Por Jaime Cuellar*
Las grandes transformaciones del poder internacional rara vez se anuncian con el estruendo de una invasión militar. En este siglo, suelen manifestarse de manera más compleja, por la competencias y necesidad de minerales críticos, la influencia política, la cooperación en materia de seguridad, la financiación de actores locales, las campañas de información y la proyección de capacidades económicas y militares. Hoy, la seguridad ha dejado de ser únicamente una política pública destinada a proteger a los ciudadanos para convertirse, en determinadas circunstancias, en un lenguaje de legitimación política capaz de reorganizar relaciones de poder, redefinir prioridades estatales y justificar medidas extraordinarias.
Esta premisa constituye uno de los ejes centrales de “La doctrina del shock” de Naomi Klein. Su tesis no sostiene que todas las crisis sean fabricadas, ni que toda intervención responda a una conspiración premeditada; plantea, más bien, que las crisis profundas (naturales, económicas, políticas o de seguridad) generan condiciones excepcionales que pueden son aprovechadas para introducir cambios institucionales, económicos o geopolíticos que, en circunstancias normales, encontrarían una resistencia significativamente mayor. La crisis, entonces, deja de ser únicamente un acontecimiento; se convierte en una ventana política. Y así esta interpretación debe constituirse en un marco analítico, no en una demostración empírica universal. Su utilidad radica precisamente en invitar a formular preguntas críticas sobre la relación entre crisis, poder y transformación institucional, evitando tanto la ingenuidad como las explicaciones conspirativas.
La teoría de la securitización desarrollada por la Escuela de Copenhague converge parcialmente con esta reflexión ya que esta, sostiene que un asunto se convierte en un problema de seguridad cuando actores con autoridad logran construirlo discursivamente como una amenaza existencial cuya gravedad justificaría medidas extraordinarias. La securitización, por tanto, ahora en nuestro país, no depende exclusivamente de la existencia objetiva del riesgo o de la crisis, sino del éxito político del discurso que lo presenta como tal.
Cuando ambas aproximaciones se analizan conjuntamente, emerge una pregunta de enorme relevancia para los Estados (pero muy en especial para nuestro país) poseedores de recursos naturales críticos; ¿qué ocurre cuando una crisis de seguridad coincide con la existencia de recursos estratégicos cuya importancia trasciende el interés nacional y adquiere relevancia geopolítica internacional?
La respuesta no admite simplificaciones. La historia contemporánea demuestra que los recursos estratégicos han influido en múltiples decisiones de política exterior, alianzas, inversiones y acuerdos de cooperación. Sin embargo, ello no significa que toda intervención internacional responda exclusivamente al interés por dichos recursos. Las motivaciones suelen ser múltiples, combinando factores de seguridad, estabilidad regional, competencia geopolítica, intereses económicos y consideraciones diplomáticas.
La República Centroafricana constituye un ejemplo ilustrativo de esa complejidad. Ya que la influencia rusa (vigente a la fecha en este país) describe un proceso mediante el cual el gobierno de ese país, enfrentado a una prolongada guerra civil y con instituciones profundamente debilitadas, recurrió al apoyo del grupo Wagner para fortalecer su capacidad de seguridad, mientras Rusia incrementaba simultáneamente su influencia política y económica, incluyendo el acceso a recursos mineros. El caso centroafricano no demuestra una regla universal, pero sí evidencia un patrón; los Estados crónicamente débiles, inmersos en conflictos internos y con abundantes recursos estratégicos, pueden convertirse en espacios donde confluyen actores externos que ofrecen asistencia en seguridad a cambio de ampliar su influencia política, económica o estratégica. Ese intercambio no responde necesariamente a una lógica colonial clásica; con frecuencia adopta la forma de acuerdos de “cooperación” (en todos los ámbitos, tal cual hoy se viene dando en Bolivia) militar, inversiones o concesiones económicas negociadas con gobiernos soberanos. La cuestión aquí no es si toda cooperación es ilegítima, sino bajo qué condiciones fortalece o debilita la autonomía decisional del Estado receptor.
