En un encuentro nacional de monitores territoriales indígenas se logró validar la situación institucional del monitoreo en el Chaco, Chiquitanía, Amazonía Sur y Amazonía Norte.
Charagua-Santa Cruz, septiembre (ANA).- Cerca de 90 monitores territoriales indígenas, entre varones y mujeres lograron realizar trabajos de control, vigilancia y defensa de 2,7 millones de hectáreas de sus territorios en el Chaco, Chiquitanía, Amazonía Sur y Amazonía Norte.
La información fue proporcionada por Gilka Michme del equipo técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), en su informe: “Situación institucional del monitoreo territorial indígena en los territorios del Chaco, la Chiquitanía, la Amazonía Sur y la Amazonía Norte”.
“Se logró capacitar a 88 monitores territoriales de los cuales 24 son mujeres y 64 varones (…). Entonces, todo este grupo de monitores corresponden a 10 territorios indígenas de 14 pueblos indígenas que lograron conservar, proteger y/o vigilar. Se logró proteger más de 2 millones de hectáreas”, señaló durante el IV Encuentro Nacional de Monitores Territoriales Indígenas desarrollado en el centro de convenciones Arakuarenda de la primera Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) en el Chaco cruceño.
En alusión a los nombres de los grupos de trabajo que se conformaron, destacó: “Como decía ahí un grupo de los monitores llamado `los tigres`, los tigres no tienen miedo a nadie ni a nada, decían, ¿no?. Entonces, justamente a través del monitoreo han mostrado la valentía de poder proteger más de 2 millones de hectáreas de esos territorios”.
¿En qué momento estamos?
En la dinámica realizada, en presencia de los representantes de la cooperación internacional, se validó la información sobre el estado de situación institucional de los monitores territoriales indígenas.
Se actualizó la información sobre qué territorios indígenas incorporaron la figura de los monitores territoriales indígenas en sus estatutos orgánicos de acuerdo a sus organizaciones regionales.
En el caso de la Amazonía Norte se evaluó al Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) que comprende a los pueblos indígenas Cacobo Pacahuara, Tacana Cavineño y Cavineño; de la Amazonía Sur se consideró al TIM I, Al Territorio Indígena Multiétnico Ignaciano (TIMI) y Movima; a la Chiquitanía con Lomerío y Monte Verde, además del Chaco con Charagua Norte.
Para responder en qué momento se encuentran los pueblos indígenas, las y los monitores respondieron a preguntas como: ¿para qué se monitorea? ¿Qué persigue el monitoreo territorial indígena?, a lo que se respondió con varias reflexiones.
Una fue la apropiación del monitoreo territorial en organizaciones indígenas, la defensa y exigencia de los derechos territoriales, la generación de información.
Las organizaciones señalaron que a través de sus equipos técnicos que son los monitores, se pueda vigilar y también dar información de lo que sucede en su territorio.
Se preguntaron: ¿Cuál es la intencionalidad para que las organizaciones tengan su estrategia de monitoreo territorial y la complementen? a lo respondieron que el monitoreo territorial ayuda en la toma de decisiones.
Consideraron que el ejercer la territorialidad con soberanía y poder, fortalece al gobierno propio autónomo indígena –para los que dieron el paso- en el marco de las estructuras orgánicas tradicionales de democracia comunitaria.
En la validación de la etapa del proceso de monitoreo se señaló que el TIM I cuenta la figura de los monitores en su estatuto orgánico, la del TIMI se encuentra en borrador, la del pueblo Movima en proceso de actualización, en Monte Verde se está incorporando a su estatuto. En tanto que, Charagua Norte y Lomerío aun no cuentan con la figura de monitor territorial indígena en sus estatutos orgánicos, por tanto, tampoco cuentan con una reglamentación específica.
Con reglamentación se pueden gestionar recursos
Ante algunas sugerencias que surgieron en el encuentro, en el sentido de fortalecer económicamente a las y los monitores indígenas y no limitar el reconocimiento a s trabajo con estipendios que cubran alimentación y transporte, Miguel Gonzáles, abogado especializado en temas indígenas del equipo del CEJIS hizo varias reflexiones y sugerencias.
