La Paz, 21 enero (ANA).- Bolivia fue evaluada este martes en el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que 99 países hicieron recomendaciones, sobre todo, relacionadas a garantizar independencia judicial, las libertades fundamentales (libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación) y los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, del medioambiente, de niñas, niños y adolescentes, y de defensores de derechos, entre ellos los defensores ambientales y los periodistas.
A estos temas se suman otras observaciones y recomendaciones realizadas por los Estados en torno a la prohibición del matrimonio infantil, despenalización del aborto, inclusión laboral, acceso al agua y saneamiento en áreas rurales, implementación de políticas en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad (diversidades sexuales, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otros).
El EPU del Estado boliviano duró poco más de tres horas, se realizó en la sede del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza, y tuvo la presencia de varias autoridades del Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia. La delegación del gobierno estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles.
Entre las múltiples y variadas recomendaciones, un grupo de éstas tuvo que ver con las libertades fundamentales y las personas y organizaciones defensoras de derechos, informó la Red Unitas.
Libertades de expresión y de prensa, y acceso a la información
Ocho países observaron la situación que atraviesan periodistas y medios de comunicación en Bolivia. Liechtenstein, Corea, Suecia, Reino Unido, Canadá, Chequia, Francia e Italia recomendaron al Estado boliviano prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de vulneración hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“Adoptar medidas para garantizar una mayor protección para periodistas y evitar la violencia”, recomendó Reino Unido. Francia, por su lado, sugirió al país “garantizar la libertad de prensa” y luchas contra la violencia hacia periodistas.
Países como República Checa, Rumania y España, por su lado, sugirieron a Bolivia aprobar la ley de acceso a la información. El año pasado, el Senado aprobó este proyecto presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil y no ha sido tratado aún por la Cámara de Diputados.
Defensores de derechos
Con énfasis en la protección de defensores y defensoras medioambientales, varios Estados hicieron eco de que el Estado boliviano asuma la protección de aquellas organizaciones y personas que se dedican a defender derechos. Un total de nueve países recomendaron al Estado asumir acciones en esta materia.
Israel, por ejemplo, demandó una política pública que garantice los derechos de las personas abocadas a la defensa de derechos humanos en Bolivia. “Una política concreta para personas defensoras de derechos humanos, para la seguridad de su integridad”, encomendó, por su lado, el representante diplomático de Malta. A estos países se suman Irlanda, Liechtenstein, Corea, Bélgica, Estonia, Finlandia y Alemania.
Libertad de asociación, libertad de reunión y derecho a la protesta
Cinco países recomendaron a Bolivia asumir acciones para garantizar la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil: Países Bajos, Irlanda, Polonia, Argentina y Colombia.
Argentina, por ejemplo, recomendó al Estado boliviano “respetar la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones religiosas y de derechos humanos”.
Colombia, por su parte, encomendó ajustar el contenido de la ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su decreto reglamentario, a fin de que elimine las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil para que operen de manera libre y efectiva.
Jordania, Eslovaquia, Eslovenia y Costa Rica observaron y recomendaron acciones para garantizar las manifestaciones pacíficas en Bolivia. “Derecho a la libertad de reunión y protesta para que las fuerzas del orden garanticen la protesta, enmarcado en un protocolo modelo para la reunión pacífica”, compartió Costa Rica.
El ministro Siles, al inicio del acto, brindó un detalle sobre las labores que ha realizado el Estado en materia de derechos humanos y mencionó que los comentarios y recomendaciones tienen carácter vinculante. “En representación del país aguardo sus amables comentarios, preguntas y recomendaciones que, a la luz de la Constitución Política del Estado, tienen carácter obligatorio, vinculante y se encuentran situados jerárquicamente dentro del bloque de constitucionalidad”, declaró.
Organizaciones, diplomáticos y Defensoría del Pueblo siguieron la sesión
En La Paz, con la presencia del Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, y varias delegaciones diplomáticas, la coalición de organizaciones de la sociedad civil para el EPU Bolivia organizó un evento para escuchar la sesión y al término de ésta, expresó su satisfacción por la inclusión en el examen de varios temas relacionados a derechos de grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, entre otros.
“En términos generales me siento satisfecha porque varios de los temas prioritarios sobre derechos civiles y políticos, la independencia de la justicia, medioambientales han sido abordados durante el examen, también respecto a la situación de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se esperan más de 200 recomendaciones”, expresó Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos.
La directora de UNITAS, Mila Reynolds, destacó la participación activa de la sociedad civil en todo el ciclo del EPU y mencionó que las recomendaciones alcanzadas muestran el trabajo que estas organizaciones han realizado en este tiempo. “Ahora, corresponde trasladar nuestros esfuerzos de incidencia hacia el Estado boliviano, con el objetivo de profundizar su compromiso con los derechos humanos mediante políticas públicas y acciones estratégicas”, declaró al cierre del evento.
La sociedad civil presentó en 2024 sus informes alternativos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales a diferentes delegaciones diplomáticas, tanto en Bolivia, como a sus representaciones en Ginebra.
Luego del EPU, se espera que el grupo de trabajo del Consejo del Derechos Humanos pueda trabajar en el informe final a ser compartido de manera pública posteriormente.
El EPU es un proceso que permite la revisión periódica del cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en los países miembros de Naciones Unidas.
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