Jaime Sanabria afirmó que la Fiscalía es la que menos colabora en la lucha contra la minería ilegal del oro y el crimen organizado vinculado a este ilícito, y que urge prohibir la importación del mercurio.
La Paz, 6 de mayo (ANA).- La minería ilegal del oro no solo ha rebasado las capacidades del Estado para hacerle frente a este ilícito y otros conexos, sino que también ha penetrado a altas estructuras de poder durante el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó el actual director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria.
En entrevista con ANA tras su participación en el foro: “Minería ilegal, violencia y crimen organizado”, la autoridad afirmó que la minería ilegal del oro compromete no solo a altas autoridades del gobierno anterior, sino que también logró desinstitucionalizar a entidades encargadas de perseguir el delito, como el Ministerio Público. Reveló que la minería ilegal del oro equivale a al menos 1.000 kilos mensuales.
Consciente que Bolivia se convirtió en el país centro del tráfico de mercurio y que asumió el Convenio de Minamata para eliminar esta sustancia tóxica en la extracción del oro, dijo que urge prohibir su importación.
ANA: ¿Cómo se ha evaluado desde la AJAM la penetración del crimen organizado en la minería ilegal en Bolivia?
J.S: La minería ilegal es el resultado de varios factores como la pobreza, la falta de oportunidades, pero principalmente se genera a través de la desinstitucionalización y la falta de la gobernanza. Prácticamente se ha descuidado el ejercicio del poder público en muchas regiones, pero también se genera a través de la desinstitucionalización y la falta de gobernanza, prácticamente se ha descuidado el ejercicio del poder público en muchas regiones del país y obviamente la burocracia, la falta de atención de las instituciones del Estado, como la misma AJAM que no atiende las solicitudes de los actores productivos mineros, ante la necesidad de contar con una oportunidad laboral y de ingreso lo hacen. La represión no es la solución, una de la solución tiene que venir de políticas públicas que vayan a compartir las causas y también los efectos.
ANA: Bolivia es considerado por Naciones Unidas como el país centro del tráfico de mercurio de la región; pues el mercurio que llega al país desde México principalmente para luego ser distribuido de manera ilegal vía contrabando a los países vecinos, con lo cual se está alentando a la minería ilegal en América Latina, y en especial a los países de la Cuenca Amazónica. ¿Qué se hará desde el Estado para atacar este flagelo?”.
J.S: ¿Por qué se ha convertido Bolivia en un país de tránsito para los países de la región, cuando todos estos han prohibido el uso del mercurio, no pueden importar mercurio?, porque Bolivia no lo ha hecho, seguramente por cuestiones ideológicas y políticas del anterior régimen. Pero urge de la necesidad en resguardo de la soberanía nacional, en resguardo nacional del medioambiente, en resguardo de la seguridad jurídica que debe existir, se debe prohibir el uso la importación y el uso del mercurio a través de una labor de concientización, no necesariamente de represión, y eso precisamente es lo que se está haciendo desde el Gobierno. Se está conversando con los actores productivos mineros, especialmente con los auríferos, con las cooperativas minetas, que son los que utilizan el mercurio. Se los está motivando para que comiencen a migrar a métodos de aprovechamiento minero mucho más amigables como los centrífugos, la lixiviación con cianuro y otros elementos que no dañan el medioambiente.
ANA: ¿Prohibirá el Gobierno la importación del mercurio en esta gestión?
J.S: Hay que hacerlo, eso se debe hacer en una gestión legislativa. Totalmente el Parlamento no está acompañando en las políticas públicas que el Gobierno pretende implementar. Lógicamente se requiere una mayoría en el Parlamento, se tienen que pasar leyes por el Parlamento, como la nueva ley de minería, que va a cambiar la política minera. Para eso se necesita el apoyo del poder político que está en el Legislativo.
ANA: ¿Qué ajustes se darán al Plan de Acción del Mercurio en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata?
J.S: Se está trabajando en eso justamente, antes se está haciendo un proceso de socialización del nuevo ordenamiento. Con la nueva ley de minería habrá próximamente una cumbre minera del 16 al 18 y obviamente se sacarán ponencias y conclusiones, y dentro de esas ponencias y conclusiones seguramente se va a tratar el tema de la minería ilegal y cómo se lo va a regular y cómo se van a tomar políticas de prevención en relación. A partir de ello se van a sacar los proyectos de ley que se los van a presentar al Parlamento.
ANA: ¿Y cuántos sitios se han podido identificar a nivel de todo el territorio nacional como zonas de excepción, tomadas por el crimen organizado vinculado a la minería ilegal y en algunos casos relacionados también al narcotráfico?
J.S: Hay muchas, en el Norte de La Paz hay zonas como Pelechuco, en la región del Madre de Dios, en la región del río Beni, en la región de Mapiri, donde no se ha podido ingresar en muchos años, en la región de San Simón en Beni y hay otras regiones como en región Sur como Potosí, Tupiza y otras regiones donde prácticamente no se puede ingresar y donde no se ha podido ingresar prácticamente, se está trabajando en políticas de disuasión porque en muchos casos las comunidades se convierten en cómplices, partícipes y encubridoras de esta actividad ilícita.
