En la misma línea del Gobierno del MAS, la administración de Rodrigo Paz continuó con la criminalización (persecución penal) a comunarios de Chiquiacá que se oponen a la actividad petrolera en la reserva natural, sin escuchar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de DDHH.
La Paz, 6 enero (ANA).- La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Bolivia, se declararon “víctimas” de comunarios que mantienen una vigilia al ingreso de la Reserva Natural de Fauna y Flora Tariquía en contra de las actividades hidrocarburíferas, y activaron un segundo proceso penal ante la Fiscalía de la provincia Entre Ríos del departamento de Tarija.
La notificación señala que dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público a denuncia de Fernando Vargas Guzmán en contra de R.R.A.G y otras 16 persona, por la comisión de presuntos delitos de asociación delictuosa y otros previstos en el Código Penal.
“Los hechos criminales desplegados por los denunciados causan daño directo a las actividades petroleras de la persona jurídica, identificada como víctima en función del artículo 76 inciso III del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 1173”, señala el requerimiento fiscal.
Los delitos denunciados se refieren a “atribuirse los derechos del pueblo, asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo”, delitos de acción pública tipificados en los artículos 124, 132 y 303 del Código Penal.
Se señala en el requerimiento fiscal que, las y los sindicados deberán presentarse con su cédula de identidad y asistidos por su abogado defensor y se advierte que en caso de inconcurrencia a la audiencia se librará mandamiento de aprehensión en su contra.
“Es mucho peor que con el anterior gobierno”
La vicepresidenta del Comité de Defensa, Barbarita Meza, en contacto con ANA señaló que en horas de la mañana de este lunes, se hizo presente Petrobras rodeada por un contingente policial de al menos 40 uniformados, quienes redujeron la vigilia e ingresaron con obreros para deforestar con motosierras.
“Ha sido lamentable porque no han considerado que había personas de la tercera edad. En fin, nuevamente estuvimos con lágrimas en los ojos, teníamos la esperanza con este Gobierno iba a haber cambio, por el contrario, es mucho peor para las familias que vivimos dentro de la Reserva (…). Tienen prevista la apertura de caminos y planchado”, señaló.
Proyecto hidrocarburífero
El proyecto exploratorio de San Telmo Norte fue otorgado como “área reservada” de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, mediante Decreto Supremo 3107 sobre una extensión de 95.250 hectáreas, según informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
La normativa fue aprobada en el Gobierno de Evo Morales el 8 de marzo de 2017 y un año después la petrolera estatal firmó el contrato con Petrobras con una participación del 60% y la subsidiaria YPFB Chaco con el 40%.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Bolivia (YPFB) representada legalmente por el presidente interino, Yussef Ernesto Akly Flores con domicilio en la ciudad de La Paz, calle Reyes Ortiz y calle Bravo.
De acuerdo a la cláusula 1.4 del citado Contrato de Prestación de Servicios, Petrobras Bolivia SA fue designado por el titular como el Operador, quien debe cumplir con las obligaciones del titular, para ejecutar el proyecto: “Perforación Exploratoria Pozo DMO-X·, Bloque Exploratorio San Telmo Norte”, pozo [U1] de la citada área, donde se prevé incrementar los volúmenes de gas natural para satisfacer el mercado interno y atender los compromisos de exportación para los contratos a nivel internacional.
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
Los antecedentes del requerimiento mencionan la Evaluación del Impacto Ambiental para las actividades de relevamiento topográfico, estudios de cuencas, relevamiento de flora-fauna y estudio geológico concluyeron con la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico del proyecto Perforación Exploratoria Bloque Exploratorio San Telmo Norte.
Se confirma que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA) a través del Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y de Desarrollo Forestal, como única Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) para la categorización y la emisión de licencias ambientales de actividades, obras y proyectos de alcance nacional aprobó el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental-Analítico Específico del proyecto: Perforación Exploratoria Pozo DMO-X3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte el 10 de julio de 2025.
Se emitió la Licencia Ambiental de Declaratoria de Impacto Ambiental 0606’1/01/04/DIA/No 2134/2025, por lo que Petrobras Bolivia SA, según la Fiscalía, cuenta con la licencia ambiental respectiva para realizar legalmente todas las actividades del citado proyecto.
