Durante décadas, los incendios forestales en Bolivia se apagaban sin responsables ni reparación. Muchos procesos penales terminaban archivados o simplemente se perdían por falta de pruebas.
La Paz, 27 octubre (ANA).- Tras la publicación de una guía jurídica pionera elaborada junto a la cooperación francesa, Bolivia da un paso sin precedentes: inicia los primeros procesos judiciales de reparación por incendios forestales, marcando el comienzo de una nueva etapa para la justicia ambiental del país. El subprocurador Gustavo Medina y la especialista Yakmila Aparicio explican por qué este avance puede transformar la protección del patrimonio natural y la forma en que el Estado enfrenta los delitos ambientales.
Una deuda histórica con los bosques
Durante años, los incendios forestales en Bolivia se apagaban sin responsables ni reparación. Se sofocaba el fuego, pero no se investigaba su origen. Muchos procesos penales terminaban archivados o simplemente se perdían por falta de pruebas.
“Sabemos que hasta 2024 más del 90 % de los incendios fueron provocados por la mano del hombre; sin embargo, identificar a los autores era casi imposible. Las evidencias duran pocos días y se pierden entre la emergencia y la falta de coordinación”, recuerda Gustavo Medina, subprocurador de la PGE.
Esa impunidad histórica empieza a quebrarse: por primera vez, Bolivia pondrá en marcha procesos judiciales de reparación del daño ambiental, con el objetivo de restaurar los ecosistemas afectados y que los responsables asuman los costos ecológicos y sociales de sus actos.
Una guía que protegerá el patrimonio natural
El cambio se concreta en la publicación de la Guía Jurídica sobre Criterios de Valoración del Daño Ambiental por la Comisión del Delito de Incendio, elaborada por la PGE con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Expertise France.
El Procurador General Ricardo Condori Tola calificó el documento como “un hito histórico para Bolivia”. Durante el acto realizado en la Vicepresidencia del Estado, destacó que el país no contaba con un instrumento legal de esta naturaleza:
“Con esta herramienta, jueces y fiscales podrán actuar con enfoque ambiental y aplicar la ley con criterios de reparación”, señaló Condori.
Entre 2023 y 2024, la Procuraduría participó en 22 procesos penales por incendios forestales graves, logrando nueve sentencias condenatorias ejecutoriadas; sin embargo, ninguna contemplaba la reparación del daño ambiental.
“Tras revisar los expedientes, vimos que todos terminaban en sanciones sin restitución del daño. Por eso impulsamos las tres primeras demandas de reparación ambiental, que servirán como precedente para la justicia boliviana”, explica Medina.
Por primera vez, las áreas protegidas del país cuentan con un mecanismo jurídico real para su defensa.
“Si un incendio ocurre dentro de un parque nacional o una reserva, la justicia ya puede calcular el daño y exigir su reparación. Las áreas protegidas dejan de ser zonas vulnerables y pasan a tener respaldo judicial”, subraya el subprocurador.
De la multa a la reparación
La guía plantea pasar de un enfoque centrado en la sanción penal a uno de justicia restaurativa, donde el daño ambiental obliga a reparar, no solo a castigar.
“Queremos iniciar una segunda etapa: la reparación del daño ambiental, aplicando los principios del derecho ambiental reconocidos en la Constitución”, sostiene Medina.
“Por primera vez, el principio ‘quien contamina paga’ adquiere fuerza vinculante en el sistema judicial. Ya no basta con pagar una multa simbólica; el responsable debe financiar la restauración del ecosistema que dañó”, puntualiza.
El documento detalla los pasos técnicos: identificar el área afectada, cuantificar la pérdida ecológica, valorar económicamente el daño y proponer un plan de restauración. Por primera vez, los tribunales dispondrán de un método para estimar el valor económico de la destrucción de un bosque o un ecosistema.
Los peritos ambientales, piezas clave para la restauración
Uno de los avances más concretos es la incorporación de peritos ambientales en los procesos judiciales.
“El perito traduce en lenguaje técnico el daño que sufre el bosque”, explica Yakmila Aparicio, especialista de Expertise France. “Sin ellos no hay posibilidad real de reparación, porque la justicia necesita evidencia científica para actuar.”
La Procuraduría, el Ministerio Público y el Tribunal Agroambiental pretende impulsar la creación de una Red Nacional de Peritos Especializados. Además, el programa de cooperación Bolivia–Francia prevé formar investigadores forenses, bomberos y fiscales en el uso de imágenes satelitales y análisis de causas de ignición.
“La reparación tampoco puede ser solo declarativa , añade Aparicio, debe medirse y verificarse con parámetros técnicos claros, porque de lo contrario no hay garantía de restauración real.”
Principios de Escazú y justicia intergeneracional
Aparicio subraya que la guía recoge los principios del Acuerdo de Escazú, en especial el acceso a la información, la participación pública y la protección de los defensores ambientales.
“Escazú nos recuerda que la justicia ambiental no puede existir sin participación ni sin proteger a quienes defienden la naturaleza”, señala.
Añade que el documento también se inspira en el principio de intergeneracionalidad, que da a las decisiones judiciales una mirada de largo plazo:
“Según el ecosistema, un bosque puede tardar entre 20 y 40 años en regenerarse. Eso significa que el daño no solo afecta a esta generación, sino también a las que vienen. Hablar de reparación es hablar de herencia ecológica.”
“Y esa reparación, añade, no es solo ambiental, también es social. Las comunidades que viven del bosque deben ser parte de la restauración; hablar de justicia ambiental es, sobre todo, hablar de las personas que dependen de él.”
Una cooperación que trasciende fronteras
El lanzamiento de la guía reunió a autoridades nacionales y diplomáticos. El Embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, destacó la colaboración técnica con la Procuraduría y el aporte de Expertise France.
El Secretario General de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, valoró el documento como “una expresión de conciencia planetaria,…, nos invita a construir un derecho ambiental con identidad propia, que no solo sancione, sino que repare y restaure.”
Retos pendientes
Aunque el país avanza hacia una nueva etapa de justicia ambiental, los desafíos siguen presentes.
“Tenemos una norma sólida, pero faltan capacidades técnicas e institucionales. Necesitamos consolidar peritos, fiscales y jueces con formación ambiental”, admite Medina.
Aparicio coincide: “la justicia ambiental no depende solo de la voluntad política. Requiere ciencia, continuidad y formación. Cuando logremos reparar un bosque, también habremos reparado parte de nuestra relación con la naturaleza.”
Un paso firme hacia la justicia ambiental
Bolivia empieza a escribir un nuevo capítulo. Los incendios ya no quedarán impunes, y las primeras demandas de reparación ambiental pondrán a prueba si la justicia puede devolverle al bosque algo de lo que el fuego le arrebató.
Por primera vez, las áreas protegidas bolivianas no solo existen en los mapas, sino también en los tribunales. La reparación ambiental abre la puerta a una protección real del patrimonio natural del país.
“El desafío ahora es aplicar estas herramientas sin presiones ni intereses. Si la justicia repara, estaremos frente a un cambio real hacia la sostenibilidad”, concluye Medina. Y mientras el país aprende a juzgar los incendios, los bosques y áreas protegidas esperan justicia.
Este reportaje fue elaborado a partir de una entrevista exclusiva realizada por la Agencia de Noticias Ambientales a Gustavo Medina, Sub Procurador de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa de la Procuraduría General del Estado, y Yakmila Gabriela Aparicio, experta de Expertise France, en el marco de la presentación de la Guía Jurídica sobre Criterios de Valoración del Daño Ambiental por la Comisión del Delito de Incendio (PGE–AFD, 2025).
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