La comitiva del Estado boliviano estuvo encabezado por el ministro de Justicia, César Siles quien aseguró que el país ratificó en su Constitución tratados y convenios internacionales en materia de DDHH
La Paz, 21 enero (ANA).- El Estado Plurinacional de Bolivia ha proyectado una imagen poco seria en el Examen Periódico Universal (EPU) ante las Naciones Unidas, en relación al cumplimiento de las recomendaciones en materia de Derechos Humanos (DDHH), limitándose a enumerar actividades y no así acciones concretas para cambiar el origen de las violaciones de derechos, afirman representantes de la sociedad civil.
“El Estado Plurinacional de Bolivia ha proyectado una imagen poco seria en un evento de este nivel, al haber proporcionado una lista de actividades menores -como realización de talleres, seminarios- como parte de sus acciones para cumplir con recomendaciones anteriores de los Estados miembros de la ONU”, señalaron los representantes de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígena Originario Campesinos (Contiocap).
Ruth Alípaz, portavoz de la Contiocap afirmó tras la conclusión del Examen Periódico Universal transmitido desde Ginebra, que en definitiva no hubo ejemplos de acciones estructurales concretas para cambiar el origen de las violaciones de Derechos Humanos, como es el modelo económico basado en el extractivismo.
“Por ejemplo, una de las acciones que ha mencionado el Estado boliviano, es la creación del Registro Único de Importación de Mercurio, pero no existe una decisión de política pública para prohibir el uso del mercurio, para reducir la contaminación de los ríos, los peces, los territorios, las áreas protegidas y a los pueblos indígenas.
Mencionó que en relación a los incendios de bosques, que le costaron al país la pérdida de 12 millones de hectáreas el 2024, los Estados miembro de la ONU realizaron recomendaciones, que dan pautas para que desde la sociedad civil se continúe presionando al Gobierno para la abrogación de normas que incentivan y promueven los incendios.
“El gobierno ha contado entre sus acciones a la Ley de Pausa Ambiental, que se ha dado a mucha presión de la sociedad civil y no por iniciativa y voluntad del Estado”, apuntó.
La falta de disposición del Gobierno para afrontar los temas reales y urgentes de la situación de los DDHH en Bolivia, en los anteriores y el cuarto Examen Periódico Universal, según la Contiocap, están referidos a temas que se han visibilizado desde la sociedad civil y sobre los cuales los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos realizaron recomendaciones, y algunos se han repetido, lo cual indica que el Estado no ha solucionado esos problemas en los últimos cuatro años.
“Esto nos compromete a la sociedad civil a continuar denunciando las violaciones de derechos de los bolivianos y bolivianas, porque las políticas extractivistas tienen un impacto directo en lo que nosotros los Pueblos Indígenas ya vemos como una catástrofe climática, y una crisis humanitaria por la falta de agua para la vida”, señaló la lideresa.
La comitiva oficial estuvo encabezada por el ministro de Justicia, César Siles, quien destacó que el país ratificara en su Constitución, tratados y convenios internacionales en material de Derechos Humanos.
Trata de personas, una recomendación reiterada
A su turno, Álex Villca, también líder de la Contiocap destacó que varios Estados hicieron recomendaciones respecto a la trata y tráfico de personas. “Y uno de los impactos de la minería del oro es la trata de personas, además hay otras actividades ilícitas como el narcotráfico que en la actualidad es cada vez más recurrente la desaparición de personas menores de edad”, afirmó.
Señaló que algunos estudios han podido develar que en los centros mineros hay trata de personas, menores de edad que son capturadas y están siendo llevadas a las zonas de extractivismo bajo engaños, de trabajar en labores de casa, pero las están llevando para poder someterlas a la explotación sexual.
“Hay observaciones de otros Estados miembros que le corresponde a la sociedad civil para hacer el seguimiento permanente y se debe ser estricto, no hay que perder el horizonte, el Estado no puede deslindar sus responsabilidades”, indicó.
Por su parte, Miguel Miranda del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) explicó que en mayo se conocerá la respuesta escrita del Estado boliviano a las recomendaciones dadas en el EPU. “Revisará las recomendaciones, asumirá algunas y se comprometerá a trabajarlas y otras las rechazará, y otras estarán en proceso, pero esa determinación se publicará en mayo”, afirmó.
Al finalizar la respuesta dijo que regirá la evaluación para el siguiente periodo. “Para el CEDIB que trabaja sobre el EPU varios años, más allá de que Estado acepte o no, lo importante es que esos temas se pongan en debate y podamos trabajarlos porque detrás hay otros informes como del Comité contra el Racismo y la Discriminación que han sido recurrentes, y algunos mecanismos que son vinculantes se puede trabajar para que el Estado cumpla sus obligaciones”, sostuvo.
Consideró positivo el balance del EPU en este cuarto ciclo, ya que salieron temas de la vida real y no fue precisamente gracias al Estado, sino a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, a algunos colectivos, coaliciones de organizaciones, a académicos que aportaron en la elaboración de los informes que fueron llevados a las pre-sesiones del examen país.
Miranda observó que el Gobierno no cuente con un informe detallado sobre la eficacia de las leyes en el ámbito nacional, para evaluar su verdadera aplicabilidad.
Los informes elaborados por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA), coalición liderada por el Cedib y la Contiocap, se centraron en los múltiples impactos de la minería del oro y el mercurio en territorios indígenas, en el Estado de derecho y la democracia, en los incendios forestales y la deforestación, en la situación de las defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios.
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