La restitución de Marcos Uzquiano a su cargo y el cese de represalias contra los guardaparques, son dos de las exigencias del pronunciamiento público en rechazo al despido injustificado del destacado defensor ambiental
La Paz, 4 enero de 2025 (ANA).- La criminalización de la lucha ambiental no ha parado en los procesos ordinarios en contra de guardaparques que denunciaron la minería ilegal en áreas protegidas. Hoy se acentuaron las represalias desde las propias estructuras del Estado alcanzando connotaciones laborales que vulneran derechos.
Y es que no solo son guardaparques, también guardafaunas quienes están siendo retirados de sus fuentes laborales, amedrentados y violentados. Es ese uno de los aspectos más relevantes que dejó la movilización que realizó un plantón ante las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) protagonizada por colectivos ambientales quienes condenaron masivamente a lo largo y ancho del país los atropellos gubernamentales contra los defensores de la naturaleza.
Curiosamente se informó a la prensa que, en esos precisos momentos, es decir en horas de la tarde, cuando se desarrollaba el plantón ante las oficinas de esa institución gubernamental, Johnson Jiménez, director del Sernap, se encontraría reunido en oficinas de la Casa Grande del Pueblo, considerando el tema de la destitución de los guardaparques Marcos Uzquiano y Guido García.
Destitución de Jiménez y Lisperguer
La restitución de Marcos Uzquiano a su cargo y el cese de represalias contra los guardaparques, es una de las exigencias del pronunciamiento público en rechazo al despido injustificado del destacado guardaparque y al amedrentamiento de los guardaparques y guardafaunas de Bolivia suscrito por alrededor de 70 organizaciones de todo el país entre colectivos ambientalistas, colegios profesionales y otras instituciones.
La destitución de Alan Lisperguer Rosales, titular del ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y de Johnson Jiménez Cobo, director ejecutivo del Sernap es otra de las demandas ambientalistas que fue leída en la protesta, “al gobierno nacional exigimos la destitución del ministro de Medio Ambiente y del director ejecutivo del Sernap quienes han demostrado incapacidad para el cuidado de las áreas protegidas y el respeto hacia sus defensores”.
También fue incorporada otra exigencia, la de que instituciones que promueven los derechos de la ciudadanía, así como de la naturaleza, así como representantes nacionales y otros aúnen su clamor por la vida:
“Que la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, instituciones de defensa ambiental, parlamentarios y otros actores relevantes unan sus voces para defender no solo el trabajo de Marcos Uzquiano, sino de todos los guardaparques y directores que viven amedrentados laboralmente tratando de callar sus voces y poniendo en la indefensión a las áreas protegidas de Bolivia”.
Fiscalizar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas
Y precisamente una de las voces que resonó en el plantón ante el Sernap y en múltiples acciones en defensa de la vida, los derechos humanos y el medio ambiente, fue la de la activista ambiental Daniela Arratia, titular del colectivo ambiental Lucha por la Amazonía, quien destacó que también se solicita una fiscalización económica al Servicio Nacional de Áreas Protegidas a objeto de que se haga público el destino y tratamiento que se brinda a los recursos monetarios que percibe esa institución.
“Prácticamente están haciendo que los guardaparques estén viviendo en una situación sumamente precaria, trabajando en una situación sumamente precaria, no nos olvidemos que son más de 22 áreas protegidas que son manejadas por aproximadamente 67 guardaparques, es ilógica la situación ¿y dónde está todo el dinero que prácticamente se le da al Sernap?”
En la ocasión, Arratia hizo referencia a que los despidos se realizaron en una época sensible como la de Año Nuevo, considerando que ello es además un tipo de agresión psicológica, sin descontar todo lo que integralmente implica el retiro forzoso. De igual manera estimó que estaría produciéndose una especie de criminalización por parte del gobierno contra la defensa ambiental y todos quienes actúan en ese sentido, tanto desde las instituciones como desde los colectivos ambientales y pueblos indígenas, entre otros.
No fue una casualidad
Presidenta de Acción Ecológica, Pilar Espinoza, quien participó de la movilización, consideró que la destitución de los defensores ambientales, en este caso del guardaparque Marcos Uzquiano, fue algo que no se limita a un hecho casual, sino que ello estaba ya planificado contra quien supo denunciar irregularidades en áreas protegidas, defenderlas e inclusive combatir los incendios que provocaron instancias obedeciendo a intereses económicos, expansivos, extractivistas y de poder.
“Yo creo que no es una casualidad, yo creo que esto está bien planeado, Marco Uzquiano era un escollo en los bosques, es un hombre que ha denunciado y ha seguido los pasos de todos los criminales, los ecocidas, no solamente de los incendios, ellos son los guardabosques, son los bomberos de nuestra nación, han apagado esos fuegos, han visto qué manos eran las criminales y más los saqueadores de nuestras minas de oro, los mineros que ensucian de las cooperativas, ensucian nuestros ríos…”
Amedrentamiento sistemático
En esa misma línea se manifestó otro defensor ambiental, en este caso Rubén García, voluntario y activista de Alas Chiquitanas, considerando el aspecto de la criminalización a la lucha por la defensa del medioambiente, así como la instauración en la dirección ejecutiva del Sernap, de una instancia que reúna méritos y capacidades para el desarrollo de una responsabilidad como esa.
“Es un amedrentamiento sistemático que viene ejerciendo el gobierno nacional a través de sus oficinas del Sernap y del ministerio de Medio Ambiente, buscando justamente amedrentar a los guardaparques, a los defensores ambientales que sí hacen su trabajo, ese es el motivo justamente por el que los están persiguiendo, destituyendo, porque al gobierno ecocida no le conviene que las áreas protegidas tengan esta cualidad, justamente de protección, el gobierno del presidente Arce efectivamente busca ampliar la frontera agrícola, busca la entrada de minería ilegal, sobre todo el oro, en áreas protegidas…” (VLM)