En esa misma línea, la experiencia ecuatoriana hoy, aporta un elemento complementario para el análisis, el debate ya no se limita únicamente a la incidencia de actores externos sobre Estados frágiles, sino también a la manera en que las propias narrativas de seguridad pueden reconfigurar el ejercicio del poder político. La declaratoria de «guerra interna» en Ecuador operó, simultáneamente, como una política de seguridad y como un mecanismo de recomposición de la dominación política, mediante la construcción discursiva del «enemigo interno», la normalización de un «tiempo de guerra» que desplaza los ritmos ordinarios del control democrático y la consolidación de un “ethos militar” como principio ordenador de la acción estatal. El argumento no niega la existencia real de organizaciones criminales ni la necesidad de enfrentarlas; advierte, más bien, que la excepcionalidad permanente puede ampliar las facultades del Estado y modificar los equilibrios institucionales bajo una narrativa de urgencia, a favor de intereses corporativos promovidos por Estados o “Potencias extranjeras”. La comparación entre la República Centroafricana, Ecuador y otros escenarios latinoamericanos permite identificar una constante de creciente relevancia , las transformaciones de la soberanía rara vez se producen mediante mecanismos abiertos de ocupación o coerción directa; con mayor frecuencia se desarrollan a través de procesos graduales en los que convergen cooperación internacional, asistencia e inversiones, discursos de excepción y reconfiguraciones institucionales. En unos casos, el vector predominante puede ser la externalización de funciones esenciales de seguridad acompañada por crecientes intereses geopolíticos y económicos de potencias extranjeras; en otros, el elemento decisivo reside en la utilización interna del paradigma de guerra para reorganizar las relaciones entre poder político, instituciones y sociedad.
La minería ilegal (entendida como un elemento en el fenómeno de “crisis”) adquiere una dimensión especial en este campo, ya que cuando organizaciones criminales logran controlar espacios y cadenas productivas , estos poseen una fuente relevante de financiación para grupos armados organizados, permitiéndoles adquirir armamento, expandir redes de corrupción y consolidar control territorial y con ello contar con una aproximación real, destinada a utilizar medias para frenar esta crisis, tal cual se observa en los países citados.
En Bolivia comienza a configurarse un escenario cuya complejidad excede el ámbito estrictamente minero como elemento de crisis. La creciente centralidad internacional de los minerales indispensables para la transición energética y el desarrollo tecnológico coincide con la expansión de economías ilícitas transnacionales, crimen organizados e intereses corporativos legales promovidos incluso por Estados.
Esto obliga a reconocer una realidad, cuando un territorio concentra recursos cuya importancia trasciende el interés nacional y adquiere relevancia para la competencia global, también se intensifican los incentivos económicos, políticos, diplomáticos y criminales que buscan influir sobre su aprovechamiento. El desafío ya no consiste únicamente en administrar riqueza mineral, sino en preservar la capacidad del Estado para decidir, con autonomía, el destino de un patrimonio cuya importancia supera cada vez más las fronteras nacionales.
Con ello, el verdadero objeto de análisis a esta dinámica, ya no es la existencia de una crisis (ya sea crimen, descontento social, minería ilegal, u otro), sino el modo en que ésta, transforma las relaciones de poder que la rodean. Las crisis no actúan únicamente como episodios de desestabilización; alteran las condiciones bajo las cuales se toman decisiones, reordenan prioridades políticas, redistribuyen capacidades de influencia y amplían el margen de acción de aquellos actores que están mejor preparados para operar en escenarios de incertidumbre. La cuestión no consiste en preguntarse si un Estado posee recursos de alto valor geopolítico, sino si dispone de instituciones suficientemente idóneas para gobernarlos cuando la presión de la crisis reduce el tiempo para deliberar y aumenta la demanda de respuestas extraordinarias. La reflexión central, por tanto, no gira en torno a la intencionalidad de los actores externos, sino a un interrogante mucho más profundo, ¿quién fortalece su capacidad de decisión cuando la excepcionalidad comienza a desplazar a la normalidad y quién la pierde?
Quizá la mayor contribución de la teoría de la securitización y de la reflexión desarrollada por Naomi Klein sea recordarnos que las crisis rara vez alteran el curso de la historia por sí solas. Las crisis aceleran procesos que ya estaban en marcha; magnifican las consecuencias de décadas de decisiones acertadas o de omisiones persistentes.
La pregunta que queda abierta, no es únicamente qué ocurre con los recursos de una nación cuando el mundo comienza a observarlos con mayor interés. Las crisis no solo revelan amenazas; también reorganizan relaciones de poder. En los momentos de incertidumbre se decide quién conserva capacidad de elegir y quién comienza a adaptarse a decisiones tomadas por otros.
*Es abogado e investigador especialista en minería ilegal y seguridad de Estado