“Ustedes hace un momento en sus exposiciones decían queremos mejorar las condiciones de los monitoreos en cada territorio y eso tiene que estar ligado a su organización. Entonces, lo ideal es como están la mayoría de ustedes actualizando sus estatutos orgánicos, sus reglamentos, en sus estatutos orgánicos tienen que mencionar a los monitores como su unidad técnica”, señaló.
Explicó, que por ejemplo, los compañeros de Lomerío que tienen su organización denominada Central Indígena Originaria de Lomerío (CICOL) debe mencionar en su estatuto que cuenta con el apoyo de su unidad técnica territorial que está conformada por monitores territoriales.
“Al estar en el estatuto orgánico ya podemos trabajar un reglamento específico para regular la función de los monitores porque es importante también regular. Por ejemplo, en el caso de los compañeros de la CICOL hay varias instituciones que han ayudado en la formación de monitores. Por un lado, ALPO, IBIF, el mismo CEJIS. Hay más de 30 monitores en Lomerío. ¿Qué hacemos con tantos monitores? Entonces, esos monitores tienen que servir a la organización”, explicó.
En ese marco dijo que son las propias organizaciones que tienen que definir sus criterios de selección para elegir de los más de 30 monitores, cuáles van a trabajar para la organización.
“Por ejemplo, si tienen 29 comunidades y están divididas en cuatro zonas. Entonces, es difícil tener recursos para mandar a todos los monitores con estipendio, porque ustedes cuando hacen el trabajo de monitoreo dejan su casa, su familia y están haciendo una actividad ad honorem”, señaló.
El jurista explicó que debe ser la organización indígena la que gestione ante las entidades financieras, instituciones de apoyo por ejemplo, equipos de GPS, celulares, laptops, un equipo, además de canalizar recursos para que cuando vayan los monitores hacer su trabajo de campo, por lo menos tengan un estipendio para cubrir su transporte, su alimentación.
“Si nosotros queremos canalizar recursos, tenemos que mostrar en nuestro estatuto orgánico que contamos con una unidad técnica conformada por monitores. Y, de esa manera, podemos conseguir financiamiento para nuestros monitores (…). Lo que mostraba Gilka en la Amazonía Norte, si revisamos los estatutos orgánicos, resulta que no figuran los monitores, tampoco en el TIM II, ni en el Chaco, ni en Tacana cavineño, nada”, sostuvo.
En cambio, destacó que en otros territorios indígenas han trabajado un reglamento que regula cómo seleccionar a los monitores. “En el TIM II está en borrador un reglamento, en el Chaco dice que tiene un reglamento general y ya lo han trabajado, en Tacana-Cavineño cada TCO trabajará, y en el Cavineño señalan tiene un reglamento”, detalló.
Sin embargo advirtió de un vacío grande, sí en los propios estatutos orgánicos no figuran los monitores territoriales Entonces, esa sería la tarea que tienen ustedes que están actualizando sus estatutos orgánicos, incorporar a los equipos de monitores.
En los casos más avanzados dijo que se logró que el propio Gobierno Autónomo Indígena reconozca a los monitores territoriales y en otros casos la Alcaldía Municipal. “Si no me equivoco, en su artículo 24 (de s estatuto) dice ahí claramente que son parte de la organización CICOL los monitores y además tienen su reglamento como Unidad Técnica Territorial (UTT, tienen el responsable administrativo y su espacio físico también de trabajo. Entonces, han avanzado bastante ahí los compañeros”, destacó.
Surgió la consulta si se convierte en funcionario público aquel monitor que percibe recursos del municipio o del Gobierno Autónomo Indígena a lo que Gonzáles explicó que si se quieren mantener independientes deben optar por depender de su organización indígena.
En el encuentro que duró tres días, del 25 al 27 de julio, las y los monitores identificaron varios desafíos y amenazas como el avance de la minería ilegal, la deforestación, la ampliación de la frontera agropecuaria, los incendios forestales, la venta de los bonos carbono, entre otros.
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