Después de 120 años de la promulgación de la Ley General de Aguas de 1906, organizaciones de la sociedad civil presentan a los legisladores una propuesta de ley construida participativamente para proteger el ciclo del agua.
La Paz, 23 octubre (ANA).- Bolivia enfrenta el desafío de actualizar su marco normativo para la protección y gestión del agua. La actual Ley General de Aguas data de 1906, es decir, tiene 120 años de antigüedad, y fue concebida en un contexto histórico, social y ambiental muy diferente al actual. Si bien posteriormente se aprobaron diversas disposiciones sectoriales, el país continúa necesitando una legislación integral que responda a los desafíos contemporáneos de la crisis hídrica, el cambio climático, la contaminación y la creciente presión sobre las fuentes de agua.
La recurrencia de sequías, inundaciones, incendios forestales, el retroceso de los glaciares y la contaminación de ríos y acuíferos evidencian la necesidad de fortalecer la protección del ciclo del agua. A ello se suman los impactos de las actividades extractivas, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, que comprometen la disponibilidad y calidad del agua para las poblaciones y los ecosistemas.
Frente a esta realidad, entre 2024 y 2025, organizaciones sociales, pueblos indígena originario campesinos, organizaciones comunitarias e instituciones aliadas impulsaron un proceso participativo de construcción de una propuesta normativa, mediante cinco encuentros macrorregionales realizados en diferentes regiones del país. Como parte de este proceso, se conformó un Comité Técnico Político integrado por organizaciones de la sociedad civil, encargado de impulsar, articular y dar seguimiento a la construcción de la propuesta legislativa, con el apoyo técnico del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC).
¿En qué consiste la propuesta de ley?
La Ley para Preservar y Cuidar el Ciclo del Agua es una propuesta de iniciativa legislativa ciudadana que busca establecer un marco normativo integral para garantizar la protección, conservación y restauración del ciclo del agua, reconociendo su importancia fundamental para la vida, los ecosistemas y las generaciones presentes y futuras.
La propuesta contempla 23 artículos organizados en seis capítulos y plantea como principales elementos:
- Reconocimiento del agua como sujeto de derechos, incluyendo su derecho a existir, fluir, regenerarse y permanecer libre de contaminación.
- Prioridad del agua para la vida, garantizando su uso preferente para el consumo humano, la producción de alimentos y la preservación de la naturaleza.
- Protección de las fuentes de agua, particularmente glaciares, humedales, bofedales, acuíferos, cabeceras de cuenca y zonas de recarga hídrica.
- Regulación de actividades que afectan el ciclo del agua, estableciendo condiciones y limitaciones para actividades extractivas, agrícolas, industriales y de urbanización.
- Gobernanza participativa y comunitaria, reconociendo el papel de los pueblos indígenas, las organizaciones comunitarias, las entidades territoriales y los guardianes y guardianas del agua.
- Financiamiento para la protección hídrica, mediante mecanismos públicos y territoriales destinados a la conservación, restauración y gestión sostenible del agua.
La propuesta busca superar una visión del agua limitada a su aprovechamiento como recurso, incorporando una perspectiva integral que reconozca la interdependencia entre el agua, los bosques, los ecosistemas, el clima y la vida.
Presentación de la iniciativa legislativa ciudadana
El 21 de octubre de 2026 se realizará la presentación de esta propuesta, como resultado de un proceso de construcción colectiva impulsado desde la sociedad civil.
El documento ingresará como una propuesta de iniciativa legislativa ciudadana, por lo que no constituye una ley aprobada ni un texto legislativo definitivo. Se reconoce que, durante su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, podrá ser objeto de observaciones, modificaciones y ajustes técnicos y jurídicos, conforme a los procedimientos correspondientes.
No obstante, su presentación constituye un precedente importante de participación e incidencia legislativa de la sociedad civil, al trasladar las demandas, preocupaciones y propuestas construidas desde los territorios hacia el debate legislativo nacional.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de los senadores Jesús Humberto Suárez y Teresa Alarcón, quienes han manifestado su voluntad de asumir el papel de proyectistas de la propuesta, contribuyendo a impulsar su consideración y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Actualizar la legislación boliviana en materia de agua
La presentación de esta propuesta representa una oportunidad para abrir un debate nacional sobre la necesidad de actualizar la legislación boliviana en materia de agua, fortalecer la protección de sus fuentes y reconocer la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas.
Más allá de su posterior tratamiento legislativo, la iniciativa busca posicionar la protección del ciclo del agua como una prioridad nacional y promover un marco normativo que responda a los desafíos ambientales, sociales y climáticos que enfrenta Bolivia.
/ANA/
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