El comunicado tiene el carácter de urgente y alerta por la nueva ola de quemas, expresa su indignación pues solo comunarios y pobladores locales lo sofocan y exige a las autoridades actuar pronta y eficazmente así como la abrogación del paquete de normas incendiarias
Vladimir Ledezma Maldonado
La Paz, julio de 2023 (ANA).- Casi cuarenta organizaciones, mediante un comunicado público urgente, invocan a los gobiernos central y departamental de Santa Cruz que actúen de manera eficaz e inmediata contra los incendios provocados en el municipio de Roboré, El Pantanal y toda la región chiquitana que están depredando bosques, biodiversidad y poblaciones locales.
Alertan que un nuevo ciclo de incendios de grandes dimensiones ha sido desatado en la Chiquitanía y El Pantanal, principalmente en Roboré y San Matías, destruyendo la invaluable riqueza del bosque seco chiquitano y particularmente el Área Protegida Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz, APM/UCPN Reserva de Vida Silvestre Tucabaca.
En ese sentido, los firmantes manifiestan su indignación ante esta nueva escalada de incendios provocados por políticas atribuidas al gobierno de habilitación de tierras para la agricultura extensiva y el pastoreo, entre otras, en la que, como en otras ocasiones, deban ser las mismas comunidades y poblaciones locales quienes combatan el fuego con el apoyo ocasional de bomberos voluntarios, cuando deberían ser las autoridades competentes quienes se ocupen de ello.
Abrogación del paquete de normas incendiarias
Paralelamente exigen la inmediata abrogación del denominado paquete de leyes incendiarias que promueve y fomenta estas quemas que cada año y masivamente acaban cruelmente con todo tipo de vida, así como el respeto al Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, entre las que se cuentan las leyes 337, 502, 739, 952 que establecen el “perdonazo” a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y la Ley Forestal.
También figuran la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que también condona las multas por quemas sin autorización, así como el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias y permite quemas controladas.
Ya el 22 de julio de la presente gestión el concejo municipal de Roboré declaró desastre municipal por los incendios, declaratoria cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de este 2024.
En esta ocasión, el comunicado intitulado “Roboré exige atención urgente y eficaz ante nueva emergencia por incendios” cuenta con el apoyo de treinta y nueve organizaciones, entre las que figuran la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), el Comité de Gestión de la APM/UCPN Reserva de Vida Silvestre Tucabaca; el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB; la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB; la Organización regional de mujeres indígenas chiquitanas – ORMICH, la Comunidad Indígena El Portón, Roboré, la Asociación de Mujeres de Santo Corazón y el Comité Cívico Femenino de Ixiamas, junto a otras destacadas organizaciones.
