El presidente Rodrigo Paz promulgó la abrogación con las modificaciones del Senado que se ponen la tarea de elaborar otra norma similar a la 1720, pero con la posibilidad de hacerlo por departamento o región. La regulación en materia agraria, según la CPE, es una competencia privativa del gobierno central.
La Paz, 14 mayo (ANA).- Los representantes de la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas” lograron la eliminación de la Ley 1720, pero expresaron su rechazo a la “abrogación condicionada”, porque mantiene disposiciones finales que permiten reintroducir, en los próximos 60 días, contenidos contrarios a la Constitución y a la normativa agraria, informó el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
La abrogación de la Ley 1720 se consolidó la tarde de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde los asambleístas aprobaron las dos disposiciones transitorias introducidas por la bancada de Libre en la Cámara de Senadores. El presidente Rodrigo Paz no tardó en promulgar esa abrogación con las susodichas modificaciones que se ponen la tarea de elaborar otra norma similar a la 1720, pero con la posibilidad de que esta vez sea en cada departamento. La regulación en materia agraria, según la Constitución Política del Estado, es una competencia privativa del gobierno central.
En un manifiesto público y una resolución, la dirigencia de la marcha expresó que una nueva ley agraria sin participación efectiva de los pueblos indígenas y campesinos profundiza un escenario de ilegalidad y vulneración de derechos colectivos.
Luego de 27 días de caminata y 8 de vigilia, denunciaron que el Ejecutivo pretende definir leyes sobre tierra, territorio y recursos naturales sin escuchar a quienes se movilizaron durante semanas. En el Manifiesto y la Resolución 03/2026, los marchistas exigieron ejercer su derecho a la consulta previa, libre e informada de manera directa, y rechazaron cualquier negociación que sea realizada por dirigencias nacionales que —afirman— traicionaron el mandato de sus bases.
Derecho a ser consultados
El eje central de sus demandas es el derecho a ser consultados directamente, y no a través de cúpulas sindicales o matrices nacionales funcionales al gobierno. Desconocieron cualquier diálogo o acuerdo gestionado por la CSUTCB y la CIDOB sin la participación de los marchistas, cuestionando a sus dirigencias por “sentarse, acordar y traicionar a sus bases” movilizadas.
Asimismo, criticaron el denominado “Encuentro por Bolivia”, realizado en Cochabamba, y el paquete de leyes anunciadas por el Ejecutivo —entre ellas las de Minería, Hidrocarburos, Inversiones y Economía Verde— por haberse proyectado, según denuncian, sin participación de los pueblos indígenas y campesinos, sin respetar los instrumentos internacionales de derechos humanos que los protegen y a espaldas de los sectores que piden ser considerados.
Finalmente, las organizaciones exigieron a la Asamblea Legislativa priorizar leyes vinculadas a la protección de la Amazonía, los bosques, el agua y las autonomías indígenas, y advirtieron que mantendrán las movilizaciones mientras no se instalen espacios de diálogo directo, técnico y vinculante con las verdaderas bases movilizadas.
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