«Si bien el documento está fechado el 10 de julio de 2025, recién fue puesto en línea en las primeras semanas del mes de septiembre (…). Con este ocultamiento se impidió la posibilidad de impugnar esta licencia en el plazo de 10 días, tal como está determinado por la norma. La demora por dos meses en una publicación y notificación que debería ser inmediata, es expresión clara de la mala fe con la que actúan el Estado y las empresas petroleras en la Reserva de Tariquía», señala el voto resolutivo.
Desconocen procesos de consulta
En análisis del experto Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el otorgamiento de la licencia ambiental implica que el proyecto habría pasado los procesos de consulta y habría logrado el consentimiento de las comunidades, sin embargo el Comité de Defensa de Tariquía denunció que las empresas solo siguieron procedimientos que recortaron el derecho a la consulta en el marco de los estándares y requisitos de las normas contenidas de convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú, varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Sarayaku Vs Ecuador, entre otros.
Consideró no solo que se emitió las licencias ambientales en tiempo récord, sino también que se las ocultaron a fin de no dar tiempo para las impugnaciones dentro de los plazos establecidos.
Es más, los comunarios del Comité de Defensa de Tariquía en el cantón Chiquiacá, en un comunicado público el 29 de noviembre de 2025 recordaron al presidente Rodrigo Paz Pereira que respete la decisión de las 10 comunidades del Cantón Chiquiacá, que en una consulta interna el 10 de octubre de 2024, tras largos debates y deliberaciones, en el marco de sus procedimientos democráticos propios, respaldados por la Constitución, ratificaron su decisión de rechazar toda actividad hidrocarburífera en su territorio, que a la vez es un área protegida nacional. Esta decisión, así como muchas otras anteriores, no fue tomada en cuenta ni mucho menos respetada por YPFB y Petrobras. (Fuente para encontrar el comunicado público: https://www.facebook.com/photo?fbid=1462007262591509&set=pcb.1461989549259947).
El 7 de marzo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la criminalización a defensores ambientales en Bolivia, organizaciones sociales e indígenas denunciaron persecución penal de parte del Estado boliviano por oponerse a proyectos extractivos, como el de la petrolera en Tariquía, destacando el uso de la fuerza pública y la falta de diálogo, mientras el Estado y la Defensoría del Pueblo expresaron preocupación por la falta de transparencia en la ejecución de proyectos extractivos, así como la falta de un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada , instando a diálogo y respeto a derechos.
La CIDH escuchó y las autoridades presentes en la audiencia y reconocieron a los comunarios de Tariquía como defensores ambientales, señalando recomendaciones al Estado para evitar la criminalización indebida contra ellos, así como la descalificación de su labor. (Leer: https://anabolivia.org/criminalizacion-a-defensores-ambientales-cidh-llama-al-estado-a-generar-mecanismos-de-proteccion-y-el-respeto-a-la-protesta/).
En el último informe de la CIDH, sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, destaca el caso de Tariquía como un hecho de indebida persecución y criminalización a defensores de derechos ambientales, quienes fueron llevados a la justicia ordinaria por oponerse a los proyectos extractivos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/211.asp&utm_term=class-inft
Contratos
El artículo 362 de la CPE autoriza a YPFB, suscribir contratos con empresas bolivianas o extranjeras para que dichas empresas a su nombre y en su representación realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
El 15 de enero de 2018, se suscribe el Contrato de Servicio Petroleros para la Exploración y Explotación del área San Telmo Norte (área STN) entre YPFB, YPFB Chaco SA y Petrobras Bolivia SA, protocolizado mediante: Testimonio No 1405/2018 de fecha 05/07/2018 fue contratado en nombre del Estado de Bolivia, motivo por el cual de acuerdo al contrato y en función del artículo 362 de la CPE, el Estado de Bolivia es parte en este contrato mediante YPFB máxime que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 362 de la Constitución Política del Estado, el contrato descrito ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado boliviano mediante la Ley 1049 del 07/04/2018.
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