Bolivia llegó a las 11.1 millones de vacas; es decir, una per cápita. Cerca de 5 millones de cabezas de ganado bovino se encuentran en Santa Cruz, la mayoría en la Chiquitanía.
Santa Cruz, 25 octubre (ANA).- En medio de una profunda crisis del agua que atraviesa la Chiquitanía, donde las poblaciones compiten por el recurso hídrico con vacas y soya, como consecuencia de la pérdida de bosque y biodiversidad por la acelerada deforestación, incendios forestales recurrentes y avasallamientos de tierras, las comunidades indígenas se declararon libres de extractivismo agroindustrial y minero. Exigieron al Gobierno no seguir autorizando el avance de la frontera agrícola y extractiva.
Durante el encuentro de comunidades y defensores y defensoras afectados por el agroextractivismo en la Chiquitanía denominado “Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano”, mujeres y hombres indígenas de varias generaciones levantaron su voz de denuncia en contra del sector agroindustrial y agropecuario que deforesta y contamina a escala industrial y es el principal causante de los grandes incendios forestales sufridos durante el año 2019 y 2024, durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, respectivamente.
“Declaramos los territorios de la nación Chiquitana como territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero y para ello exigimos al Órgano Ejecutivo, incluyendo al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, al INRA, a la AJAM, a la ABT, SERNAP, Gobierno departamental y gobiernos municipales y a todas las entidades competentes, a que, como única medida real de prevención de incendios y sequías, se detenga la deforestación masiva”, señala de manera contundente el punto dos del voto resolutivo.
En esa línea, los firmantes exigen que, de inmediato se deje de autorizar la dotación de tierras, derechos mineros, desmontes o cualquier autorización de operación (AOP) dentro de los territorios de la Chiquitanía. “Que cumplan los mandatos constitucionales sobre la conservación del agua, los bosques y la biodiversidad, priorizando la protección de la vida y la reducción de la vulnerabilidad hídrica”, cita el mismo punto.
La Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), la Central de Comunidades Indígenas Chiquitos – Turubó (CCICH-T), la Organización de Mujeres Indígenas Paikoneka y otras organizaciones de la nación chiquitana coincidieron que el agua es fuente de vida y eje común de la defensa de los territorios de la Chiquitania.
“Exigimos la protección efectiva del derecho humano al agua y rechazamos las actividades que destruyan bosques, contaminen o represen ríos y nacientes, degraden cuencas o vulneren los derechos colectivos de las comunidades”, señala el pronunciamiento firmado el sábado 24 de octubre.
Una vaca per cápita: 5 millones compitiendo por el agua en Santa Cruz
Durante el encuentro que contó con el apoyo y participación de la fundación Probioma, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), fundación PROCESO y la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), expositores y expertos compartieron el resultado de sus investigaciones sobre la crítica situación del agua en la Chiquitanía y las diversas presiones que enfrente este territorio.
Rafael Rojas, consultor externo del CEDIB informó que el sector ganadero bovino presentó una clara tendencia a incrementar el número de cabezas, pasó de 4.6 millones a 11,1 millones de cabeza de ganado bovino, es decir, uno per cápita.
Desde ese año, Santa Cruz sería el departamento con mayor número de cabezas de ganado con cerca de 5 millones, la gran mayoría ubicadas en las pasturas de la Chiquitanía, tras procesos intensos de desforestación, frente a los 3,4 millones de cabezas que tiene Beni.
“Las vacas están compitiendo con las poblaciones por el agua dulce, además que el ganado es uno de los sectores que mayor huella de carbono deja a su paso, es decir mayor contaminación en el ambiente”, explicó el experto en su presentación.
Por su parte, la hidrogeóloga Mónica Gúzmán, de la Universidad Católica Boliviana durante su presentación: “Impactos de los incendios y deforestación sobre las aguas subterráneas” advirtió que como consecuencia de las cenizas que quedaron en vastas extensiones de territorio en la Chiquitanía, se formaron una especie de costras superficiales que no permiten que el agua de lluvias ingrese de manera efectiva al subsuelo para alimentar la recarga hídrica de los acuíferos, y por tanto, cada vez hay menos reservas hídricas subterráneas, y las que van quedando en muchos casos son saladas por encontrarse en el precámbrico, una zona geológicamente antigua.
“Le está ganando la partida el fuego al agua porque es como una amenaza invisible que no estamos pudiendo ver cara a cara; es un enemigo silencioso y muy persistente ha sido el fuego en torno a la seguridad hídrica en San José de Chiquitos y seguramente en muchos lugares”, señaló a ANA.
Protección de cabeceras de cuencas, recargas hídricas, humedales
Las y los chiquitanos que viven en carne propia la falta de agua han demandado a las entidades nacionales, departamentales y municipales competentes la protección de nacientes, cabeceras de cuenca, humedales, zonas de recarga hídrica y servidumbres ecológicas, la evaluación de los efectos acumulados de los desmontes e incendios sobre el agua.
