El experto en minería ilegal advierte vacíos jurídicos en la normativa nacional para la lucha contra la minería ilegal, que son aprovechados por bandas delincuenciales transnacionales.
La Paz, enero 2024 (ANA).- En Bolivia no se entendió que la lucha contra la minería ilegal es similar a la lucha contra el narcotráfico, por lo tanto, no puede ser combatida con acciones administrativas delegadas a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), advirtió el experto Jaime Cuéllar, quien alertó que los vacíos jurídicos normativos son aprovechados por bandas delincuenciales transnacionales.
“Hay un desfase, se crea la Ley minera (535) en la cual se otorga la lucha contra la minería ilegal a la AJAM, pero hubiese sido interesante que el legislador entienda que la minería ilegal es mucho compleja de lo que se presenta y es similar a la lucha contra el narcotráfico. No hemos logrado entender esa situación”, afirmó.
Durante el seminario internacional “Gestión del mercurio para la minería aurífera: intercambio de experiencias para América Latina” el abogado e investigador señaló que en el país se concibió la minería ilegal como un hecho administrativo y no delictivo con múltiples impactos y actores.
“El legislador en el entender de que es un ámbito administrativo plantea que si se ve minería ilegal debe presentarse la denuncia ante la AJAM, y la AJAM tiene que sacar una resolución administrativa y notificar al minero ilegal (…). En el entendimiento práctico eso es imposible, es como si la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) vaya a notificar a los narcotraficantes a una fosa de maceración y le diga: por favor deje de trabajar, está haciendo un daño”, señaló.
Ante esta situación dijo que desde las perspectivas prácticas de Perú, Brasil y Colombia se elaboró un reglamento en la AJAM -apegado al Código Penal- para actuar en flagrancia en los casos de minería ilegal.
“El artículo 232 del Código Penal establece como delito la actividad minera ilegal, pero la mención se la hace de manera muy simple, pues dice que: el que realizare la explotación ilegal de recursos minerales sin autorización y derecho comete el delito de minería ilegal y tiene una sanción de cuatro a ocho años”, citó.
Cuéllar enfatizó que la actividad minera ilegal conlleva, al menos, diez actividades que van desde la exploración, prospección, explotación, concentración y comercialización, por lo cual el delincuente se beneficia de la laxitud normativa que hace que los casos de minería ilegal sean infructíferos.
Atenta contra la seguridad del Estado
En su diagnóstico sobre la situación de la minería en el país, Jaime Cuéllar afirmó que la minería ilegal se ha constituido en la nueva amenaza que atenta contra la seguridad del Estado.
Detalló que la minería ilegal conlleva el incremento en la explotación minera en todo el territorio con influencia de bandas criminales, la utilización de maquinaria pesada, el uso de mercurio en grandes cantidades, un número significativo de personas involucradas que usan armas de fuego ante la presencia del Estado, así como funcionarios policiales y militares que desconocen la normativa minera.
“En lo social se están generando migraciones y desplazamientos, la presencia del crimen organizado transnacional y el establecimiento de para-estados dentro de nuestro propio país, tráfico de personas y también otro tipo de delitos que están afectando en estas dimensiones que no han sido entendidas por los legisladores en el país”, aseveró.
También mencionó la afectación ambiental, la pérdida de bosques, la afectación en la salud por el uso del mercurio, derivado de un marco normativo limitado y laxo.
“En nuestro país la problemática está dimensionada en un limitado control por parte de las autoridades llamadas por ley que están en manos de la AJAM, Senarecom, Ministerio de Minería y otras instituciones involucradas en la lucha contra la minería ilegal, esos vacíos jurídicos son aprovechados por estas bandas delincuenciales transnacionales”, indicó.
Respecto al decreto de creación del Registro Único del Mercurio (RUM) para contar con la autorización previa para la importación del mercurio, dijo que hubiese sido más simple tener un Excel compartido en línea.
Recomendó emplear la fórmula de lucha contra la minería ilegal establecida por la Dirección del Crimen Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol) y las Naciones Unidas.
Dicha fórmula dijo que cuenta con diferentes fases que incluyen la prevención a través de la certificación de empresas legales, la regulación de la maquinaria amarilla, el control del mercurio y otros insumos como el combustible; el trabajo de inteligencia desde el Estado para la obtención de información del hemisferio y los países de la región con el fin de combatir a las bandas organizadas transnacionales de manera articulada.
“Existe un problema serio en el hemisferio y en la región, y si bien tenemos una política andina de lucha contra la minería ilegal, tenemos convenios que protegen el medioambiente, muchos cuerpos normativos, estos no tienen coherencia y necesitamos generar un estándar para combatir este ilícito y entender que la minería ilegal no se limita a nuestro hemisferio y a los países vecinos”, sostuvo ante un auditorio lleno.
Preguntó quiénes compran el oro e inmediatamente citó a Emiratos Árabes, India, China, Estados Unidos, por lo cual es necesario activar mecanismos de cooperación transnacional. Bolivia de acuerdo a las investigaciones de Óscar Campanini del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) superó en importaciones de mercurio a todos los países de la región, constituyéndose en el principal consumidor de la sustancia tóxica a nivel mundial con 200 toneladas año, promedio.
“Otro problema es que no tenemos un hecho histórico de sanciones económicas a quienes compran el oro (ilegal), porque el problema no solo es de quién explota, sino también de quién compra el metal, hay necesidad de contar con tecnología e instrumentos de los gobiernos de nuestra región especializados en la lucha”, insistió.
El seminario internacional «Gestión del Mercurio para la Minería Aurífera. Intercambio de experiencias de América Latina” fue organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) con el apoyo de la Unión Europea, Alianza de Oro y We Word y contó con la participación de expositores internacionales.
D la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú estuvo Martín Arana Cardó; de IBAMA Brasil, Rizza Regina Oliveira Rocha; de la Fundación MEDMIN, Danilo Boncángel; de Bolivia, Jaime Cuéllar y un representante del Ministerio de Minas y Energía.
ANA
