“Resulta especialmente alarmante el grave daño ambiental ocasionado por esta explotación ilegal, el cual se manifiesta, entre otros aspectos, en la alteración morfológica del suelo”, señala el memorial al que accedió ANA.
La Paz, 6 febrero (ANA).- Tres co-propietarias del predio denominado Saca Saca parcela 4, situado en el municipio de Soracachi de la provincia Cercado del departamento de Oruro, presentaron denuncia formal ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por explotación minera ilegal en tierras agrícolas de vocación productiva de quinua.
“Dicho predio ha sido utilizado de forma continua, pacífica y lícitapara finesestrictamente agroproductivos, consistentes principalmente en la siembra y producción de quinua, papa y otros cultivos agrícolas, sin que en ningún momento se haya desarrollado, autorizado o tolerado actividad minera alguna dentro de sus límites”, señala el memorial dirigido a la directora de la AJAM Departamental, Felipa Moller.
En el marco de la vocación productiva agraria, y en ejercicio legítimo de sus derechos emergentes de la propiedad agraria reconocida por el Estado, es que las denunciantes, al verse gravemente afectadas por actividades mineras ilegales ejecutadas por terceros, acuden ante la AJAM a objeto de salvaguardar la integridad del predio, el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico vigente.
“No obstante todo lo expuesto, se ha constatado que, pese a la existencia de una extinción definitiva de derechos mineros respecto del área minera denominada San Lucas, vigente y plenamente eficaz desde enero de 2021, personas determinadas y determinables, identificadas presuntamente como José PCD y Sixto R, han ejecutado actividades mineras ilícitas de explotación de áridos», señala la denuncia.
Las referidas actividades mineras, según la denuncia, se desarrollan al interior de un predio agrario de propiedad legalmente reconocida a favor de las denunciantes, sin ostentar título minero válido, contrato de adecuación, autorización administrativa alguna, ni derecho conferido conforme la Ley535 de Minería y Metalurgia.
“Corresponde poner en conocimiento que las suscritas tomaron conocimiento formal del Informe A.JAMD-OR/DD/NEX/43/2025, mismo que cursa en registros institucionales y que fue remitido el Juez Agroambiental del Distrito de Oruro, Fernando Reyes Torrez, dentro de un proceso agroambiental”, cita el documento.
Dicho Informe AJAMD-OR-DCCM/TEC-PLAT/INF/ROT/19/2025 de 25 de marzo de 2025 emitido por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero – DCCM de la AJAM informa que: “Fue emitida la Resolución Administrativa AJAMD-OR/DD/RES-ADM/11/2021 de 12 de enero de 2021 firme, que dispone entre otros aspectos declarar la extinción del derecho minero por muerte de cotitulares y reversión del área minera San Lucas a dominio originario del pueblo boliviano”.
El informe fue emitido en el marco de un proceso agroambiental de solicitud de Asignación de Áreas de Trabajo, conforme a las cuotas partes legalmente reconocidas a cada copropietario, respecto del predio agrario identificado con matrícula N.º 4.01.0.40.0012685, que permite delimitar la naturaleza, uso y régimen jurídico aplicable al área afectada.
Rosario, Alexandra e Inove C. S. dejaron constancia de las actividades de explotación intensiva de áridos y agregados, recursos que estarían siendo comercializados de forma clandestina, sin trazabilidad, sin control estatal y sin el pago de regalías mineras, tributos ni compensaciones ambientales, generando un grave daño económico al Estado en todos sus niveles.
“Resulta especialmente alarmante el grave daño ambiental ocasionado por esta explotación ilegal, el cual se manifiesta, entre otros aspectos, en la alteración morfológica del suelo, la remoción indiscriminada de material aluvial, la afectación directa de ecosistemas locales, y, de manera particularmente grave, entre otras, comprometiendo la sostenibilidad ambiental, y la actividad productiva agraria de la zona”, señala el memorial.
Las denunciantes advierten además, el alto grado de conflictividad y virulencia social generado por estas actividades ilegales, y que fueron sujeto de agresiones verbales, actos de intimidación y amenazas reiteradas, por lo que solicitan también la intervención de la Policía y la Gobernación.
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