Por Juan Orgaz y Dafne Rivera (Movimiento Propacha)
El planeta está viviendo momentos decisivos frente al colapso ambiental al que se enfrenta. La crisis provocada por el calentamiento global ya provoca un sinnúmero de problemas sociales, económicos, geopolíticos, sanitarios y ambientales en todo el mundo. De acuerdo a los últimos registros, este año se están superando récords de temperatura en países del hemisferio norte, y en los últimos días también en Sudamérica y Bolivia (en épocas inusuales) lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas, y (a estas alturas) su supervivencia. En el ámbito nacional, se han reportado diversos eventos de sequías a principios de año que han generado pérdidas económicas importantes en el sector rural, y se avizora un futuro incierto debido a los pronósticos poco optimistas que hay con relación a la disponibilidad de agua en los próximos años, lo que se evidencia por la disminución de los reservorios acuíferos en el país.
Esto se suma a la constante amenaza que representa el sector minero dentro de las áreas protegidas, la alta tasa de deforestación y la débil capacidad de respuesta de las distintas esferas del Estado a desastres naturales, desastres que comenzarán a ser más frecuentes a medida que nos acerquemos a la era de la incertidumbre, pronosticada para después de 2030. Ante este escenario, diferentes países del mundo han visto la necesidad de generar soluciones estructurales y políticas que permitan generar medidas efectivas de adaptación y mitigación. En el contexto regional, países como México, Brasil y más recientemente Chile han establecido políticas nacionales de cambio climático, mientras que otros, como Argentina (2019) y Perú (2022) han dado un paso adicional, al declarar emergencia climática a nivel nacional; de la misma forma lo han hecho las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín, como respuesta al actual escenario de crisis e incertidumbre que se vive a nivel mundial.
En Bolivia, se ha impulsado desde la sociedad civil, una agenda de movilización con el objetivo de impulsar estas consignas y las acciones que debe acompañarlas. El año 2022, el Estado Plurinacional de Bolivia ha actualizado sus compromisos climáticos internacionales (llamados NDCs) para el período 2021-2030, lo que ha permitido trazar un nuevo marco de acción principalmente en los denominados sectores estratégicos del país: agua, energía, agricultura y bosques. Si bien la actualización de estos compromisos climáticos refleja una mejora en términos de indicadores y establecimiento de metas comparado con los periodos anteriores, todavía es necesario desarrollar un marco normativo, financiero e institucional que permita viabilizar estas acciones de cara al 2030, y, simultáneamente, disminuir la dependencia de las mismas al financiamiento internacional.
En ese sentido, y ante la necesidad de evidenciar el carácter de urgencia sobre la crisis climática en el país, diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, de mujeres y sobre todo de jóvenes, vienen promoviendo una propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática, como mecanismo para generar un marco normativo y regulatorio para la política climática nacional que parta del reconocimiento que no estamos preparados para enfrentar los impactos que se avizoran y permita priorizar y articular los esfuerzos nacionales y subnacionales para responder a estos enormes desafíos que enfrenta el país. Los objetivos que persigue esta propuesta son, promover la declaración de emergencia climática a nivel nacional, implementar planes de acción inmediatos dentro de los sectores estratégicos previamente mencionados e instituir y reforzar capacidades que permitan canalizar recursos tanto nacionales como internacionales dirigidos a fortalecer la respuesta nacional frente a la emergencia climática, entendiendo que este último punto representa el principal obstáculo para la implementación de las medidas de mitigación y adaptación propuestas en el debate mundial de la sostenibilidad.
El anteproyecto, que viene siendo debatido desde el año 2021, propone desarrollar un marco de institucionalidad en el Estado que actualmente no existe, y a través de este generar planes de contingencia, especialmente para los sectores más vulnerables a los impactos climáticos. Adicionalmente, la propuesta presenta -además de las estructuras políticas y técnicas competentes- instancias compuestas por organizaciones de base de la sociedad civil, lo que garantiza la participación directa en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones propuestas, generando así un marco de gobernanza climática, elemento central en el actual paradigma de la gestión ambiental.
Las y los jóvenes, principales defensores de esta lucha, ocupan un rol cada vez más influyente en la discusión de modelos de desarrollo más sostenibles. Son cientos de encuentros locales, regionales y mundiales que se organizan cada año sobre el tema climático, donde la voz de la juventud se unifica en torno a una agenda de transformación concreta y urgente. Ejemplo de eso ha sido el hito alcanzado en diciembre pasado en Montreal, donde el movimiento juvenil mundial logró incluir consignas como el enfoque basado en los derechos humanos y la equidad intergeneracional dentro del establecimiento del nuevo marco global de biodiversidad de Naciones Unidas. Asimismo -en el contexto regional- son los principales responsables de haber persuadido a los gobiernos de turno a generar planes nacionales en respuesta al cambio climático, a cumplir sus compromisos internacionales y a reconocer el estado de emergencia en el que vivimos.
En Bolivia, las diferentes organizaciones juveniles, se encuentran en un proceso de articulación nacional para exigir al Estado la implementación de este proyecto de Ley y el reconocimiento de la emergencia climática dentro de la política y planificación del Estado. El pasado junio, en un encuentro con participación de más 80 líderes provenientes tanto del área urbana como del área rural del país, la juventud boliviana se ha declarado en emergencia climática permanente.
Hay que recordar que el país posee atributos naturales y geográficos muy privilegiados, mismos que permitirían proyectar una transición energética y productiva más factible comparada a otros territorios, lo que convierte a Bolivia en un referente para los países de la región y el mundo. Vivimos momentos decisivos, y la consolidación de una política climática sólida es fundamental para alcanzar estas metas que hoy se encuentran muy contrastadas y alejadas de la realidad nacional. Ojalá que las autoridades estén a la altura de las circunstancias que representa el actual desafío civilizatorio y del que la sociedad (especialmente los jóvenes) están firmemente comprometidos en dar los pasos necesarios para evitar el colapso ambiental.
