La acción ambiental permite ejercitar el derecho constitucional a un medioambiente sano y libre de contaminación, en resguardo de la salud de las personas, así como de la Madre Tierra en su conjunto.
Procesado con información y video de Elma Choque de la localidad de Caranavi*
La Paz, 2 de agosto (ANA).- La acción ambiental es una herramienta jurídica que permite ejercitar el derecho constitucional a favor de un medioambiente sano y libre de contaminación en resguardo de la salud de las personas, así como de la Madre Tierra en su conjunto.
La Agencia de Noticias Ambientales te presenta un video guía de este instrumento jurídico, cómo se lo activa y qué pasos debe seguir hasta conseguir justicia ante lo que se considere la vulneración de derechos ambientales.
En Bolivia se cuenta con un conjunto de leyes y normativas específicas que buscan salvaguardar el medioambiente. Estas leyes abarcan desde la conservación de áreas protegidas hasta la regulación de actividades industriales y extractivas para asgeurar una convivencia armoniosa con nuestro entorno natural.
Entre las leyes y normativas de protección ambiental se encuentran la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente 1333, Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley de Derechos de la Madre Tierra (071).
La primera etapa del proceso ambiental se realiza ante los juzgados agroambientales y es la recepción para la demanda. En esa fase se revisa que la demanda cumpla con los requisitos establecidos y que esté correctamente documentada.
Durante la audiencia las partes involucradas presentan sus argumentos y pruebas estas pueden incluir testimonios de testigos, informes técnicos, documentos y cualquier otra evidencia relevante para el caso, para esclarecer los hechos y llegar a una resolución justa (Ley 1715, artículo 83).
Con base en la información recopilada y las pruebas presentadas, el Juez Agroambiental analiza en profundidad el caso. Se consideran los fundamentos legales, los aspectos técnicos y las circunstancias específicas para llegar a una resolución bien fundamentada y justa, donde la protección del medioambiente y la equidad sin prioridades en esta etapa (Ley 1715 artículo 86).
En caso de que alguna de las partes no esté satisfecha con la resolución del Juez Agroambiental tienen la opción de presentar un recurso de casación, con este recurso el Tribunal Agroambiental realiza la revisión de fondo y de forma de todo el proceso y garantiza que el proceso de justicia ambiental sea transparente y equitativo (Ley 1715, artículo 86 y 87).
Una vez que el Juez Agroambiental ha emitido una sentencia, la ejecución de esta es esencial para asegurar que las medidas necesarias se implementen y se proteja el medioambiente de manera efectiva.
La ejecución de la sentencia puede implicar la implementación de medidas correctivas y de restauración ambiental. Estas acciones pueden incluir la recuperación de áreas dañadas, la restauración de ecosistemas afectados y la adopción de prácticas más sostenibles.
La presente nota fue realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de comunicadores y periodistas para la conservación de la biodiversidad del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata (MPLC)” implementado por la Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) a través de Conservación Amazónica –ACEAA en Bolivia.
Elma Choque es comunicadora del Tribunal Agroambiental*
ANA