También han exigido en el punto tres del voto resolutivo, medidas de restauración, monitoreo comunitario y acceso público a la información y la protección y recuperación de bosques, corredores ecológicos y hábitats de fauna silvestre, así como medidas para resguardar la seguridad y soberanía alimentaria indígena, incluidas las condiciones territoriales necesarias para la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de subsistencia.
“Exigimos a las autoridades competentes la fiscalización efectiva e inmediata de las actividades agropecuarias, forestales y extractivas en la Chiquitanía, la investigación de todas las denuncias de afectación ambiental y la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan conforme a la Ley N° 1333, la Ley N° 1700, el Código Penal y las demás normas aplicables”, señala el punto cuarto del documento.
En esa línea, las organizaciones indígenas de la Chiquitanía exigen a los gobiernos municipales de la Chiquitanía y al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que atiendan las denuncias de las comunidades, ejerzan sus competencias de prevención, control y fiscalización ambiental, hagan cumplir la normativa vigente, informen públicamente sobre sus actuaciones y adopten medidas concretas de protección de las fuentes de agua, los bosques y la vida de la población.
La directora de Probioma, Sara Crespo enfatizó en la importancia de la protección de las fuentes de agua de la Chiquitanía, siendo esta ecoregión clave para proveer de agua a otros ecosistemas.
Señaló que la principal causa para la destrucción de gran parte de la Chiquitanía con sus consecuentes impactos sobre los bosques y fauna es el cambio del plan de uso de suelo a tipo agrícola y ganadero, cuando su vocación original es forestal.
«La Chiquitanía es un sistema muy particular porque se encuentra entre dos grandes biomas como son la Amazonía y El Chaco, está en un punto de cabecera de las dos principales cuencas como son Amazonas, y la cuenca del Plata (…). El agua de la Chiquitanía no solo alimenta a las dos cuencas sino a todo el continente», subrayó.
Caso San Lorenzo
En el punto sexto del voto resolutivo, sobre el caso del río San Lorenzo que se encuentra en espera de la respuesta de un amparo constitucional, se exige al Órgano Judicial y, en particular, al Tribunal Agroambiental, una resolución oportuna, imparcial y fundamentada del recurso de casación relativo al río San Lorenzo (Expediente N.º 6755/2026), así como el respeto al debido proceso y la tutela efectiva de los derechos de las comunidades.
La Acción de Amparo Constitucional NUREJ 10213477 se menciona como actuación relacionada con la defensa de este mismo río y no como un segundo conflicto independiente.
Al respecto, el abogado especializado en derechos ambientales, Rodrigo Herrera denunció retardación de justicia en el Tribunal Agroambiental y manifestó su esperanza en que el Tribunal Constitucional haga prevalecer los derechos de las comunidades para que ningún privado se sienta en el derecho de interrumpir, intervenir o afectar sus ríos.
Caso Chochis
“Nos solidarizamos yhacemos una sola fuerza en apoyo de las demandas y luchas en defensa del agua en Chochis, a las demandas de Lomerio frente a las crisis hídricas que están enfrentando, a la atención a la demanda colectiva interpuesta por la ORMICH frente a los incendios, a las denuncias por las fumigaciones aéreas a las comunidades de San Ignacio de Velasco”, señala el punto siete referido al caso que involucra a una embotelladora de agua.
Con convicción y compromiso que marcaron las dos jornadas de amplio debate participativo, sobre todo de mujeres que llegaron incluso con niños pequeños al encuentro, se ratificó ladefensa del agua, los bosques, la biodiversidad y los territorios es condición para la vida, la alimentación, la dignidad y la continuidad cultural de los pueblos indígenas de la Chiquitanía y de las generaciones futuras.
Firmantes
El voto lleva la firma de la cúpula de las organizaciones chiquitanas de las provincias Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez. Encabezan la lista el presidente de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH-T), Rosa Pachurí Paraba por la ORMICH y Eulogio Pachurí Paraba, primer gran cacique de la ACISARV de San Rafael de Velasco.
También firman Petra Soliz Viana, presidenta de la OMICHTE (mujeres indígenas de la TCO Turubó Este), y el primer gran cacique general de la Organización Indígena Chiquitana (OICH). Se suman la presidenta del Ente de Control Social de San Ignacio de Velasco y una autoridad de la Central Indígena de Comunidades de Concepción.
Aparecen además organizaciones de mujeres de Roboré, San Javier (Paikoneka), San Rafael y San Ignacio; el comité de gestión de la Laguna Marfil; el comité de gestión del área protegida Tucabaca, en Roboré; y caciques de comunidades como Buena Vista, El Portón, El Portoncito (km 54), Ramada, Piococa, San Josema, Villa Fátima y Peñas Alta.
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