Comunarios alertan de los intentos de “conciliación” de mineros con comunarios judicializados y exigen la suspensión de procesos penales en contra de las y los defensores ambientales de Tres Marías.
La Paz, 9 de enero (ANA).- Cooperativistas mineros que judicializaron a defensores ambientales de la comunidad Tres Marías en el municipio de Yanacachi, intentan negociar cuadrículas mineras a cambio de que “les dejen trabajar” y se olviden la vulneración de Derechos Humanos, denunciaron este jueves.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocao) y defensores ambientales de la comunidad Tres Marías, ante el intento de los representantes de la Cooperativa Minera Aurífera Salvadora de Yerbani R.L de “concililar” (negociar), emitieron una denuncia pública.
“Había reunión en la Defensoría para que se concilien con nosotros, pero nosotros no podemos negociar con ellos. No sabemos qué está buscando la Defensoría (del Pueblo) que nos indica que el abogado de la Cooperativa Salvadora había ido, han empezado hablar de cuadrículas, han dicho: esas siete cuadrículas que se lo agarren, pero nosotros nunca hemos hablado de cuadrículas porque no nos interesa la minería. Siempre hemos querido que se convierta en área protegida la comunidad Tres Marías”, dijo a ANA una de las comunarias.
Los comunarios de Tres Marías y la Contiocap expusieron nueve puntos en su denuncia pública:
1. Ante la presión por denuncias que hemos realizado los defensores medioambientales que somos víctimas de los procesos iniciados contra nosotros por la cooperativa minera aurífera Salvadora de Yerbani R.L, y de habernos hecho declarar prófugos y haber hecho apresar injusta y abusivamente a nuestro hermano César Condori, en los últimos días, hemos conocido que, con mediación de la Defensoría del Pueblo, intentan llevarnos a una supuesta “conciliación” para que les dejemos trabajar.
2. Asimismo, la Cooperativa minera aurífera Salvadora de Yerbani R.L. ha procedido a dividir a nuestra comunidad, convenciendo a algunos comunarios de transar “beneficios para la comunidad”, entre ellas de aceptar 7 cuadrículas “para que ya no les molestemos”, es decir, para ellos apropiarse de nuestro territorio, y para que expulsemos de nuestra comunidad al Sr. Hugo Apaza, quien dice haber sido estafado por esa cooperativa minera. Pero esta persona no es parte de nuestra comunidad. Lo que sí, aparentemente es que se están disputando áreas mineras entre mineros, según edicto que hemos recabado, donde aparece el nombre de la persona que dice haber sido estafada. Mientras nosotros los comunarios de Tres Marías, no tenemos ningún interés de hacer minería, o de que terceros ajenos hagan minería en nuestros predios, ríos y áreas de producción de flores. Ni tampoco podemos expulsar a alguien que no forma parte de nuestra comunidad, como es el Sr. Hugo Apaza.
3. Con la declaración de prófugos que nos hicieron, incluido a nuestro máximo dirigente secretario general de la comunidad, que es de la tercera edad, el hermano Isaac A. Catacora Mamani, quien se encuentra en la clandestinidad, lo que buscan es acabar con nuestra actividad de producción de flores y miel, para apoderarse de nuestro territorio y convertirlo en área minera como ya lo vienen haciendo desde 2010.
4. Y debido a que los procesados y declarados prófugos hemos tenido que abandonar nuestra comunidad, algunos incluso sufriendo accidentes graves, abandonando nuestra producción de flores, que hasta la fecha las flores se están echando a perder y estamos perdiendo la cosecha y nuestra fuente de sustento.
Ante ello exigimos al Estado boliviano, a la Defensoría del Pueblo y a los administradores de Justicia las siguientes acciones:
5. Suspensión inmediata de los procesos que nos sigue la Cooperativa minera aurífera Salvadora de Yerbani R.L. y la declaratoria de prófugos en contra de nosotros los defensores ambientales de Tres Marías y la liberación de nuestro hermano César Condori, por estar injustamente encarcelado por el abuso de la justicia en contra de quienes defendemos el medioambiente.
6. Que la Defensoría del Pueblo, en vez de mediar para una supuesta “conciliación”, que no es otra cosa que negociar nuestra vida en nuestro territorio y nuestra dignidad, exija a la justicia y a la cooperativa minera, se respeten nuestro derecho a vivir en nuestra comunidad libre de minería, porque así lo queremos, porque lo único que queremos es vivir de producir flores y miel.
7. En vez transar para convertir nuestras áreas de producción de flores para convertirlo en áreas mineras, exigimos que el Municipio de Yanacachi, inicie los trámites de declaratoria de “Área Protegida Municipal Las Flores Tres Marías”.
8. Responsabilizamos al Estado boliviano, a la justicia, a la AJAM y a sus cómplices autoridades de Coroico, Gobernación de La Paz entre otros, de cualquier pérdida de vida de quienes estamos declarados prófugos, así como de la pérdida de nuestro sustento y nuestra desaparición como comunidad.
9. Investigación independiente sobre las irregularidades del Ministerio Público y el Órgano Judicial en este caso.
10. Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, implementando medidas claras para garantizar la seguridad de los defensores ambientales en Bolivia. A los organismos internacionales de derechos ONU en Bolivia y del ámbito internacional de protección a defensores de derechos, les pedimos interponer sus buenos oficios para denunciar, y exigir a las autoridades del gobierno boliviano, respetar los derechos de los defensores ambientales y el derecho a defender derechos.
11. Asimismo, a la Defensoría del Pueblo, les pedimos se sumen a pedidos de instancias internacionales, para exigir al Estado boliviano una revisión exhaustiva de la Ley 535 de Minería, particularmente en los artículos que otorgan privilegios exclusivos a los mineros, de supuestamente tener derechos pre constituidos, por lo cual les exime de realizar Consulta Libre Previa e Informada a comunidades, por encima de las garantías y principios fundamentales inscritos en la Constitución y los Convenios Internacionales como el 169, y porque ampara a operadores mineros como una casta privilegiada con derecho a violar normas en completa impunidad.
12. Al Estado en todos sus niveles, y al pueblo boliviano, pedimos fortalecer la lucha contra la minería legal e ilegal, que representa un atentado no solo contra el medio ambiente sino también contra la soberanía del Estado.
13. Pedimos al pueblo boliviano a solidarizarse con esta causa y exigir justicia. Nuestra tierra es nuestro hogar, y protegerla es responsabilidad de todos. Que este llamado sea un recordatorio de que nuestra unión y determinación son más fuertes que cualquier interés económico o político que pretenda destruir nuestro futuro.
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