayoría tiene que ver con la vulneración física, la violencia verbal, el acoso, la intimidación”, aseguró la representante nacional.
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