“Confiamos que el TCP va emitir un fallo favorable, una sentencia favorable a los pueblos indígenas dado que hemos sustentado nosotros con argumentos científicos como el estudio que se ha realizado con el laboratorio de Calidad Ambiental de la UMSA donde hemos demostrado afectación”
Por Vladimir Ledezma Maldonado
La Paz, julio de 2024 (ANA).- La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) presentó un memorial de apersonamiento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de la ciudad de Sucre en el que solicitan que esa instancia ratifique la resolución judicial No. 05/2023 que determina control permanente y paralización de las actividades mineras ilegales y de las que no cuenten con licencia ambiental.
La resolución emitida por Edwin Pallete, juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque, dispone además que no podrán otorgarse nuevos contratos de aprovechamiento en las cuencas del río Beni, Madre de Dios y sus afluentes mientras no se rehabiliten las aguas, así como otras disposiciones para reparar los derechos vulnerados de los pueblos indígenas, como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
La información fue hecha conocer por la dirigencia de la Cpilap en una conferencia de prensa realizada a ese efecto, en la misma el titular de la organización indígena, Gonzalo Oliver, observó que los avances de dicha resolución judicial, pese a que data de septiembre de 2023, han sido poco significativos y sin acciones contundentes por parte de las autoridades como dispone la misma, en especial con respecto a la minería ilegal, por lo que esperan que en los próximos días se haga de esa manera.
“En el mes de septiembre de la gestión pasada se nos concedió la tutela por el juez de Garantías Constitucional del municipio de Rurrenabaque, Edwin Pallete, una resolución que ha dado luces y esperanza para todos los territorios indígenas en cuanto a la protección de nuestros territorios, en cuanto a frenar el avance del extractivismo como es la minería ilegal en los territorios indígenas de la Amazonía paceña y las áreas protegidas”, describió el presidente de la Cpilap.
Oliver también aclaró que, al referirse a minería ilegal, los pueblos indígenas no se limitan a que determinada cooperativa minera cuente con autorización emitida por una institución determinada, sino a que dicha instancia no vulnere el medio ambiente, no destruya la naturaleza, la biodiversidad ni dañe a las naciones originarias de los ecosistemas amazónicos.
De la misma manera, el dirigente especificó que la Cpilap siempre estuvo trabajando en cuanto al cumplimiento de la resolución judicial No. 05/2023 conformando mesas técnicas por parte de los territorios indígenas que comprende la organización, las cuales se reúnen periódicamente para evaluar el cumplimiento a la misma por parte de instituciones involucradas como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y el Ministerio de Salud y Deportes, entre otras.
Respaldo del Fospa
Por su parte, Pablo Solón, director de la fundación Solón, a tiempo de referirse a la presentación del memorial, manifestó su preocupación de que el TCP, en vez de ratificar la resolución del juez Edwin Pallete, termine haciendo lo contrario a la solicitud de los pueblos indígenas.
En esa línea, Solón destacó el respaldo a la acción de la Cpilap por parte de todos los países que conforman la región amazónica (9), entre los que está incluida Bolivia y que conforman el Foro Social Panamazónico (Fospa), cuya XI versión se desarrolló entre el 12 y 15 de junio de este 2024 en las localidades de Rurrenabaque y San Buenaventura.
Precisamente al respecto, el XI Fospa se declaró en movilización permanente defendiendo los derechos de los pueblos amazónicos y de la ecorregión que habitan, “nos declaramos en movilización permanente y articulada en defensa de nuestros derechos, los derechos de la Naturaleza, la Amazonía y la Vida, y asumimos el respaldo contundente frente a las distintas amenazas que sufren nuestros territorios en toda la región”.
En ese sentido se exigió el cumplimiento inmediato de la Resolución de Acción Popular (05/2023) que fue concedida a la Cpilap por parte de todas las instancias públicas involucradas en la ejecución de las disposiciones establecidas por ese mandato judicial.
De igual manera se rechazó cualquier intento de que la disposición sea revertida por instancias superiores como el TCP y en tercer lugar se solicitó a las instancias de defensa de los derechos de los pueblos indígenas como la Defensoría del Pueblo de Bolivia y los altos comisionados de Naciones Unidas sobre la temática, acompañar el estricto cumplimiento de la sentencia del juez de Rurrenabaque y actuar ante cualquier proceso de revisión o reversión de la misma. (VLM)
