La CIDOB y defensores ambientales han exigido garantías para quienes hoy sufren amenazas de muerte, como consecuencia de las acciones legales realizadas ante el Tribunal Agroambiental, en defensa de sus territorios.
La Paz, 28 octubre (ANA).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunció que el presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Javier Fernández Tuno, recibió amenazas anónimas de muerte que involucran a su familia y pretenden evitar que continúe dirigiendo las acciones legales iniciadas contra la minería ilegal en el río Madre de Dios.
“Las amenazas contra el presidente de la CIPOAP están directamente relacionadas con la demanda de Acción Preventiva Ambiental que desarrolla en defensa de las comunidades afectadas por la minería auríferas en el río Madre de Dios”, señaló el pronuncionamiento de la CIDOB.
Ante esta situación, la CIDOB respaldó a su regional, por su iniciativa y determinación de hacer frente a la minería ilegal, mediante visitas a sus territorios y acciones orientadas a verificar y denunciar actividades que amenazan la vida, la salud y los medios de subsistencia de las y los indígenas.
En ese contexto, la CIDOB demandó a los magistrados del Tribunal Agroambiental, Rozana Chávez Rodas, Richard Cristian Méndez, Rocío Vásquez, María Soledad Peñafiel y Edwin Almendras, activar de manera inmediata las medidas de protección para el presidente de la CIPOAP.
“Pedimos a la Policía Nacional investigar estas amenazas y pedimos al Ministerio Público iniciar las investigaciones necesarias para evitar el escalamiento de esta actividad criminal contra los defensores ambientales indígenas que actúan en defensa del territorio de los recursos naturales y de los derechos colectivos de sus pueblos”, se lee en el documento firmado el 27 de octubre.
Acciones delincuenciales y graves vulneraciones a derechos
Las acciones de defensa ambiental emprendidas por el Territorio Indígena Multiétnico II están teniendo reacciones de la delincuencia minera, alertó Leonardo Tamburini, reconocido defensor de los derechos de pueblos indígenas.
“Las autoridades competentes deben dar protección a Javier y su familia para continuar con sus acciones de defensa territorial que, en representación de su territorio, han emprendido los comentarios del TIM II contra el flagelo de la minería aurífera”, escribió por sus redes sociales.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) ha denunciado a la F𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 por 𝗲𝘅𝗶𝗴ir 𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶́𝗴𝗲𝗻𝗮𝘀 𝗽𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮 𝘆 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮s.
La Fiscalía de Pando conminó a la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) a presentar pruebas sobre contaminación y minería ilegal en el río Madre de Dios, bajo advertencia de consecuencias penales en caso de incumplimiento.
La organización indígena respondió al requerimiento, pero cuestionó que se traslade a los pueblos indígenas la carga de demostrar hechos que vienen denunciando hace años ante distintas instituciones del Estado.
Por su parte, el responsable de incidencia en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Miguel Miranda, advirtió que la Fiscalía que realizó la petición de pruebas contra la minería ilegal, está vulnerando gravemente el derecho de acceso a justicia a los pueblos indígenas.
“Exigir la presentación de las pruebas dando plazos fatales y cortos es un mecanismo de amedrentamiento para quienes denuncian contaminación minera en sus territorios. Es un mecanismo para desalentar el ejercicio del derecho a demandar el cumplimiento de derechos”, enfatizó.
“Nuestras asambleas, son nuestros espacios”
La CIPOAP en un comunicado público denunció la forma en que la Fiscalía procede contra esta organización indígena. “Durante años hemos sido nosotros, los pueblos y organizaciones indígenas, quienes hemos denunciado la minería ilegal, quienes hemos recorrido nuestros territorios, hecho monitoreos y exigido a las autoridades que controlen lo que está pasando en el río Madre de Dios”, señala el pronunciamiento.
La dirigencia indígena expresó su preocupación por el pedido de resoluciones tomadas en sus espacios orgánicos, sin explicar claramente para qué se las requiere. “Nuestras asambleas, nuestras resoluciones y nuestras acciones de defensa territorial no son delitos. Son parte de nuestros derechos como pueblos indígenas y de nuestra obligación de defender nuestros territorios”, puntualiza el pronunciamiento.
/ANA/
