Los pueblos originarios de la nación Lípez, circundante al Salar de Uyuni en el departamento de Potosí consideran los contratos con las empresas china y rusa, de inconstitucionales y desfavorables para el país.
La Paz, 11 febrero (ANA).- El Consejo del Gobierno Originario de la Nación Lípez se declaró es estado de emergencia, ante la intención de aprobar el proyecto de ley 197/2024-2025 sobre el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni entre Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Hong Kong CBC, y en demanda de la anulación del convenio con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para la instalación de tres plantas industriales de producción de carbonato de litio grado batería.
“Lamentablemente el Gobierno central a título de la declaración de tierras fiscales se atribuyó firmar los contratos con empresas transnacionales, sin nuestro consentimiento, ni mucho menos consultarnos”, señala un pronunciamiento público de los pueblos originarios de la nación Lípez del departamento de Potosí.
Los pueblos de la nación Lípez advierten que el Gobierno pretende una explotación irracional del litio, pero también sostienen que los contratos con las empresas china y rusa con inconstitucionales y atentatorios al derecho de los pueblos originarios.
“Nunca hemos consentido, ni fuimos consultados, ni informados sobre el uso del agua para la extracción del litio”, asegura el Consejo.
En el manifiesto, los pueblos originarios de la nación Lípez afirman que los contratos firmados por el presidente Luis Arce con las empresas transnacionales, son totalmente desfavorables, atentatorias y anticonstitucionales, ya que violan todo los derechos de los pueblos.
Mencionan que la cláusula 14 del contrato con las trasnacionales señala las obligaciones de las partes, y que en su inciso m indica: “cooperar e impulsar todos los asuntos relacionado con el suministro de agua y energía con las autoridades y empresas competentes del Estado Plurinacional de Bolivia como el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a fin de garantizar ambos servicios básicos para este proyecto”.
En ese marco y de libre determinación y el dominio de la territorialidad, los pueblos originarios aledaños al Salar de Uyuni expresaron su posición. “Nos pronunciamos públicamente para que se anule por completo dichos convenios a cerca del litio, firmados por el Gobierno boliviano con las empresas transnacionales, que a partir de la fecha nos declaramos en estado de emergencia”, se lee en el documento.
Dada la existencia precolonial de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, recuerdan que se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a la Constitución y la ley”, afirma el manifiesto.
El pronunciamiento también cita el artículo 353 de la CPE donde se señala que: “El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.
La posición de los pueblos originarios se da en medio del rechazo generalizado de organizaciones de la sociedad civil, expertos, entidades académicas, activistas y defensores del medioambiente, que no solo advirtieron los múltiples impactos socioambientales de los contratos en torno a la explotación del litio, sino también por ser desfavorable para el Estado en términos económicos, financieros y tecnológicos.
ANA
