En el informe de impacto: Minerales críticos y rendición de cuentas democrática, publicado el 17 de julio, la NED afirma que se intensifica la competencia por los minerales críticos.
La Paz, 27 julio (ANA).- La Fundación Nacional para la Democracia (NED) de Estados Unidos, ha destacado el rol de grupos cívicos de Bolivia en la cancelación de “contratos opacos” de litio por un valor de $us. 2.000 millones de dólares, con empresas de China y Rusia, firmados durante el Gobierno de Luis Arce (MAS). Reconoce una la carrera por los minerales críticos se intensifica en el mundo.
“Con el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y el Centro para la Empresa Privada Internacional, grupos cívicos desempeñaron un papel fundamental en la cancelación de contratos opacos por valor de 2.000 millones de dólares que habrían transferido gran parte de las reservas de litio del país a empresas respaldadas por China y Rusia”, señala la NED en su reciente informe de impacto.
Sin embargo, el Gobierno no confirmó de manera oficial la cancelación o anulación de los contratos que fueron firmados con las empresas china y rusa, sino la reconducción del proceso de extracción del litio y su consiguiente industrialización.
Según la Fundación de Estados Unidos, mediante reportajes que expusieron “acuerdos turbios” ante la ciudadanía y los legisladores, los actores democráticos contribuyeron a garantizar que la riqueza de litio de Bolivia estuviera sujeta a un mayor escrutinio público, una gobernanza más responsable y decisiones que beneficiaran mejor al pueblo boliviano.
Los dos principales contratos de explotación de litio firmados por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de China y Rusia suman un monto global de inversión que supera los $us 2.000 millones. Estos acuerdos, suscritos bajo la gestión de Arce, están destinados al desarrollo e instalación de complejos industriales que utilizan la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en el salar de Uyuni.
El contrato firmado con el consorcio de China, Hong Kong CBC Investment Limited, contempla una inversión aproximada de $us 1.030 millones. El proyecto incluye el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente.
En tanto, el contrato con la firma de Rusia, firmado con Uranium One Group (subsidiaria de la corporación estatal rusa Rosatom), implica una inversión de unos $us 970 millones con el objetivo de construir una planta industrial con capacidad para producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Impactos socioambientales
Instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que no son socios de la NED, pero cuentan con reconocida trayectoria en aporte al conocimiento en temas vinculados a los extractivismos y Derechos, como el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la Fundación Jubileo y la Fundación Solón, entre otras, han advertido que la extracción de litio en el país genera un alto riesgo hídrico y ambiental debido a la falta de planificación, la opacidad técnica y la presión de corporaciones extranjeras, además de un agotamiento de agua fósil, debido a que la extracción intensiva supera con creces la recarga anual por lluvias en el suroeste de Potosí, amenazando con secar la región.
También se ha advertido una alteración de cuencas, donde el bombeo masivo de salmueras altera los flujos subterráneos, poniendo en riesgo los reservorios de agua dulce cercanos.
La destrucción de bofedales o sitios Ramsar es otro de los riesgos por la presión crítica sobre estos humedales altoandinos, vitales para mantener los ríos y las zonas de pastoreo.
En cuanto a los Derechos de Pueblos Indígena, se ha advertido también la vulneración de la consulta previa, pues se denuncia que los contratos se gestionaron de manera vertical, omitiendo la consulta libre e informada a las comunidades locales.
Se advierte de una potencial amenaza a la subsistencia pues la pérdida de acceso al agua dulce compromete de manera directa la ganadería de camélidos, la agricultura local y el suministro humano elemental.
Incertidumbre por la tecnología
Entre los posibles impactos también se ha mencionado a los residuos químicos potencialmente tóxicos, pues el uso de aditivos y tecnologías de filtrado genera salmueras residuales cuyo tratamiento definitivo o posible reinyección subterránea aún no tiene un plan claro.
También se ha advertido que el Gobierno del MAS avanzó en contratos comerciales con empresas de Rusia y China sin contar con estudios de evaluación de impacto ambiental (EEIA) transparentes ni datos hidrogeológicos definitivos.
Participación de movimientos cívicos
Según reportes del periódico El Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y un bloque de más de 37 instituciones de la sociedad civil han sido los principales actores que impulsaron el freno, la suspensión y el rechazo a los polémicos contratos de litio firmados por el Gobierno boliviano con consorcios de China (como el consorcio CBC) y de Rusia (Uranium One Group).
A nivel legal y territorial, Mongabay ha atribuido la paralización definitiva de estos contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) gracias a las acciones judiciales interpuestas por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), que agrupa a 53 comunidades indígenas del Suroeste potosino, junto con la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Competencia por los minerales críticos
“A medida que se intensifica la competencia por los minerales críticos, los socios de NED contribuyen a garantizar que la riqueza derivada de los recursos naturales beneficie a los ciudadanos y las comunidades, en lugar de a élites arraigadas o redes respaldadas por regímenes autoritarios que fomentan la inestabilidad”, señala el reporte de la NED titulado “Informe de impacto: Minerales críticos y rendición de cuentas democrática”.
Al promover la transparencia, según la NED, la rendición de cuentas y la supervisión pública, apoya los intereses de Estados Unidos en la creación de un entorno económico más equitativo para las empresas responsables, al tiempo que otorga a las comunidades una mayor participación en la forma en que se desarrollan y utilizan sus propios recursos.
“La Fundación Nacional para la Democracia (NED) apoya a socios en regiones clave de minerales críticos que trabajan para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todo el sector, desde la extracción hasta la inversión, el comercio y la supervisión pública”, señala el reporte.
Su labor llega en un momento crucial, según el informe, pues metales como el cobalto, el cobre y el litio son esenciales para las tecnologías emergentes, las energías renovables y la seguridad nacional.
“Sin embargo, muchos de estos recursos se concentran en países con sistemas de gobernanza débiles, lo que los hace vulnerables a la captura por parte de élites corruptas, redes empresariales opacas y empresas respaldadas por gobiernos autoritarios”, cita el documento.
En lugar de beneficiar a las comunidades locales, según la NED, los ingresos a menudo financian esfuerzos para “fortalecer regímenes opresivos e incluso organizaciones criminales”.
Al mismo tiempo, advierte la organización de EEUU, una competencia desigual por los minerales críticos ha favorecido a actores dispuestos a recurrir al soborno a expensas de las empresas estadounidenses que cumplen las normas, lo que socava los intereses económicos de Estados Unidos.
“Las prácticas laborales coercitivas y explotadoras utilizadas por actores autoritarios para minimizar los costos de producción perjudican a los trabajadores y las empresas estadounidenses”, señala el informe.
En su reporte, la NED afirma que apoyó a socios en África, América Latina y Asia que trabajan para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de los minerales críticos mediante subvenciones directas y programas liderados por los Institutos Centrales de la NED.
Esto incluye esfuerzos del Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Republicano Internacional y el Centro para la Empresa Privada Internacional para ayudar a los actores cívicos y los órganos legislativos a fortalecer las leyes mineras y mejorar su aplicación.
La NED es una organización privada sin fines de lucro financiada por el Congreso de Estados Unidos. Críticos y diversos gobiernos la califican a menudo como una fachada de inteligencia o de intervención política, argumentando que canaliza fondos para influir en procesos políticos extranjeros, mientras que Washington la define como un ente promotor de la democracia.
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