ANA: ¿Quiere decir que el crimen organizado ha rebasado la capacidad del Estado?
J.S: Si, por el momento si, lo está logrando, lo ha logrado porque el anterior régimen ha hecho muy poco, ha desinstitucionalizado a las instituciones del Estado encargadas del control y fiscalización y obviamente recuperar esa institucionalización y gobernanza no va a ser fácil, es paulatina y es progresiva.
ANA: ¿Hay acompañamiento de las otras instancias, estamos hablando de la Fiscalía en algunos casos también Armada, Policía?
J.S: Las instituciones que más apoyan son las Fuerzas Armadas, los efectivos de la Naval, la Policía. Lamentablemente la institución que menos apoya la lucha contra esta actividad ilegal es el Ministerio Público. Nunca en todas las intervenciones que hemos tenido durante estos meses no nos ha acompañado ni una sola vez, es la institución totalmente burocrática, llena de procedimientos y actitudes dilatorias y por eso, los procesos penales por minería ilegal no prosperan, porque los encargados de llevar adelante estos procesos de investigación hasta su juzgamiento es el Ministerio Público. Ellos tienen las denuncias, tienen todos los elementos probatorios, pero no lo hacen porque tampoco creo que tienen personal especializado en minería.
ANA: En el Gobierno del MAS, de Luis Arce, el Cartel de Jalisco envió desde México a Bolivia cuatro toneladas de mercurio, y se frustró el tráfico en Perú. ¿Usted cree que se estaban enviando esas cantidades porque había vínculos incluso a altos niveles estatales?
J.S: Definitivamente, porque Bolivia era un destino del tráfico del mercurio es muy lucrativo, especialmente en la minería del oro, entonces obviamente había complicidad de altas autoridades porque ese mercurio tenía que pasar por Aduana y otras instancias, y obviamente hubo encubrimiento y como lo he manifestado hemos descubierto que la minería ilegal que se está haciendo en zonas tradicionales como Potosí, Tupiza están involucradas ex autoridades, el senador Hilarión Mamani, el presidente de Diputados (Israel) Huaytari, el exgobernador de Potosí (Jhonny Mamani) y su familia, ellos están haciendo minería ilegal, lo que significa que la minería ilegal había permeabilizado y cooptado las estructuras de poder. Entonces, obviamente ha tenido una escala impresionante en todo el país, por lo que puedo decir que se hace minería ilegal en todo el territorio boliviano.
ANA: ¿En el ámbito político hasta dónde ha penetrado la minería ilegal?
J.S: Hemos podido evidenciar que hay alcaldes, asambleístas, ahí está la misma población, las mismas poblaciones son cómplices como hemos podido ver en varias regiones. Hemos podido ver en la región de Curva, de Luquizani, en Yani en la región de Los Yungas, en el río Blanco, en Mapiri, son las mismas comunidades las que son cómplices y encubridores.
ANA: ¿Cuánto tiempo se tomará para desmantelar todas esas estructuras?
J.S: Todo dependerá de las políticas y de lo eficiente y de los medios con los que se pueda contar. Lamentablemente la AJAM de manera hasta graciosa, tenemos para 1,1 kilómetros tenemos seis vehículos para hacer inspecciones, para transportarnos. Tenemos muy poco elemento técnico. Nuestros recursos económicos son infames frente a esta actividad que mueve miles de millones de dólares. Entonces, en la medida en que nos vayan atendiendo, el Estado será más eficaz.
ANA: ¿En los operativos realizados contra la minería ilegal a cuánto asciende la afectación a este sector?
J.S: En estos últimos cuatro a cinco meses se ha afectado por un valor de 20 millones de dólares destruyendo campamentos, equipo, maquinaria pesada y todo lo demás.
ANA: ¿En la producción del oro qué porcentaje se ha identificado que viene de la minería ilegal?
J.S: No tenemos datos estadísticos, porque la producción principalmente del oro es clandestina, pero por las áreas mineras estimo que por lo menos mensualmente alcanza a 1.000 kilos.
ANA: ¿ Y esto podría haber llegado a las reservas internacionales de oro en el Banco Central de Bolivia a través de las comercializadoras?
J.S: Es que no hay una política del oro ni hay un control, ese oro sale de manera ilegal, sabe de contrabando a los países del extranjero. Perú, China o India que no tienen ningún reparo en adquirir estos minerales, no así los países como Estados Unidos que piden certificados de origen y otro tipo de documentación que respalde. No deja ningún tipo de beneficio para el país, no dejan regalías no pagan impuestos, obviamente no sabemos en los volúmenes, quiénes lo producen. Esto se ha descontrolado tremendamente. Estamos trabajando en eso, recién estamos un par de meses, esperamos organizarnos de mejor manera.
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